La calificadora de riesgo Standard & Poor’s Ratings colocó este jueves en revisión especial negativa las calificaciones de El Salvador por considerar que la administración financiera de El Salvador se está deteriorando, lo cual se observa en el debilitamiento de la capacidad del gobierno para obtener acceso a más liquidez, a consecuencia de la mayor polarización política.
La agencia colocó en listado de Revisión Especial, con implicaciones negativas, las calificaciones soberanas de largo plazo en moneda local y extranjera de ‘B+’ y de corto plazo en moneda local y extranjera de ‘B’ de El Salvador.
S&P espera resolver el estatus de Revisión Especial antes de que concluya 2016, con base en el resultado de las negociaciones políticas sobre la política fiscal, incluyendo la gestión de deuda, así como una ley de disciplina fiscal.
“De no lograr acuerdos sobre la reforma fiscal, entre otras, que ayuden a estabilizar el acceso del gobierno a liquidez, contener el reciente aumento de su nivel de deuda e impulsar la confianza de los inversionistas podría llevarnos a una baja de calificación”, advirtió la calificadora.
Añadió que la administración del Presidente Salvador Sánchez Cerén no ha logrado obtener la aprobación del Congreso para emitir deuda externa, que requiere dos terceras partes del Congreso. Como resultado, la deuda de corto plazo emitida en el mercado local (Letras del Tesoro) totaliza $1,000 millones.
Asimismo, señala que el 29 de septiembre pasado, el Congreso aprobó una reforma para permitir que el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, administrado por Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), fondee los vencimientos en sus obligaciones de deuda con los fondos de pensiones del sector privado del país el 7 de octubre, a través de la emisión de deuda adicional (Certificados de Inversión Previsional, CIP) en lugar de pagar con efectivo. “La nueva reforma, que bloqueó el principal partido opositor y ha sido cuestionada en la Corte, provee solo un alivio temporal a la liquidez”, dijo S&P.
De ahí que los costos económicos de un prolongado estancamiento de la relación entre el FMLN, y el principal partido opositor, ARENA, van en aumento. “Este estancamiento político ha demorado el avance de las propuestas de reformas fiscal y de pensiones, ha debilitado las prácticas de administración de deuda, ha reducido la confianza de los inversionistas y ha limitado las expectativas de crecimiento económico del país”, apuntó.
Los motivos
S&P advierte que si no se alcanza un acuerdo sobre las reformas fiscal y otras que ayuden a estabilizar el acceso del gobierno a la liquidez, que contengan el crecimiento del nivel de deuda y que impulsen la confianza de los inversionistas podría bajar las calificaciones de El Salvador.
La calificadora dijo que tomará una resolución sobre la Revisión Especial al término del año, con base en el resultado de las negociaciones sobre la política fiscal, incluyendo la administración de deuda, así como una nueva ley de disciplina fiscal.
“Podríamos bajar las calificaciones en uno o dos niveles si nuestra evaluación institucional de El Salvador y nuestras proyecciones del perfil financiero del gobierno se debilitaran. Por el contrario, podríamos estabilizar las calificaciones si las negociaciones exitosas derivan en una política fiscal más fuerte, avances en la reforma de pensiones y medidas para abordar los problemas de gestión de deuda”, concluyó la firma.