El presidente venezolano Nicolás Maduro aprobó el viernes el presupuesto para el próximo año fiscal sin someterlo a discusión del legislativo dominado por la oposición.
Ante centenares de simpatizantes del oficialismo concentrados en una céntrica plaza de Caracas, cerca de la sede del Tribunal Supremo de Justicia, Maduro firmó el decreto-ley del presupuesto, estimado en 847.911 millones de dólares.
La firma tiene lugar tres días después de que el máximo tribunal de justicia le confiriera poderes a Maduro para que aprobase el presupuesto sin necesidad de tener que someterlo al escrutinio de la mayoría opositora en el Congreso, que denunció ese acto como inconstitucional y que le usurpa funciones.
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El decreto-ley queda pendiente a la ratificación del máximo tribunal, un paso que se da por descontado, según los analistas.
La ley presupuestaria generó el más reciente choque entre poderes en el país petrolero sudamericano, sumido en una profunda crisis económica y agitación política, y que enfrenta interrogantes sobre cómo hará frente a sus gastos y compromisos de deuda.
Desde la instalación del actual Congreso el 5 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (cuyos miembros han sido designados en los últimos 17 años con el voto abrumador de los diputados oficialistas) se ha convertido en un actor decisivo en la trama política venezolana al revertir numerosas leyes aprobadas por la legislatura actual, así como limitar sus competencias.
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Maduro, incluso, augura reiteradamente que el actual legislativo no completará su periodo de cinco años para el cual fue escogido.
El mandatario no dio detalles sobre el nuevo presupuesto, aunque estimó que el 83% se financiará con los impuestos internos y el 3,2% con los ingresos petroleros. El desplome del precio internacional del crudo en los últimos tiempos ha golpeado con dureza a una economía venezolana que depende mayormente de las exportaciones petroleras.