La Relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Mónica Pinto, pidió ayer que las autoridades salvadoreñas protejan a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que se frenen los ataques contra los funcionarios judiciales.
“Asimismo, las autoridades deben tomar medidas urgentes para frenar los ataques personalizados e individualizados, que ponen en riesgo la integridad física de los magistrados y socavan su independencia, y diligenciar una estrategia de protección,” declaró la experta.
Pinto expresó su profunda preocupación por la creciente tensión entre el gobierno de El Salvador, ciertos sectores de la sociedad salvadoreña y la Sala de lo Constitucional.
La especialista, de nacionalidad argentina, se refirió a las recientes manifestaciones contra los magistrados, las cuales han sucedido luego de sus resoluciones. En las últimas semanas, varios grupos afines al gobierno han arreciado las protestas en las que lanzan improperios contra los funcionarios, incluso frente a la sede de la CSJ.
Uno de los casos más emblemáticos sucedió en agosto contra el magistrado Florentín Meléndez, a quien un grupo de simpatizantes del FMLN le bloqueó el paso para asistir a una zona de Chalatenango a realizar una charla sobre la Constitución.
La relatora de la ONU consideró que “si bien en un régimen democrático el derecho a manifestarse pacíficamente es fundamental, las acciones, incluyendo bloqueos, que impiden el adecuado funcionamiento del poder judicial y ponen en riesgo la seguridad y la integridad física de los magistrados constituyen un ataque inaceptable en contra de la independencia judicial”.
Pero además de los grupos afines al partido oficial, también dirigentes del FMLN han arremetido públicamente contra los magistrados de la Sala, desde el presidente Salvador Sánchez Cerén y el secretario general del partido, Medardo González, hasta diputados y funcionarios efemelenistas.
De allí que Pinto añadió que “los pronunciamientos de funcionarios públicos al más alto nivel del Estado también podrían considerarse una forma de intimidación”.
Para la experta de Naciones Unidas, “los fallos de la Sala de lo Constitucional son sentencias de última instancia, y como tal deben respetarse aun cuando existan diferencias”.
La relatora instó a las autoridades a que “respeten las sentencias judiciales y garanticen la independencia del sistema de justicia, de conformidad con las obligaciones internacionales del país”.
Ese es uno de los llamados que también han hecho los mismos magistrados, quienes han denunciado que el oficialismo ha hecho una interpretación equivocada de las sentencias que han emitido.
El magistrado Sidney Blanco afirmó recientemente que los políticos están haciendo “interpretaciones erróneas y creando confusión” sobre los fallos. “Están culpando a la Sala de muchas cosas. La Sala parece ser el objetivo para ocultar los fracasos”, expresó Blanco semanas atrás.
En esa misma oportunidad, Blanco indicó que llevan ya seis años bajo el mismo ritmo de señalamientos de parte de los políticos que no están de acuerdo con las sentencias de la Sala.
El magistrado Rodolfo González señaló que se trata de un “hostigamiento” y su colega Florentín Meléndez ha advertido, incluso, que podrían atentar contra algunos de losmagistrados de la Sala.
Para la relatora de la ONU, “el respeto por la independencia de los magistrados y sus decisiones es un principio imprescindible. No puede ser ignorado en un debate democrático”.
Además señaló que confía en que las autoridades, con la ayuda de las instancias de las Naciones Unidas en la región, puedan encontrar soluciones estables a esta situación crítica.
Otras voces de respaldo
Además de la relatora de la ONU, en el país también hay varios sectores que han externado su apoyo al trabajo de la Sala de lo Constitucional.
Uno de ellos es Aliados por la Democracia que informó el pasado 27 de septiembre que había presentado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una petición para que adopte decisiones tendientes a frenar los ataques contra la Sala.
“Recurrimos a usted para solicitarle: interponga sus buenos oficios y adopte decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática salvadoreña ante el inminente recrudecimiento de los ataques desde diferentes instancias y personajes públicos dirigidos a la Sala de lo Constitucional y a la Fiscalía General de la República”, dice en el escrito que enviaron.
La organización cívica también pidió a la OEA la investigación de los hechos expuestos “por constituirse atentados a la independencia judicial y en contra de la labor de la FGR”.
También el Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, condenó el pasado 18 de septiembre durante su habitual conferencia dominical, el ataque contra la Sala de lo Constitucional.
“Ojalá que ya no continúe, son condenables los ataques a la Sala”, enfatizó el jerarca salvadoreño y externó sus esperanzas de que detrás del movimiento en contra de la instancia judicial no haya personalidades involucradas.
Asimismo, varios abogados y entidades jurídicas han condenado los ataques contra los magistrados y han señalado que se quiere “paralizar” a la Sala porque no están de acuerdo con sus decisiones judiciales, por lo que han instado a vigilar que eso no ocurra.