El Gobierno tenía la posibilidad de emitir $300 millones en Letras del Tesoro (LETES) y con eso pagar los $71.5 millones que debe a los trabajadores que cotizan en las AFP, pero en vez de eso, decidió pasar una reforma que lo exime de pagar esa cuota, no solo hoy, sino también en el futuro, con lo cual prácticamente se elimina su deuda.
La Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) le informó a sus cotizantes, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, que la reforma de la Asamblea no fue precisamente para resolver el pago de las pensiones, sino más bien un mecanismo con el que los afiliados nunca recibirán el dinero, ni los intereses que están prestando al Gobierno, sólo papeles.
“De convertirse en Ley de la República, el gobierno ya no presupuestaría para 2017 el pago de $221 millones correspondientes al pago de capital e intereses que le debe a los afiliados actuales, lo cual es como eliminar una deuda”, señala el comunicado de la administradora.
“No se está creando un nuevo sistema de pensiones, pero se está afectando al actual al no poder pagar”, dijo el lunes en una entrevista el presidente de Asafondos, René Novellino.
Y de hecho, para el siguiente año, el Gobierno ya no incluyó este gasto, pues no se refleja pago de intereses en el presupuesto del próximo año.
Sin embargo, no elimina la obligación de que los trabajadores le presten al Gobierno un promedio de $400 millones anuales para que éste pague la pensión a los jubilados del ISSS y el INPEP.
El economista Luis Membreño también destaca en una columna de opinión que la reforma no era precisamente para pagar pensiones o para salvar al Estado de un posible “default”, sino más bien, para eliminar la deuda que tenía con los trabajadores.
“Quieren implementar el famoso sistema mixto a la fuerza y lo lograban con esta reforma de ley”, dijo el economista.
Según Membreño, el Gobierno no iba a caer en “default” porque ya había llegado a un acuerdo con las AFP para que éstas le compraran las LETES a una tasa del 6.5% así como bonos que ARENA les había aprobado.
Pero pese a tener esa posibilidad, el FMLN (partido en el gobierno) decidió someter a votación y sin discusión previa la reforma legal.
La ley (que aún no ha sido sancionada por el Presidente de la República y por tanto no ha entrado en vigor) ya tiene dos demanda en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La primera fue presentada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la otra, por el Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop).
La Sala no ha dicho si admite las demandas, pero los diputados han comenzado a corregir su “mala plana”.