Un representante de los empresarios de la zona oriental del país pone en duda el Plan Maestro de Desarrollo Sostenible para esa región, que anunció ayer el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.
La duda es comprensible, ya que el mandatario dijo que este plan representa una inversión de $1,415 millones, en momentos en los cuales el gobierno enfrenta una crisis fiscal y, hasta hace poco, ni siquiera contaba con los $71.5 millones que se requerían para pagar el capital e intereses de la deuda adquirida con los Certificados de Inversión Previsional (CIP), con los que se financian las pensiones de los jubilados del ISSS y el INPEP.
El proyecto fue anunciado por el mandatario, en San Miguel, quien dijo que iniciaría a partir de 2017 con una ejecución a 10 años, tiempo en el que supuestamente el gobierno construirá el bypas de San Miguel, realizará el mejoramiento de los servicios de aduanas de la frontera El Amatillo y la ampliación de Hospital de Seguro Social en San Miguel, entre otras acciones.
Esta inversión millonaria no cuadra con la realidad de la crisis fiscal, aunque se cuente con el apoyo del gobierno de Japón y la ayuda del Fomilenio II, en el mejoramiento en El Amatillo, que apoyarán con un monto ínfimo no con el monto global del plan.
Según lo explicó el economista, Rafael Lemus, incluso con los $1,200 millones que el gobierno necesita en bonos para cumplir sus compromisos, necesitará $500 millones más para poder eliminar su problema de iliquidez solo para este año.
A esto le sumamos los problemas de corrupción que enfrenta el país, que alejan la inversión y la cooperación internacional, pues los países u organizaciones donantes quieren ver bien invertidos sus fondos en obra social, y no desembolsarán recursos en países con altos índices de corrupción.
Recientemente la embajadora de los Estados Unidos, Jean Manes, enfatizó que el país debe trabajar para fomentar la inversión, combatir la criminalidad y luchar contra la corrupción.
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“La corrupción está robando el dinero de la gente, en vez de usarlo para mejorar las escuelas, las calles”, aseveró la embajadora.
Pero el oscuro panorama para El Salvador no se queda ahí, ya que está a solo siete países de entrar al “top ten” de las naciones más corruptas del mundo, según el Índice Mundial de Competitividad, que presentó el Foro Económico Mundial.
Entonces la pregunta es: ¿De dónde saldrán los $1,415 millones para reactivar la zona oriental del país, si no tiene ni los $1,200 millones para paliar la crisis fiscal inmediata?
Empresarios dudan
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, filial La Unión, Rodolfo Macay, cree que una vez más se prometen obras que muchas veces no se concretan.
Agregó que reactivar la zona oriental implicaría en primer lugar echar a andar el Puerto de la Unión, una inversión botada desde 2004 que se construyó, y que cada año le cuesta a El Salvador entre $10 y 12 millones solo en pagos de amortización del préstamo y pagos de mantenimiento.
En segundo lugar, dijo, hay que reconstruir la arteria que une a San Miguel y la Unión, que está deteriorada, y que son 40 kilómetros de carretera sobre la Panamericana.
En tercero, la construcción de la calle hacia la playa Las Playitas y los muelles en Zacatillo, Pueblo Viejo y Conchagüita, ya que con esto se fomentaría el turismo en la zona, pero Sánchez Cerén no habló de ello en su presentación.
La calle a Playitas, que va desde Puerto Corsaín hasta playa Playitas, es una vía de ocho kilómetros que según Macay siempre se ha pedido que la pavimenten, y durante las campañas electorales todos los políticos prometen pavimentarla, pero hasta este día no se ha hecho nada.
“Hemos visto con desesperanza y frustración que los proyectos se han venido deteriorando, tal como el Puerto de la Unión, no hay proyectos concretos, y cuando les preguntamos a las autoridades como el presidente de CEPA (Nelson Vanegas) y el ministro de Obras Públicas (Gerson Martínez) no mencionan nada”, recalcó Macay.
Otro proyecto que no arranca, señaló el empresario, es el ferri que se anunció desde el pasado marzo, y que funcionaría entre Puerto Caldera, Costa Rica y Puerto La Unión, El Salvador. “no se ve nada claro, por tanto cada día vemos más complicada esta situación”, dijo.
Macay dijo que como comerciantes la única esperanza que tienen es en las remesas que envían los salvadoreños en el exterior, que dinamiza la economía y son las que sacan adelante al país.
“Esperaríamos que el gobierno busque inversiones extranjeras para que generen y sean fuentes de progreso, estamos claros que si no hay trabajo no hay progreso, la zona oriental está en modo standby”, concluyó el empresario oriental.