El Salvador, Honduras y Guatemala siguen encabezando una lista nada halagadora, que cada vez está alejando más a los inversionistas.
De esos, es El Salvador el principal país con una tasa de homicidios que cuadruplica el promedio normal de América Latina y que está calando en la atracción de empresas extranjeras y en la forma de hacer negocios.
Según el índice de seguridad del Foro Económico Mundial, publicado por Forbes Centroamérica, solo Nicaragua es el país de la región mejor posicionado y alejado de los riesgos delincuenciales que le impiden hacer negocios a los inversionistas.
Según la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), para sostener el mayor crecimiento esperado en 2017 se requiere dinamizar la inversión e incrementar la productividad para mantener la senda del crecimiento sostenido.
En ese sentido, Nicaragua se ha posicionado muy bien en los últimos años. A pesar de estar muy cerca de los países del Triángulo Norte, se espera que al finalizar el año este país obtenga unos $1,500 millones en inversión extranjera directa.
Sin embargo, en Guatemala, la inversión no ha crecido. Según los datos oficiales, en el último trimestre la inversión apenas ha superado en $1 millón a la que recibió en 2015. De hecho, ese año la inversión cayó 13% ligado a los problemas de corrupción que se conocieron ese año.
En Honduras la historia es igual. Aunque ha tenido una constante inversión, ésta no ha crecido como en años anteriores.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada estimó que el país cerrará 2016 con una cifra de inversión acumulada de $1,300 millones, pero señaló que este monto es a penas superior al del año pasado.
El Salvador, considerado ya como la “capital de los homicidios en la región”, es el que menos ha recibido inversión en los últimos años. En el primer semestre del año el país apenas captó $550.9 millones, la inversión más baja de toda la región.
Fondos sin llegar
Los tres países del Triángulo Norte son observados de cerca por el gobierno de los Estados Unidos, que aún no desembolsa un fondo de $750 millones aprobados en el marco del Plan Alianza para la Prosperidad pues sus autoridades quieren que antes éstos cumplan ciertos requisitos que tienen relación con su institucionalidad y transparencia.
En El Salvador, se le ha puesto ojo al manejo de los fondos públicos.