Los ciberataques en contra de El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica fueron condenados durante la 72a. Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) finalizada ayer en México, pero la petición principal y urgente fue para las autoridades salvadoreñas a fin de que determinen la participación del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, en esos atentados.
En su resolución para El Salvador, la SIP califica de “grave” este tipo de atentados contra la libertad de expresión y de prensa, por lo que pide buscar “un castigo ejemplar” y un “precedente jurídico” para delitos cometidos por funcionarios y grupos delictivos digitales.
“Hacer un llamado urgente a las autoridades salvadoreñas a que determinen el grado de participación del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, en los ataques realizados contra La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy y que se busque un castigo ejemplar y el precedente jurídico para delitos de funcionarios y de grupos delictivos digitales arropados en la actualidad en el ciberespacio”, dice la resolución.
Según la SIP, “es preocupante” que continúen impunes hasta la fecha los ataques digitales a los dos periódicos.
El caso fue denunciado ante la Asamblea General de la SIP por parte del director ejecutivo de El Diario de Hoy y hasta ayer vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de SIP.
Bukele ha sido mencionado en la investigación, según ha confirmado la Fiscalía General, y en el proceso se ha determinado la implicación de Andrés Ortiz Lara y Juan Carlos Navarro (conocido como @Payasosingracia), ambos relacionados a la empresa Blue Marketing, hoy Búnker, y a la red que planificó y perpretó los ataques digitales contra El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica. Todo esto según expedientes judiciales.
En la red también participaban, entre otros, Mayra Morán (representante legal de Blue Marketing) y Sofía Medina, esta última es la gerente de comunicaciones de Bukele. Todos ellos están siendo procesados en libertad en un juzgado en Santa Tecla.
Tras saber que es mencionado en la investigación, el alcalde Bukele organizó una concentración frente al edificio de la Fiscalía con apoyo de funcionarios y dirigentes del FMLN, en donde le reclamó al Fiscal Douglas Meléndez por dicha investigación.
Además ha emprendido campañas y boicots comerciales contra ambos periódicos.
Ante todos estos acontecimientos, la SIP también resolvió: mantener la vigilancia permanente del proceso penal presente, cuya fase de instrucción contra los cinco sospechosos considerados autores materiales (que gozan de libertad bajo fianza y en los cuales se incluye a una persona de confianza y empleada del alcalde Bukele) finaliza este mes de octubre.
También decidió enviar una comisión especial al país por considerar “la gravedad de los hechos y que las decisiones de las autoridades salvadoreñas pueden constituir precedentes fundamentales para el derecho internacional para la libertad de expresión en torno a este tipo de delitos”.
De igual manera, exhorta a todos los medios salvadoreños a unir esfuerzos no solo en torno al presente caso, sino también para denunciar todo ataque contra el periodismo originado por grupos delictivos digitales.
Otras resoluciones
Dentro de otras resoluciones, la SIP remarca como la violencia del narcotráfico y el autoritarismo se han convertido en las mayores amenazas a la libertad de expresión y de prensa en Centroamérica. Pone de ejemplo a Guatemala y Nicaragua.
En Ecuador, dice SIP, está creciendo una “censura camuflada” por parte del Estado, se persigue a los medios y se impone multas y sanciones disciplinarias contra medios, por lo que pide “una vez más” al gobierno de Rafael Correa que cesen agresiones contra editores y periodistas.
A Cuba le exige que deje de ejercer un severo control de internet y las plataformas digitales; a Venezuela le exhorta a ponerle fin al “acoso, amedrentamiento y extorsión” a los medios de comunicación.
Mientras que a Brasil le reconoce la baja de asesinatos de periodistas pero le señala el incremento del abuso de autoridad por parte de policías al realizar “detenciones arbitrarias” de comunicadores.
En lo que respecta a Colombia, exhortó a las autoridades a que fortalezcan los mecanismos de investigacióln que conduzcan a esclarecer asesinatos y amenazas contra periodistas y aplicar sanciones que reduzcan la impunidad.
En el mismo sentido urgió al gobierno de México para que tome medidas que garanticen la seguridad de los comunicadores, y da cuenta de que 2016 podría convertirse en el año más peligroso para el periodismo en los últimos 30 años.
En cuanto a Argentina, la SIP celebró el “giro radical” este año en la relación prensa-poder político con la llegada de Mauricio Macri, de cuyo gobierno, afirma, tiene el compromiso con la libertad de expresión.