La agencia calificadora de riesgo Standard and Poor’s hizo efectiva ayer su advertencia de bajar la calificación de riesgo al país por la polarización económica que mantiene en vilo la liquidez financiera del Estado.
A través de un comunicado de prensa, la agencia anunció que reduce su nota de “B+” a “B”, lo que significa que la emisiones salvadoreñas de bonos o certificados se consideran de riesgo o especulativas.
Además, la agencia mantendrá al país en el listado de Revisión Especial con implicaciones negativas, por lo que es probable que su nota baje aún más dependiendo de las acciones que la administración de Sánchez Cerén tome en los próximos días.
Hace una semana la agencia estadounidense advirtió que el país estaba en revisión negativa, y que las decisiones que se tomaran respecto al manejo de la deuda definirían su calificación.
Sin embargo, el nulo acuerdo entre entre partidos políticos llevó a la agencia a bajar la nota del país ayer por la tarde.
“La continua polarización política entre el partido gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el principal partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) ha impedido el avance de la reforma fiscal y de pensiones, lo que ha dañado la confianza de los inversionistas. De igual manera, ha impuesto altos costos a la administración financiera al debilitar la capacidad del gobierno para obtener ingresos adicionales y manejar su deuda”, explicó S&P.
“No se ha logrado consenso político de una mayoría calificada para aprobar en el Congreso emisión de deuda externa debido a la oposición principalmente de ARENA”, afirmó la calificadora.
El organismo evaluador citó que el país ha acumulado aproximadamente $1,000 millones en deuda de corto plazo emitida localmente (Letras del Tesoro o LETES), y cuyo monto está muy cerca del límite constitucional de $1,327 millones”, agregó.
Esta es la segunda reducción de nota que recibe el país de una calificadora de riesgo.
El 11 de agosto pasado, la agencia Moody’s también rebajó la calificación crediticia nacional por considerar que existe una continua incapacidad de las autoridades para detener la tendencia al alza de la deuda pública en medio de un elevado déficit fiscal y bajo crecimiento económico.
El anuncio de S&P llega días después de que el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, declarara al país en emergencia nacional por la falta de liquidez.
En su cadena nacional el mandatario pidió a los partidos políticos que le aprueben una deuda de $1,200 millones en bonos para pagar el saldo de las Letras del Tesoro así como para pagar los vencimientos de deuda del país.
Sánchez Cerén también pidió a los diputados que le aprobaran la reforma de pensiones, que pretende reabrir el sistema de reparto administrado por el Gobierno y lograría un ingreso inmediato de al menos $4,500 millones, que representa un poco más de los fondos de pensiones de los trabajadores en las AFP.
Reforma a la Ley FOP
En su análisis Standard & Poor’s también hizo referencia a la recién aprobada reforma a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), que exime al Gobierno de pagar el capital e intereses de la deuda de pensiones que ha adquirido con los cotizantes de las AFP. Sin embargo, la agencia indicó que esta medida “ofrece solamente un alivio de corto plazo.
La reforma de ley ya tiene dos demandas de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia pues sus opositores creen que representa una confiscación de los ahorros de los salvadoreños.
La nota otorgada al país seguirá en revisión. Según señaló, la agencia mantendrá a El Salvador en revisión antes de que concluya 2016, esperando tener el resultado de las negociaciones políticas”, indicó el organismo evaluador.