El Gobierno ya envió a las AFP su solicitud anual del dinero con el que pretende pagar las pensiones de los jubilados del ISSS e INPEP en 2017.
Según el presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), René Novellino, el Ejecutivo está solicitando para el próximo año $613 millones, lo cual supera en casi $100 millones el dinero programado para este año ($519.6 millones).
El dinero saldrá obligadamente de los ahorros de los trabajadores a través de los conocidos Certificados de Inversión Previsional (CIP), por los cuales el Gobierno está pagando una rentabilidad no mayor de 3.5 %.
Pero el dinero solicitado para el otro año no incluye el pago de capital e intereses de la deuda que el Gobierno ha adquirido con los trabajadores desde 2006. Asafondos calcula que ese pago tendría que ser de unos $227 millones, que tras la reforma al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) también saldrá del ahorro de los trabajadores.
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Donde sí debió programar este dinero era en el Presupuesto general de 2017, pero tras la reforma, decidió no presupuestarlo. Eso equivaldría a que una persona no programe el pago de la cuota de su préstamo hipotecario aun sabiendo que tiene que hacerlo.
Así, si se juntara el dinero para pensiones con el dinero que se necesita para pagar la deuda de pensiones, las AFP y en definitiva, los trabajadores, tendrían que prestarle al Gobierno unos $800 millones el próximo año.
La cifra preocupa a Novellino, pues asegura que esta cantidad provocará que se sobre pase el límite de CIP que el Gobierno puede solicitar a las AFP.
Según la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, el Gobierno solo puede prestar como máximo un 45 % de los fondos de pensiones. De hecho, este porcentaje era de tan solo 35 %, pero en 2012 el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, logró que la Asamblea le ampliara este techo hasta 45 %.
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Eso significa que casi la mitad de los ahorros de los salvadoreños se le han prestado al Gobierno para que pueda pagar las pensiones de los jubilados del ISSS y el INPEP.
Caen los bonos
El problema se agrava con la caída del precio de los bonos salvadoreños, pues según Novellino, de los $6,000 millones que el Gobierno ha prestado a las AFP en los últimos diez años, unos $1,000 están invertidos en esos bonos, con lo cual la rentabilidad de ese dinero está cayendo y los trabajadores dejan de percibir mejores sumas de dinero para su ahorro de pensión.
El tema fue ampliado ayer después de que Novellino participara junto a los economistas Luz María de Serpas y Carlos Pérez Trejo en un foro de pensiones organizado por la Universidad Francisco Gavidia.
Ante decenas de jóvenes interesados en el tema, los economistas explicaron que las reformas a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales no están ayudando a los trabajadores a mejorar su ahorro para el futuro y que, por el contrario, están afectando los beneficios que podrían tener en el futuro.
“Ustedes ya deben plata antes de que comiencen a trabajar”, dijo Novellino, en relación a todos los impuestos que tendrán que pagar más adelante para poder costear el pago de esta deuda.
Pérez Trejo se centró, sobre todo, en el problema fiscal que está absorbiendo al Gobierno producto del desorden de ingresos y gastos que ha provocado en los últimos años.
El economista achacó, además, que aunque el presidente Sánchez Cerén prometió crear mesas técnicas para estudiar el tema de pensiones, éstas no están integradas por técnicos, sino por políticos que están tomando decisiones “en la oscuridad”.
Por su parte, Luz María Serpas explicó que este desorden fiscal está relacionado con los presupuestos anuales que no incluyen los gastos que se harán, aunque el Gobierno sepa de antemano que tiene que hacerlo.
La economista recordó que solo para 2017 el Gobierno no ha incluido en el presupuesto unos $800 millones desglosados en diferentes rubros. No ha incluido en pago de amortización de bonos, pagos de subsidios y pago de pensiones, que son ineludibles y que, por tanto, debían estar en el plan de gastos del próximo año.
Los $227 millones que serán pagados con más CIP, el próximo año, tenían que haberse presupuestado y financiado con dinero del Fondo General de la Nación y no con más deuda.