Comprar armas de grueso calibre para armar grupos de exterminio, para hacer ataques de tal manera que “se le paren los pelos a la población”; hacer una acción con la que harán historia a nivel mundial y adquirir armamento capaz de derribar helicópteros son sólo algunas de las acciones que contempla el plan C acordado por la cúpula de la Mara Salvatrucha (MS-13), según las llamadas registradas por el Centro de Intervención de Telecomunicaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
A este plan ha llegado esa organización luego de ejecutar el plan A y el plan B para sobreponerse a las medidas extraordinarias que el Gobierno ejecuta desde finales de marzo pasado en la mayoría de centros penales del país para contrarrestar el accionar de las tres pandillas, las que desde hace varios años han elevado los niveles de violencia en El Salvador.
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Algunas de esas medidas extraordinarias consistían en el bloqueo de señal de telefonía e internet y la suspensión de visitas.
Pero, al parecer, eso no fue sorpresa para la MS-13. Lo sabían dos semanas antes de que el Gobierno las hiciera públicas, pues, a uno de sus cabecillas ya le habían filtrado infomación, según fuentes consultadas.
Los planes de contingencia
El plan A consistió en identificar cuáles serían las medidas extraordinarias que les afectarían a ellos, como grupos delincuenciales o terroristas; una vez que identificaron que el Gobierno buscaba bajar los altos índices de homicidios, las tres pandillas (MS-13, pandilla 18 Revolucionarios y Sureños), acordaron una reducción de los asesinatos o, por lo menos, “cultivarlos” (enterrarlos) o esconderlos para que no figuraran en las estadísticas ni generaran alarma.
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Un cabecilla identificado sólo como Tío dijo en una teleconferencia que “tenían muy elevados los índices de homicidios y que los tenían que bajar porque eso les estaba ocasionando muchos problemas”.
En esa misma conversación, otro cabecilla dijo que estaba bien bajar los homicidios, pero para tener tiempo de reorganizarse y hacer frente a las medidas extraordinarias.
Así consta en la acusación de la FGR contra decenas de detenidos en la Operación Jaque y señalados de los delitos descritos en este artículo.
Como parte del plan A, las pandillas, MS-13 y las dos facciones de la 18, difundieron comunicados y vídeos en los que, según la planificación, debían dejar bien claro que si los homicidios bajaban era porque las pandillas querían hacerlo, como muestra de buena voluntad.
Sin embargo, ese plan fue fugaz. Solo duró unos cuantos días.
Cuando vieron que eso no funcionó para detener “lo que se les iba encima”, lo cual era que el Gobierno encerraría a los principales cabecillas en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, conocido como Zacatraz, y el esfuerzo por cortar las comunicaciones desde el interior de los centros penales hacia los pandilleros en libertad, los cabecillas “en la libre” (que no están detenidos), tuvieron que idear un plan para contrarrestar tales medidas.
Reuniones y teleconferencias
De acuerdo con las llamadas telefónicas intervenidas a varios cabecillas de la MS-13, entre éstos a Marvin Adaly Quintanilla Ramos, alias Piwa, hubo una reunión en un rancho vacacional que está en el cantón Apulo, en las riberas del Lago Ilopango. Esta reunión fue realizada 20 días después de que el Gobierno les cortara las comunicaciones y decretaran estado de emergencia en todas las cárceles donde había mareros.
Para efectuar esa reunión, durante una llamada telefónica acordaron que pondrían seguridad desde el desvío de Apulo, en la carretera Panamericana hacia oriente, hasta el sitio de la reunión.
Pero a pesar de esa providencia, la policía, que ya había escuchado la llamada en la que se coordinaba la reunión, capturó a Pedro Antonio Segovia Chávez, alias el Clown o Payaso, uno de los máximos cabecillas en la zona oriental. El pinchado de teléfonos permitió esa captura.
Posterior a esa reunión a la que el Clown ya no pudo llegar, la MS-13 puso en marcha su Plan B, que fue llamado también “Proyecto de la Mara o Familia”.
Para este fin, el Piwa y otros cabecillas, durante reuniones físicas y conferencias telefónicas con cabecillas encarcelados, acordaron que durante un mes, el dinero de todas las extorsiones a nivel nacional iría a un fondo común, incluyendo el dinero recogido de las extorsiones que se ejecutan dentro de las cárceles.
Ese acuerdo no admitía discusión. Era de obligatorio cumplimiento, porque era para beneficio de la “familia”.
Con ese dinero, acordaron comprar aproximadamente 500 fusiles para igual número de mareros que serían entrenados como una unidad elite, capaz de chocar de frente con la Policía, la Fuerza Armada y con capacidad también de contrarrestar los grupos de exterminio que tanto daño les estaban haciendo.
Las autoridades escucharon decir a los cabecillas: Tenemos la economía para hacerle entrada a quien sea.
El 26 de marzo, a las 7:16 de la noche, el Piwa le dijo al Zorro, otro cabecilla, que tenían que involucrar a gente “sólida” de las cuatro partes (zona central, paracentral, oriental y occidental).
El Piwa dijo que no era de favor, sino que lo tenían que hacer (recoger todo el dinero de las extorsiones de un mes para entregarlo a un solo fondo de la MS-13), por que lo que venía era un paso definitivo e indispensable.
En palabras del Piwa (actualmente detenido), en otra conversación que había sido interceptada el 24 de marzo, la MS-13 es una pandilla millonaria y si los ingresos producto de las extorsiones los destinaran una vez al año o cada seis meses, entonces, tendrían recursos ilimitados para enfrentar al Gobierno, al sistema. Eso es lo que respondió al Cruger.
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En la reunión del Lago de Ilopango se acordó que cada una de las 249 clicas que tiene la MS-13 a nivel nacional, aportaría los dos mejores elementos que tuvieran, para ser entrenados. Éstos debían saber que si flojeaban, su familia pagaría por ellos.
Aunque no especifican, Pedro Antonio Segovia Chávez, alias Clow, informó a sus subalternos que los mareros seleccionados para conformar el contingente de 500, los tendrían en un lugar seguro mientras recibían el entrenamiento.
Las escuchas posteriores revelan que la MS-13 estaba en franca ejecución de su plan C.
Hay registro de compra de armas en México, Honduras y Guatemala, pues deben dotar de un fusil y siete u ocho cargadores a los 500 hombres de grupos elites. Además, la compra de armas también comprenden explosivos como granadas de mano y lanzagranadas para destruir carros blindados y derribar helicópteros.
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En un sólo mes, recogieron más de 600 mil 800 dólares, sobrepasando las expectativas de los cabecillas.
En la aritmética de la cúpula de esa organización criminal, si compraban cada fusil a mil 200 dólares, esos 600 mil les bastarían para comprar los 500 fusiles. Y hasta para más.
La carrera por armarse la ha llevado, incluso, a comprar armamento por encima de los precios del mercado negro, con el afán de no quedarse atrás de la Pandilla 18 a la que consideran que “está lista para la guerra”. Así consta en la acusación.