La reciente reforma al fideicomiso de certificados de inversión previsional (CIP), la cual faculta al estado financiar el pago de pensiones de aquellos jubilados del sistema antiguo, llamado de reparto (los que cotizaron al ISSS o al INPEP), a través de emitir CIP sin tener que pagarlos alguna vez con efectivo, tiene consecuencias más allá de lo financiero. Esta reforma no es una solución “creativa” temporal para resolver un problema de caja (léase de efectivo o falta de éste), sino todo lo contrario, una salida permanente precisamente para no pagar, ni hoy ni nunca, la deuda con el fondo de pensiones que actualmente administran las AFP, para los cotizantes del nuevo sistema de pensiones, conocido como de capitalización individual.
Una de las peculiaridades fundamentales de un fondo de pensiones es lo que se conoce como interés compuesto, que consiste en que los intereses también ganan intereses, lo cual hace que el fondo crezca más rápido que si sólo el capital generara intereses. A este crecimiento se le conoce como geométrico. El interés compuesto es indispensable para mantener el poder adquisitivo de los ahorros, al hacer crecer el fondo más rápido que el costo de los bienes y servicios que se consumen. Si no fuera así, en el futuro las cosas estarían mucho más caras que lo que tengo ahorrado, porque los costos también crecen en forma geométrica.
Sin embargo, para que el interés genere intereses éste tiene que ser percibido por el fondo, o sea el deudor tiene que pagar los intereses en efectivo para que el fondo pueda reinvertirlos. No se puede invertir un pagaré o un “quedan”. He aquí lo medular, ya que se pierde la posibilidad del beneficio del interés compuesto. De nada sirve que el estado le suba la tasa de interés a los CIP, si no se pagan los intereses en efectivo. Lo único que esto crea son aumentos en las cuentas contables como intereses por percibir o cobrar, y estas provisiones contables, como se les llama, no se pueden invertir. Desgraciadamente, el costo de la vida sigue creciendo de manera geométrica y por ello es que, cuando en el futuro lejano se comienza a recibir la pensión, ésta ya no cubre lo que se esperaba: las famosas “pensiones de hambre”, que no permiten una vejez financieramente digna.
Si el estado nunca paga intereses ni capital pero el fondo, a través de la AFP, sí paga las pensiones a los del sistema de reparto con efectivo, irremediablemente el saldo disponible para pagar pensiones se irá reduciendo. Eventualmente ya no habrá suficiente para pagar pensiones “dignas”, pues se habrá despojado del efectivo a las cuentas del fondo. Si los ingresos mensuales por cotizaciones llegaran a ser menores que las salidas por medio de CIP, el fondo podría llegar a quebrar, cuando se agote el efectivo. Solamente quedarían los pagarés. Si en el futuro el estado lograra reponer los fondos por cobrar con efectivo, el problema quedaría resuelto.
Esperemos que el estado no empiece a pagar “permanentemente” sus obligaciones con pagarés, ya que estaríamos ante una situación de desdolarización parcial, donde ya no se paga con dólares sino con papeles. Esto en sí no es el fin del mundo. Si el que firma los pagarés, en este caso, el estado, tiene suficiente credibilidad, estos quedan pueden ser usados por los ciudadanos o empresas para pagar bienes y servicios, ya que otros aceptarían los pagarés como medio de pago. Alguien podría ir a comprar $100 al supermercado y pagar con un pagaré de $100. Algo así ocurrió hace unos años en algunas provincias de Argentina. Empero, si el emisor de los pagarés no goza de la confianza necesaria, se estaría gestando un tremendo caos, puesto que los quedan no tendrían ningún valor o se cotizarían con descuento. Esto equivaldría a pagar con una moneda devaluada.
*Asesor Financiero, MBA,
Wharton School