Vivimos graves momentos en nuestra patria, debilidad institucional, narcotráfico, violencia, crimen organizado, inestabilidad social, inseguridad jurídica, amenazas a la gobernabilidad y lo más grave, una corrupción e incapacidad galopante enraizada en nuestra sociedad y por ende, en el gobierno.
Los casos están al alcance de la mano, el señor Funes, así como su grupo familiar investigados por presunto enriquecimiento ilícito; un exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social también investigado; y la voz popular señala a tantos otros funcionarios que hoy se dan la gran vida a niveles que no pueden costearse con los sueldos que ganan en el Estado.
Sin embargo, es de poner atención particular en uno de ellos que, literalmente, durante estos siete años de gobierno se ha vendido como un ministro pulcro pero construyendo túneles que no funcionan, tanto así que producto de esa “ineficiencia” se le considera un posible candidato presidencial. La realidad es que si la Corte de Cuentas hiciera su trabajo ya hubiera detectado una posible malversación de fondos.
Para los salvadoreños en general, es de aclarar que malversar no es robar. De acuerdo con la definición del Código Penal en su artículo 332, la malversación ocurre cuando el funcionario o empleado público da a los caudales o efectos que administra, una aplicación diferente de aquella a la que estuvieren legalmente destinados.
¿A qué viene este señalamiento? Basta leer la Ley del Fondo de Conservación Vial para entender por qué se afirma esto. En el objeto de la ley (Art. 1), se establece que la idea es tener un marco legal para el financiamiento y gestión de la conservación de la Red Vial Nacional Prioritaria Mantenible y de la Red Vial Urbana Prioritaria Mantenible.
Y, en su Artículo 3, en las definiciones, explica lo que considera como conservación vial y es clara en afirmar que: “La conservación no comprende la construcción de vías nuevas, tampoco la reconstrucción o la rehabilitación total o el mejoramiento de la vía para elevar su nivel de servicio; dichas actividades serán atribuciones del Ministerio de Obras Públicas”. Si bien es cierto, el ar-tículo 46 de la ley da la pauta para realizar estas acciones, la redacción no deja lugar a duda: estas obras se pueden ejecutar SIN MENOSCABO de la conservación vial.
La ley es clara, y ningún funcionario puede ir más allá de lo que sus atribuciones definen. Sin embargo, el Fovial –durante la administración del FMLN- ha hecho tres titularizaciones, obteniendo aproximadamente 125 millones de dólares y gran parte de esa deuda adquirida, la ha utilizado el Ministerio de Obras Públicas, presidido por Manuel Orlando Quinteros, alias Gerson Martínez, para la construcción de pasos a desnivel, puentes, ampliación de vías. Ninguna de estas obras es parte de la prioridad del Fovial.
Hoy, próximo a comenzar con la inversión de Fomilenio II se está hablando de la posibilidad de aumentar 27 centavos a la gasolina para invertir en el mantenimiento de vías. Por supuesto, el donante (Gobierno de Estados Unidos) y luego de la experiencia de la Carretera Longitudinal del Norte, que se construyó como parte del primer compacto de Fomilenio, y se está deteriorando de forma acelerada, manifiesta su preocupación porque su segunda inversión también se pierda con el tiempo.
La sugerencia no es arbitraria, tiene a su base un estudio que demuestra que un 40 % de la red vial prioritaria del país –responsabilidad del Fovial- está en mal estado, esto, supuestamente por la falta de fondos para invertir en el mantenimiento de las arterias.
En la memoria de labores del Ministerio de Obras Públicas, correspondiente al período junio 2015-mayo 2016, se consigna una inversión proyectada de 34.8 millones de dólares en la construcción de dos pasos multinivel y 7.1 en seis puentes y obras de paso.
Si el Ministerio de Obras Públicas no hubiera tomado ese dinero del Fovial, esta instancia tendría más de 40 millones de dólares para destinarlos al mantenimiento de vías –su prioridad-; sin embargo, tal como ha sido tradición en estos gobiernos del FMLN van a recurrir a la ruta más fácil para obtener fondos, golpear el bolsillo de los salvadoreños.
Por eso, aunque por el momento desconozco cuál es la posición orgánica de ARENA respecto a esta sugerencia, no estaré dispuesto a apoyar este incremento. Creo que los salvadoreños en general, especialmente los que residen en el área del Gran San Salvador suficiente contribución hacen al Fovial gracias, en gran medida, a todo el combustible que consumen producto de la trasnochada idea de privatizar un carril del Bulevar del Ejército y de la Alameda Juan Pablo II a favor del Sitramss.
Estimados ciudadanos, recordemos que ninguna propuesta o sistema político es o será funcional si los fondos públicos son utilizados para favorecer agendas personales.
*Diputado