La política es, en muchos sentidos, el arte de negociar. Si además existen riesgos tan evidentes como los que nuestro país afronta en materia fiscal, la alta negociación política se convierte en una necesidad histórica. Y de cara a la historia no existe nada que justifique la pésima actuación que el gobierno y sus adláteres tuvieron la semana pasada en la Asamblea Legislativa. Lo que perpetraron es una villanía en toda regla: contradictoria con su propio discurso, ocultando la intención, exhibiendo alevosía y haciendo a un lado los escrúpulos. El gobierno sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y quien menos facultado está para alegar ignorancia es el propio Presidente de la República. Cuando a fines de 2006 se aprobó la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, el FMLN decidió no acompañar la medida con sus votos declarando que se violaban preceptos constitucionales. Más tarde, en junio de 2007, quien en ese momento era el jefe de fracción del partido opositor, Salvador Sánchez Cerén, acudió ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para reiterar los argumentos esgrimidos y pedir a los magistrados que se expulsara del ordenamiento jurídico la normativa aprobada por ARENA, PCN y PDC.Las críticas del profesor Sánchez eran atinadas. Al exigirle a la Corte que se pronunciara “contra este atropello a la institucionalidad del país”, unía su voz a la de varios economistas que reprochaban el juego peligroso que estaba iniciando Tony Saca con las pensiones. Destacados abogados constitucionalistas también advertían que aquella emisión de deuda pública se había aprobado por mayoría simple, contraviniendo el artículo 148 de nuestra Carta Magna. El coordinador parlamentario del Frente no solo se sumó a esa correcta observación de carácter legal, sino que ahondó en las razones que habían llevado a la “derecha legislativa” a manipular la figura del fideicomiso. En su opinión, por esa vía la administración Saca conseguía obviar la negociación política con la oposición (el FMLN) y se saltaba el trámite de conseguir los 56 votos necesarios para aprobar la nueva deuda. Menos de diez años después, cuando los economistas y abogados que criticaron la movida de 2006 hoy también señalan al FMLN —porque los argumentos no cambian si el fondo es el mismo—, quien sí se ha dado el lujo de variar sustancialmente de opinión es el profesor Sánchez, que ahora se permite hacer uso del fideicomiso que él llamó inconstitucional para ahorrarse la democrática “molestia” de negociar con ARENA la mayoría calificada que necesita su gobierno para emitir deuda. Por supuesto, lo que el FMLN, GANA, PCN y PDC hicieron el pasado 29 de septiembre tiene consecuencias mucho peores que el daño producido en 2006 por la creación del fideicomiso. La reforma a la ley vigente introduce un subterfugio para evadir la obligación de pagar los intereses que el Estado adeuda a los ahorrantes del sistema de pensiones, pero además faculta al gobierno a echar mano de esta figura cada año, con lo cual los trabajadores se convierten en patrocinadores permanentes del aumento incontrolable de la deuda que se tiene con ellos mismos. ¡Una auténtica bribonada!
Nuestras autoridades quieren que creamos en su sinceridad cuando se autocalifican de democráticas, abiertas y dialogantes. Pero lo que hicieron en la más reciente sesión plenaria es mostrarse autoritarias, cerradas y prepotentes. La verdadera enemiga del diálogo no es la diferencia de criterio sino la deshonestidad. Los obstáculos reales del consenso no son los contrastes sino los ocultamientos. Con agendas escondidas detrás de los llamados a conversar solo se está contribuyendo a minar la confianza en el éxito de cualquier tipo de acercamiento. Si se empeña en seguir jugando a la politiquería, a la imposición legislativa y al embuste, el gobierno de Salvador Sánchez Cerén será el único responsable, ante la historia, de haber dado el empujón que al país le faltaba para caer en el barranco.
*Escritor y columnista
de El Diario de Hoy