Información de testigos criteriados, sobre operativos policiales y militares, negocios de fachada para distribuir drogas, iglesias y alcaldías para reunirse y planificar estrategias. Así es el nivel de infiltración que la Mara Salvatrucha (MS-13) tiene tanto en el aparato estatal como en el ámbito comercial, según se describe en la investigación de la denominada Operación Jaque 300.
Los cientos de páginas que contienen la investigación inicial de la Fiscalía contienen mucha información sobre cómo la MS-13 echa mano de militares, comerciantes, religiosos, alcaldes, jueces e investigadores policiales para urdir sus planes criminales o evadir los planes de las autoridades contra esa agrupación.
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Hasta ahora ha sido común la detención de elementos de la Fuerza Armada de bajo rango. Sin embargo, a finales de enero, las autoridades policiales y fiscales descubrieron que un oficial de alto rango había ofrecido información a un cabecilla de la MS-13 sobre operativos policiales que se desarrollarían una semana después en el sector de Soyapango.
Información por 5 mil dólares
Un coronel de Ilopango había contactado a Joel Quinteros, alias Pelancho, cabecilla de esa organización criminal en la comunidad Morazán, en Soyapango.
Pelancho pasó la información al cabecilla a un estrato superior (a José Alonso Marroquín López, alias Ave o Pájaro), quien a la vez la compartió con el Renuente (Edwin Ernesto Rodríguez Cedillos) quien, al parecer, en ese momento era el máximo cabecilla de la MS-13 de la zona sur de Soyapango.
La reunión sería a las 3:30 de la tarde del 2 de febrero de este año en una casa de la colonia Santa Lucía, Ilopango, donde tiene su domicilio el Renuente.
El grupo de investigadores policiales diseñó un dispositivo en la zona, pero esa tarde no hubo tal reunión.
El 5 de febrero, a sólo horas de que se desarrollara el dispositivo policial en Soyapango, Ave, Renuente, Pelancho, Gustavo y otros cabecillas volvieron a reunirse con la intención de discutir el tema de la venta de información que un coronel les había ofrecido.
En esta ocasión resultó que el Pelancho indicó que uno de los abogados de la organización había sido contactado por un coronel de Ilopango, quien quería que las clicas, desde la comunidad 22 de Abril hasta la colonia Santa Lucía, le entregara 5 mil dólares a cambio de información detallada sobre un operativo policial.
Tres días después, el 8 de febrero, la Policía Nacional Civil (PNC) realizó un despliegue policial en varias comunidades de Soyapango consideradas como bastiones de grupos de pandillas, entre estas la comunidad 22 de Abril y la urbanización Las Margaritas.
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En los documentos presentados por la Fiscalía ante un juzgado especializado de instrucción contra crimen organizado, no queda claro si la negociación entre los cabecillas de las clicas de Soyapango e Ilopango se concretó.
Un policía que vende testigos por mil dólares
Eso hacía un detective policial, según la investigación fiscal del caso Operación Jaque 300. En los documentos judiciales sólo se lo menciona con el apellido Corado.
En la querella abundan los detalles. Ese investigador era informante de un cabecilla de la Mara Salvatrucha y por mil dólares les dijo que César Serrano, alias Bicho Rata, y Antonio Moreno, alias Hielito, estaban colaborando con la Policía.
Les informó que a ambos adolescentes, la policía hacía que los capturaba, bajo cualquier excusa, pero era para sacarles información. Luego, los dejaban libres.
Ambos fueron asesinados. Los ahorcaron y sus cuerpos fueron enterrados.
Eso ocurrió en 2014, pero hasta este hoy, sus parientes no saben dónde están, pero tampoco se atrevieron a denunciar la desaparición porque sabían que eran parte de la MS-13.
El contubernio con algunas alcaldías
En la querella también se consigna que un cabecilla de nombre Adolfo Pérez, alias Chory, le ayudaba a la alcaldía de Sonsonate (no especifican en qué período comenzó y si eso continúa) a recuperar deuda municipal.
El Chory mantenía una relación con Julio, un empleado de esa alcaldía, quien le ayudaba a conseguir puestos de venta en la calle o a mantener los que ya tenían.
A cambio, el Chory ayudaba a la comuna a presionar a los vendedores que estaban en mora con las cuotas de los impuestos. Para tal fin envíaban a matones.
Recuperado el dinero, el Chory recibía un porcentaje por la cobranza, indica el documento legal.
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Además, este cabecilla tenía el control de un mercado local. “El Chory ordena lo que se hace en la Megaplaza; los de la alcaldía no pueden hacer nada sin que él lo ordene”, indica la acusación.
En la Megaplaza de Sonsonate, la MS-13 obtiene entre 10 mil y 14 mil dólares mensuales en concepto de extorsión o “renta” a la que obligan a los vendedores de esa instalación, sostiene la FGR.
Otras comunas han sido implicadas.
Investigadores allanaron las oficinas de una iglesia evangélica vinculada a la organización.