A favor
Mateo Villaherrera
La sociedad salvadoreña se encuentra actualmente sumergida en altos índices de violencia, criminalidad e inseguridad que restringe la tranquilidad de las personas y de todos los sectores sociales, perjudicando así la calidad de vida y ocasionando el deterioro de la paz, la armonía y la convivencia ciudadana.
Estas medidas extraordinarias impulsadas por el gobierno responden a las exigencias sociales y políticas que se deben tomar para garantizar de alguna manera el Estado de Derecho y la democracia en El Salvador. Es por ello que, El Estado, a través del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, el Órgano Judicial, el Ministerio Público y los gobiernos locales están desarrollando en conjunto, esfuerzos para contribuir con los planes estratégicos que permitan la reducción de las actividades ilícitas planificadas por los autores intelectuales que conforman las diferentes agrupaciones terroristas y criminales.
Por ello el pasado uno de abril, el Presidente Salvador Sánchez Cerén sancionó el Decreto: Disposiciones especiales transitorias y extraordinarias en los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión, aprobado por 83 votos en la Asamblea Legislativa. Decreto que tiene por finalidad asegurar la eficacia del régimen penitenciario y proteger a la población de las acciones delictivas que se originan desde dichos lugares, debiendo para el efecto realizar las adecuaciones a la infraestructura penitenciaria, adoptar las medidas del personal y tecnológicas que fueren necesarias, para asegurar la eficacia del régimen penitenciario.
Entre esas medidas se encuentran: 1. Traslados de reos, 2. Régimen especial de internamiento, aislamiento de cabecillas, dentro del estado de emergencia. 3. Suspensión de visitas en todo el sistema penitenciario. 4. Restricción del movimiento de reos. 5. Habilitación de centros temporales de reclusión en diferentes lugares. 6. Suspensión de los traslados de privados a audiencias judiciales. 7. Suspensión de plazos y términos procesales para evitar que prescriban los delitos. 8. Mayores facultades y medidas extraordinarias para evitar flujo y tráfico de telecomunicaciones en los penales. Y 9. La vigencia de un año de las medidas temporales. Y entre otras, se promovió la incorporación de reservistas de la Fuerza Armada y el despliegue de un mayor número de elementos de la Policía Nacional Civil que se encuentran coordinando y reforzando tareas de seguridad pública. Permitiendo recuperar -en cierta medida- la confianza perdida por la población ante la alarmante situación de violencia que se vive en el país, y que cobró la vida de más de 2,000 salvadoreños en el primer trimestre del presente año.
Medidas que llevan consigo el gran desafío de que su aplicación efectiva y apegada al Derecho genere los tan anhelados resultados esperados por la población, asimismo, que el financiamiento sea utilizado con la eficiencia y la transparencia que merece, mismo que fue aprobado de forma unánime por las diputadas y diputados de las distintas fracciones legislativas. Como muestra de un valioso consenso, que unifica a las fuerzas políticas para apostar a las acciones encaminadas a la aminoración de este fenómeno estructural. La emisión de $152 millones en bonos será el medio que permitirá dar un soporte financiero a las medidas extraordinarias para garantizar la seguridad, mismas que ya están dando importantes resultados desde su primera fase de ejecución. Y dentro de las medidas que estos fondos financiarán está la construcción de centros penitenciarios provisionales que albergará a privados de libertad de menor riesgo, permitiendo descongestionar el sistema penitenciario del país. Además, este financiamiento permitirá mantener el apoyo de elementos de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad; asimismo, reforzará el trabajo realizado por la Fiscalía General de la República para fortalecer su rol dentro de la estrategia de seguridad.
Miembro de las Unidades Juveniles de la PDDH
@MatVillaherrera
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En contra
Adriana Bautista
En El Salvador, la violencia y la inseguridad que afecta directa o indirectamente a la sociedad ha sido y sigue siendo combatida a través de estrategias gubernamentales basadas en la aplicación de planes represivos. Ante las acciones delictivas que turban el orden social se siguen medidas que conllevan a un castigo con cárcel, privando a las personas de su libertad y alejándolos de la ciudadanía. A lo largo de los años este sistema penitenciario ha tenido fallas, ya que incluso dentro de las cárceles se siguen cometiendo acciones delictivas, y para poder combatir dichas acciones se han aplicado las medidas extraordinarias de seguridad.
Si bien es cierto que se necesitan con urgencia medidas alternativas que disminuyan los homicidios, extorsiones y robos a los que cualquiera de nosotros se puede enfrentar, las medidas extraordinarias constituyen un método que busca atacar el problema de forma superficial, intentando mostrar resultados rápidos a través del control riguroso de los delincuentes y de los centros penales. Puede que estas medidas sí disminuyan acciones delincuenciales, momentáneamente, mientras las autoridades vigilan rigurosamente las actividades de los reclusos, sus visitas, sus llamadas, sus objetos, las personas con las que se relacionan. Pero al desaparecer esos mecanismos de control, o al tan siquiera reducirse, los reclusos seguirán delinquiendo.
¿De qué sirve pausar la problemática si esta sigue estando presente? Y además de estar presente, puede seguir reproduciéndose y haciéndose cada vez más fuerte por la poca atención puesta en los factores que originan la violencia.
Por el contrario, los esfuerzos se concentran en el aumento del control, cuyo exceso puede terminar consolidando una estructura interna de estos grupos que permita que se organicen para defenderse y sobrevivir; y además, se han centrado en el refuerzo del número de efectivos de la Fuerza Armada, incluso cuando la experiencia ha demostrado que la represión no reduce la delincuencia sino que incluso la agudiza. Si se sigue atacando el problema desde este enfoque ¿cuántas medidas extraordinarias adicionales serán entonces necesarias para en verdad darle solución a la violencia?
Además, aunque se apliquen estas medidas, el sistema penitenciario tiene dificultades para administrar a los reclusos, por lo que se necesita fortalecer al personal no en cantidad sino en calidad. Pero no solo al personal, sino a la estructura de las instituciones penitenciarias, para que no se busque tratar el mal con mal a través de un régimen especial de internamiento que priva a los reclusos de visitas y que restringe el desplazamiento, pudiendo generar que se multipliquen los crímenes por la condiciones infrahumanas; sino que, al contrario, estas sean capaces de transformar el mal en bien, buscando corregir a los delincuentes, educarlos y procurando su readaptación. Se trata de buscar la seguridad de la ciudadanía, pero también del individuo mismo que ha cometido el delito. Y aunque las medidas extraordinarias estén acompañadas por la participación en actividades reeducativas y de trabajo, al salir de la cárcel no existirá una adecuada reinserción en la sociedad, pudiendo repetirse el ciclo de violencia.
Si bien las medidas no implican abusar de la autoridad, se necesita que la solución no se centre en el ataque entre autoridades contra delincuentes y que la represión no sea el pilar fundamental del modelo de seguridad, ya que la única forma de combatir la violencia es ofreciendo soluciones a los problemas que la originan, no combatiendo con más violencia. Además, se debe prestar atención a otros problemas incidentes, como la impunidad y la corrupción, que terminan por responsabilizar únicamente a las pandillas como responsables de la violencia, aunque no sean los únicos que cometen acciones en contra de la ciudadanía.
Estudiante de 4º año de psicología UCA, miembro de Psinergia. San Salvador.
@AdriBautista22