Roberto Rubio, de Funde; José Domingo Méndez, de Aliados para la Democracia, y Humberto Saénz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos, afirman que la Embajadora de EE.UU. está velando porque se combata la corrupción, la impunidad y el narcotráfico, entre otros flagelos que atraviesa El Salvador.
Por lo mismo, consideraron que no tiene fundamento las afirmaciones de dirigentes del partido de gobierno de que ella está “interviniendo” en los asuntos del Estado.
La jefa de fracción del FMLN, Norma Guevara, declaró que “no habrá embajador intervencionista que cambie el rumbo del país”, durante la celebración de los 36 años del partido de gobierno.
Guevara también dijo que “no habrá oligarquía ni intervención de embajadores”.
La decisión del FMLN de enfilar sus baterías contra la diplomática queda más que clara con la información de la revista Factum de que el diputado efemelenista Roger Blandino Nerio y su colega del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Leonel Búcaro, viajaron a Washington en septiembre para quejarse de Manes y acusarla de “intervenir” en los asuntos del país.
También llegaron a hablar de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía en contra del exministro de la Defensa, Atilio Benítez, según la misma publicación.
Sobre este caso, el FMLN intentó que la Asamblea Legislativa no creara la subcomisión especial que analiza desaforar al militar por las acusaciones que le hace la Fiscalía de tráfico ilegal de armas, actos arbitrarios y de estafa.
El pasado agosto, Blandino Nerio acusó a la embajadora de llamar a la Asamblea Legislativa para presionar por que se siga un antejuicio a Benítez, cosa que inmediatamente desmintieron los partidos ARENA y PCN.
No es “injerencia”
Pero los dirigentes de Aliados, Funde y el CEJ declaran que la Embajadora no hace más que seguir la política que abandera el presidente de los EE.UU. Barack Obama, en los países de América Latina, con el combate de la corrupción.
“No considero que sea intervencionismo el de los embajadores, así como ayudan económicamente, también tienen todo el derecho de emitir opinión con respecto al país y el sistema democrático”, razonó Méndez, quien fue presidente de la Corte Suprema de El Salvador entre 1994 y 1997.
Manes no ha sido la única embajadora en contra de la cual el FMLN ha enfilado sus ataques por señalar las áreas en las que el gobierno debería mejorar.
El recién relevado embajador de Alemania en El Salvador, Heinrich Haupt, criticó al partido en el gobierno por sus ataques constantes contra la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Haupt abogó por que se respete la institucionalidad y la independencia de los Poderes del Estado. Esto le generó fuertes acusaciones de “intromisión” por parte del secretario general del FMLN, Medardo González, y hasta un reclamo del canciller de la República, Hugo Martínez.
Ante esto, tanto Méndez, como Rubio y Saénz, concuerdan en que el FMLN actúa mal. Señalan que en el caso de la Embajadora de los EE.UU., se trata de un país que apoya a El Salvador con distintos programas que fortalecen la economía y el desarrollo nacional.
Al igual que el gobierno de Alemania con planes de respaldo técnico financiero, algo que el embajador Haupt dejó entrever, y que por eso, dijo, les asiste el derecho de opinar.
En lo anterior también se fundamentan las posiciones de Funde y Aliados para la Democracia, ya que objetan que lo menos que puede hacer el gobierno es atender las recomendaciones de la embajadora Manes.
Argumentan que éstas solo tienen la finalidad de observar que los impuestos de los estadounidenses reflejados en el Fomilenio II y el Asocio para el Crecimiento, entre otros programas de apoyo, tengan un buen destino.
“Como sociedad civil acompañamos esa parte. Si ellos también invierten plata del pueblo de los Estados Unidos al Congreso, algún derecho tiene de que se cumplan lo que ellos promulgan”, reflexionó Méndez.
La percepción de Rubio de lo que hicieron Nerio y Búcaro es más fuerte. Evalúa que el viaje a Washington para hacer ese tipo de declaraciones y afirmaciones demuestra “ignorancia” sobre cómo son las relaciones político-diplomáticas y de cómo se mueve el Congreso estadounidense.
“Estados Unidos considera que (El Salvador) es uno de los países socios y que reciben ayuda para hacer esfuerzos para luchar contra la corrupción”, afirmó Rubio, de Funde.
A su criterio, el FMLN maneja un doble discurso, pues por un lado existe apoyo internacional en la Policía y en la Fuerza Armada, pero cuando se trata de combatir la corrupción, allí se llama “injerencia”. “No es casualidad que se acuse de golpistas a los que luchan contra la corrupción”, opinó.
Para Sáenz, del Centro de Estudios Jurídicos, la impunidad y la corrupción es un tema de preocupación a nivel internacional.
“Lo que han hecho (los embajadores) es preocuparse por todo ello, pedir que se combatan y acuerpar las acciones que la Sala está realizando” en el combate de la corrupción y en favor de la institucionalidad, sostuvo Sáenz.
Detalló que en las declaraciones de Manes no se encuentra ningún tipo de injerencia como lo dice el FMLN.
El FMLN insiste con CSJ
Las críticas a personeros e instituciones que defienden los fallos de la Sala de lo Constitucional también llovieron el sábado pasado por parte de los dirigentes efemelenistas González y Guevara.
Ambos acusaron a los magistrados de la Sala de “bloquear las finanzas del Estado”, esto en relación con la medida cautelar que el Órgano Judicial ha ordenado en la emisión de $900 millones en bonos, por considerar que el proceso para aprobarlos en la Asamblea no fue regular. A la fecha, no hay una resolución en firme.
ONU lo había advertido
La observación de que el gobierno debe respetar la independencia de los Poderes del Estado y las sentencias del Máximo Tribunal, también fue develada por la Relatora para la Independencia Judicial de las Naciones Unidas, Gabriela Knaul, en 2012.
“Atentados a la Sala de lo Constitucional y a sus miembros y la negativa a acatar las sentencias de la Corte deben cesar”, dijo Knaul en una gira de ocho días en El Salvador.
En esa fecha se generó un impasse fuerte entre la Asamblea y la Sala, al ordenar esta elegir de nuevo a los magistrados electos en 2006 y 2012. La Asamblea se negó a cumplir el fallo y acudió a la Corte Centroamericana de Justicia para validar sus actuaciones.