El Salvador se agenció ayer un triunfo en un litigio que durante siete años y medio libró en el CIADI (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones) del Banco Mundial en Washington, donde se ventiló el conflicto iniciado por la compañía minera Pacific Rim que pedía una indemnización calculada en $284 millones en compensación por los supuestos obstáculos que le puso el país para explotar la mina de El Dorado, en Cabañas.
La querella que inició en 2009 concluyó con un éxito total para El Salvador, cuyo equipo de defensa a cargo del bufete Foley Hoag logró que el tribunal conformado por los árbitros Brigitt Stern, de Francia; Guido Tawil, de Argentina; y el presidente del tribunal V.V. Veeder, británico, votaran por unanimidad en rechazo a los reclamos de la empresa minera.
Es más, el tribunal aceptó la petición de la defensa de que la empresa minera debe pagar a El Salvador una compensación de $8 millones para cubrir cerca del 60 por ciento de los costos en que incurrió el país para montar su defensa.
El Fiscal General, Douglas Meléndez, quien llegó a Washington para recibir el fallo, recalcó en una conferencia de prensa ofrecida ayer en la sede del bufete Foley Hoag que El Salvador podía sentirse orgulloso del resultado y seguro que la protección del medio ambiente es una prioridad, sin desestimar lo importante que son las inversiones extranjeras para el país.
“Esta gran victoria no solo es de orden jurídico, es para el pueblo salvadoreño que desde un principio, tanto la población como el gobierno, han trabajado en la defensa de este caso, y la Fiscalía General de la República ha defendido este esfuerzo desde el campo legal en colaboración con los abogados internacionales”, manifestó Douglas Meléndez.
Tras la sentencia en favor de El Salvador, Pacific Rim, a través de su propietaria australiana Oceana Gold, que compró la empresa canadiense que se declaró en quiebra en 2012, ha anunciado que revisará esa decisión antes de “evaluar” qué camino tomarán sus negocios en el país.
“A pesar de la situación, Oceana Gold revisará con detalle el fallo del CIADI antes de evaluar los próximos pasos relacionados con su unidad de negocio en El Salvador”, dice la empresa en un comunicado.
La empresa agrega en el escrito que “una industria de recursos moderna, que opera de una manera responsable y segura dentro de las mejores prácticas reconocidas a nivel internacional, tiene el potencial para abrir una oportunidad que contribuya por varias décadas y de manera sostenible con el porvenir en la República de El Salvador”.
Además, insta al gobierno salvadoreño a generar un clima de inversión “estable” a empresas extranjeras. “Sin embargo, la compañía reconoce que el Gobierno tendrá que tomar medidas positivas y definitivas hacia el establecimiento de un entorno empresarial estable si se desea atraer la inversión extranjera para establecer esta oportunidad”, dice la firma.
La querella inició por diferencias con el gobierno salvadoreño durante la gestión del ex presidente Antonio Saca y por la presión de organizacionales locales de la sociedad civil debido al impacto ambiental como producto de la actividad minera.
Otro posible freno
El abogado Luis Parada, que coordinó el equipo de defensa de El Salvador, aseguró durante la conferencia de prensa que este resultado es claro al indicar a la demandante que se sometió al proceso arbitral a respetar la integridad del laudo en su contra.
Si bien el tribunal ha rechazado los reclamos de Pacific Rim, la dueña real de esta empresa es Oceana Gold, la cual en lenguaje jurídico no tiene una responsabilidad nominal directa, pero al ser Oceana Gold quien compró la empresa por casi $12 millones en 2012 y dio seguimiento al arbitraje es la responsable de honrar el laudo, explicó el abogado Luis Parada.
“Oceana Gold compró Pacific Rim con la esperanza de ganar este arbitraje y ha inyectado mucho dinero en la etapa de fondo que encareció el costo de la defensa. Ellos prácticamente compraron el arbitraje”, comentó el abogado, que razonó la importancia de este laudo y las lecciones que deja al país el resultado.
La demanda aducía que tenía derecho a la concesión, luego que el gobierno salvadoreño durante la gestión del expresidente Francisco Flores le facilitó permisos para hacer exploraciones de existencia de metales preciosos en la zona de San Isidro, del departamento de Cabañas, además de otros proyectos en otras zonas del país.
Sin embargo, cuando esta había descubierto dos yacimientos de oro y plata de mucha profundidad en la mina de El Dorado, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) y la Dirección de hidrocarburos del Ministerio de Economía (Minec) no respondieron a la solicitud de concesión para explotación que presentó la empresa minera.
El estudio de impacto ambiental del Marn era clave para agilizar el trámite con la cartera de Economía, pero el proceso se estancó. Tras esas diferencias, la inversionista extranjera recurrió al CIADI en Washington, instancia con jurisdicción para dirimir las diferencias entre inversores y Estados.
Pero antes de eso, la minera realizó una maniobra de mover la subsidiaria a territorio estadounidense para ampararse con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, CAFTA.
No obstante, en la etapa inicial del caso el tribunal rechazó que pudiera seguir esa petición, pero la demandante había amparado su caso basándose también en el Capítulo XV de la Ley de Minería.
La Asamblea Legislativa reformó en 2013 esa ley que facilitaba que se entablaran demandas por inversionistas extranjeros ante el centro de arreglos del Banco Mundial.