La Iniciativa Ciudadana para las Pensiones expresó ayer su rechazo a las reformas hechas al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) por considerarlas confiscatorias de los ahorros de los trabajadores salvadoreños y, por ende, inconstitucionales.
La organización de sociedad civil, integrada por el Comité de Trabajadores en Defensa del Fondo de Pensiones (Comtradefop), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensión (Asafondos), insistió en que la medida, aprobada la semana pasada por la Asamblea Legislativa, representa “un mecanismo que genera un ciclo infinito de deuda en el que el trabajador es el principal dañado”.
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El presidente de Asafondos, René Novellino, indicó que es falso que El Salvador llegue a caer en impago mañana 7 de octubre por no pagar los $71.5 millones como parte de sus obligaciones con los Certificados de Inversión Previsional (CIP), con los cuales paga las pensiones del ISSS y del INPEP.
Según Novellino, el planteamiento recurrente de los últimos días, y que motivó a la aprobación de las reformas al FOP, no fue ni es una condición que ponga en riesgo el pago de pensiones de cerca de 160,000 personas.
“Nosotros queremos señalar de forma muy enfática que nunca estuvo en riesgo el pago de las pensiones de 160 mil personas, porque el mecanismo que se ha seguido, y que está vigente desde 2006, garantiza el pago de obligaciones previsionales que le correponde hacer al ISSS y al INPEP”, dijo el presidente de Asafondos.
Para el representante, el Decreto 497 “no está directamente relacionado con el pago de pensiones”, sino que “tiene como objetivo que el gobierno evada su responsabilidad de pagarle lo que debe a los trabajadores”.
Presidente sanciona de manera expedita reforma previsional
Novellino consideró que la nueva disposición no debe interpretarse como un financiamiento para el pago de pensiones sino como uno de gasto público ordinario. El problema, insistió, es que el Estado no incorporó en el presupuesto de 2016 el monto total que debía pagar en concepto de intereses y amortizaciones de CIP.
“El Estado necesitaba $177 millones este año y solo incluyeron $106 millones. Y para 2017, lejos de corregir, que debería presupuestar como $221 millones, vemos que la partida para intereses y amortizaciones viene a cero”, explicó Asafondos.
Las ocho verdades sobre las pensiones, según René Novellino, presidente de ASAFONDOS
El presidente de Fusades, Miguel Simán, consideró lamentable “que se siga diciendo que el problema financiero del país sea culpa de las pensiones”.
“Es cierto que había urgencia de pagar $71 millones, lo que no es cierto es que no había dinero para pagar”, dijo Simán.
Según el representante, el Estado tenía varias alternativas a la reforma, entre ellas la emisión de más Letras del Tesoro Público (Letes), cuyo margen aún es cercano a $300 millones; reasignar de otras partidas (aunque sea de manera provisional -porque según sus cuentas, hasta agosto, el Estado tenía disponibles como $500 millones), modificar el presupuesto o, simplemente, incluir la cifra desde el principio.
“De ahora en adelante es necesario exigir al Estado la sinceridad de sus cifras”, dijo por su parte el presidente de ANEP, Luis Cardenal.
Para el empresario, el Ejecutivo debe elaborar presupuestos equilibrados, que no sobreestimen ingresos ni subestimen gastos.
Reiteran solicitud
El coordinador del Comtradefop, Ricardo Soriano, dijo que “ya inició el robo del siglo” porque “este es el primer paso para quitarles el dinero a los trabajadores”.
Asimismo, sindicatos del sector Salud, Educación y Seguridad, denunciaron ayer que “el Ejecutivo está preparando decretos express”. El vicepresidente del Colegio Médico, Carlos Hinds informó que en los próximos días también interpondrán un recurso de inconstitucionalidad al considerar inviable “saquear los ahorros de fondos de pensiones (…) porque ocasiona un círculo vicioso que hundiría más la economía”.