Tras dos semanas de haber aprobado la reforma a la Ley del Fideicomiso de Pensiones, GANA y el PCN corregirán la plana y a iniciativa de Guillermo Gallegos, del partido naranja, ambos partidos buscarán derogar este próximo jueves la modificación que aprobaron junto al PDC y al FMLN.
Por medio de esta reforma el gobierno pudo cancelar el 7 de octubre la deuda de los Certificados de Inversión Previsional (CIP), utilizando para ello $71.5 millones provenientes de los ahorros de los trabajadores que cotizan a las AFP para pensionarse.
Gallegos manifiesta en su pieza presentada ayer en silencio, sin convocar a los medios de comunicación, que la derogatoria del decreto se da con el fin de “mantener la estabilidad jurídica en el sistema de pensiones”.
La intención de eso ya surtió efecto dice Gallegos en su misiva, que era “permitirle al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales cumplir con las responsabilidades que la ley que lo rige le exige”.
El pasado 29 de septiembre en que GANA, PCN y el PDC avalaron dicha reforma en apoyo al FMLN, los diputados justificaron que era una medida emergente a la que recurrieron en vista del impago en que caería el gobierno el pasado 7 de octubre para pagar los Certificados de Inversión Previsional (CIP) a las AFP, que es dinero del ahorro de los trabajadores para pensionarse.
Dos semanas después Gallegos cumple con su promesa de pedir que se derogue el decreto para que este ya no pueda ser utilizado en el futuro para el mismo objetivo.
Mario Ponce, jefe de fracción del PCN, manifestó que acompañarán con sus votos la moción de Gallegos, y reiteró que no fue el mecanismo más salomónico para el país, pero que no podían dejar que se afectara a la población por la falta de pago de las pensiones.
ARENA que desde un inicio abogó porque se derogara el decreto de reforma que calificó de “inconstitucional”, ayer se le observó con dudas de si votar porque se cancele su vigencia, pese a que Carmen Elena Calderón de Escalón, de ARENA, exigió que debía derogarse.
Los areneros manifestaron su rechazo a la aprobación de ese mecanismo, aduciendo que se estaba aprobando más deuda con una “argucia legal” que le permitía a la Asamblea contar para ello con sólo 43 votos y no 56 que requieren las autorizaciones de préstamos, bonos y Letes.
Pero el diputado tricolor, Donato Vaquerano, subrayó que lo evaluarán, ya que ellos no fueron los promotores de esa reforma y que lo advirtieron desde el principio que era una medida ilegal.
Rolando Mata, del FMLN, manifestó su preocupación, pese a que señaló que se trataba de una disposición transitoria que tendría vigencia hasta mediados de 2017, por lo que si es derogado dijo que entonces habrían problemas para pagar pensiones.
También se enfrentan a que el presidente Salvador Sánchez Cerén vete el decreto y no se tengan los votos suficientes para superarlo.