El abogado constitucionalista José Domingo Méndez consideró que la declaratoria de emergencia que anunció el gobierno sobre la delicada situación fiscal del Estado no está contemplada en la Constitución de la República y que el presidente, Salvador Sánchez Cerén, está haciendo un manejo “retórico” del tema sin tomar en cuenta valoraciones jurídicas al respecto.
“El tema es más de tipo mediático, retórico, que jurídico. No existe en la Constitución el concepto de emergencia fiscal o económica y el término no es aplicable para efectos fiscales. Incluso, una emergencia nacional debe de ser aprobada por la Asamblea Legislativa”, consideró Méndez.
Incluso, reconoció que el hecho de que el gobierno necesite más dinero para la caja del Estado no significa que se hagan declaratorias de emergencia que le permitan saltarse procesos legales.
Sin embargo, para Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, la situación de emergencia planteada por Sánchez Cerén está encaminada a intensificar el diálogo con ARENA y el resto de partidos de oposición para alcanzar acuerdos que permitan solucionar la crisis de liquidez en las finanzas públicas.
“Esta es una figura política que lo que implica es tensionar al gobierno y al Estado para que como sociedad tengamos claridad que vivimos una situación especial y es necesario enfrentarla”, aclaró el funcionario, quien añadió que gran parte de la crisis de liquidez pasa por la imposibilidad de encontrar acuerdos.
El vocero presidencial advirtió que en diciembre, a más tardar, deben tener resuelta la emisión de $1,200 millones en bonos para actualizar la deuda y pagar a proveedores, y que en la misma fecha “debemos haber construido en este mecanismo de diálogo un acuerdo en materia de reforma de pensiones”.
Mientras tanto, todos los partidos políticos, excepto ARENA, coincidieron en que la declaratoria de emergencia dada viene porque en realidad el país atraviesa una situación que si no se compone con medidas como las anunciadas por el gobernante se podría llegar a un caos como el que vivió Grecia hace varios años.
“Estamos al punto de la quiebra”, resumió el diputado de GANA, Guillermo Gallegos, cuando se le consultó, sin embargo, dejó entrever que esperaba más de Sánchez Cerén y no solo una simple declaratoria de emergencia.
Mario Ponce, jefe de fracción del PCN, cuestionó que había que dejar de lado los intereses partidarios y olvidarse de que pronto habrán elecciones y no dejar que el país sucumba por no flexibilizar y apoyar al gobierno para salir de la crisis fiscal.
De hecho, tanto Gallegos como Ponce expresaron que están en la total disponibilidad de dar sus votos para la emisión de $1,200 millones en bonos, que fue parte de la urgencia que manifestó Sánchez Cerén.
En cambio, para ARENA el anuncio de la emergencia fiscal no tiene nada que ver con una solución a la falta de liquidez, al contrario, el jefe de fracción del partido tricolor, Alberto Romero, sostuvo que ha indagado con abogados y que estos le han dicho que ese término no existe en el contexto legal del país.
Además, para Norman Quijano, el presidente Sánchez Cerén no deja claro a qué se refiere con la emergencia, si es que esto le permitirá, por ejemplo, obviar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (LACAP) para hacer contrataciones directas o pasar por alto a la Asamblea, en el caso de hacer transferencias de dinero de un ministerio a otro.
La efemelenista y presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, salió al paso de las críticas y aclaró que la declaratoria no es un decreto ejecutivo, por lo que rechazó que se vayan a dar ese tipo de situaciones como las que citó Quijano