Rosa (nombre ficticio) tiene que pasar muchas dificultades económicas para poder sostener a sus dos hijos de 5 y 3 años de edad.
Su esposo es agente de la Policía destacado en una delegación de la zona Paracentral del país. En mayo del 2015, su esposo desapareció cuando gozaba de su tiempo libre (de licencia) y aparentemente había ido a departir con unos amigos a la laguna de Apastepeque, San Vicente.
Desde el momento de su desaparecimiento, sus parientes y sus compañeros policías se dieron a la tarea de buscarlo intensamente, sin que tuviesen éxitos.
Tras varios meses de búsqueda, los esfuerzos de sus familiares y compañeros llegaron a su fin, desistieron continuar porque no obtenían ninguna pista que los llevara a dar con su paradero.
Sin embargo, el calvario de Rosa comenzó a raíz de que su esposo era el sostén de la familia, y no recibe el salario de su esposo, porque como no hay un documento que legalice la situación de desaparecido, no puede justificar su ausencia a su trabajo. Tampoco puede gestionar el seguro de vida porque no se ha certificado por el Instituto de Medicina Legal que su esposo murió.
Rosa ha logrado subsistir con las ayudas de compañeros policías y de algunos familiares, pero es insuficiente.
En la delegación de Policía donde está destacado su esposo le ofrecieron un empleo de servicios generales, pero hasta el momento se desconoce si Rosa ha sido empleada en la referida sede policial.
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El esposo de Rosa es uno de los 13 policías que desaparecieron entre los años 2011 y 2015, según cifras de la Oficina de Información Pública de la Policía. Sin embargo, algunos policías han señalado que no menos de 20 agentes están desaparecidos desde los últimos cinco años. La mayoría de los agentes han sido raptado por pandilleros.
Además de los asesinatos de policías, en su mayoría cuando gozaban de sus días libres, se suma el problema de los agentes desaparecidos a la corporación. Ese problema que se traduce en el drama que viven los familiares de los policías extraviados, porque no pueden recibir ni el salario de sus parientes ni pueden gestionar el seguro de vida porque no se tiene un documento legal que haga constar de que haya muerto.
De los 13 agentes que se encuentran desaparecidos se detalla que de dos de ellos no se sabe nada desde el 2011, otros dos desde el 2012, al año siguiente desaparecieron otros tres; mientras que en el 2014 solo hubo un desaparecido y en el 2015 alcanzó la cifra de cinco, según el informe.
Detalla que dos de los policías desaparecidos están en el rango de los 18 a 30 años, otros seis andaban entre 31 y 40 años de edad, cuatro más tienen entre 41 y 50 años y uno que sobrepasa los 51 años.
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Señala que ocho de los agentes desaparecieron en los primeros cinco meses de los años 2011 hasta el 2014. El desaparecimiento de los cinco policías en el 2015 se registró en el segundo semestre del año, que fue el período con mayor violencia en la historia reciente del país.
Tres de los agentes desaparecidos estaban destacados en la delegación Centro de la Policía en San Salvador; mientras que dos estaban asignados en las delegaciones de Soyapango y Ciudad Delgado.
El resto habían sido destacados en Usulután, Sonsonate, La Libertad, Cuscatlán, Tránsito Terrestre y la Subdirección de Áreas Especializadas Operativas.
La oficina de Información Pública de la Policía no reveló los nombres de los policías desaparecidos, sin dar una justificación, se limita a señalar que no está disponible.
Tampoco proporcionó las razones de los desapariciones de los 13 policías, ni tampoco si a la fecha, alguno de esos agentes ha sido hallado, ya sea vivos o muertos.
A la angustia de los familiares de no saber nada de sus parientes desaparecidos, algunos por varios años, se les suma la difícil situación económica por la que atraviesan por el hecho de que no reciben ningún apoyo de la PNC.
Como no pueden demostrar legalmente que sus parientes han muerto, entonces, los familiares tendrían que esperar cuatro años para comenzar a tramitar un proceso de muerte presunta en un tribunal de justicia.
Policías consultados señalaron que por la situación de inseguridad que viven ante los ataques de las pandillas, las autoridades de la corporación deberían de establecer algún mecanismo de ayuda económica para los familiares que aún tienen a sus parientes desaparecidos.
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En el mismo informe de la Oficina de Información Pública de la PNC reconoció que la corporación policial no cuenta con programas de ayuda económica o social para poder asistir a los familiares de los policías que se encuentran desaparecidos por distintas circunstancias entre los años 2011 y 2015.
La información proporcionada por la División de Bienestar Policial de la corporación, enviada a través de la referida oficina, se detalla que no se les puede asistir con algún tipo de apoyo, debido a que la institución no cuenta con programas de ayuda para las familias de policías desaparecidos, porque las ayudas y los beneficios que se tramitan en el referido departamento de Prestaciones se realizan con base a la presentación de la partida de defunción.
En los casos de los agentes extraviados, la referida unidad señala que se debe de esperar la declaratoria de la muerte presunta de esa persona por parte de un juez de lo Civil, cuyo documento tiene que ser tramitado por los familiares después de haber transcurrido cuatro años desde el desaparecimiento de su pariente. Al obtener la declaratoria de muerte presunta, los familiares tienen que presentarse al Registro del Estado Familiar de las alcaldías para gestionar la partida de defunción con base al Código Procesal Civil y Mercantil.
Reconoció la referido oficina que solo en una ocasión se les entregó ayuda como canastas básicas que fueron donadas por la iglesia del Camino de las Asambleas de Dios, pero de ahí no han tenido apoyo institucional.
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Señala el departamento de Prestaciones de la PNC que para gestionar las ayudas o beneficios posibles para las familias de estos agentes es necesario que éstas cuenten con la partida de defunción, ya que se han dado algunos casos en los que el policía que estaba extraviado ha sido encontrado con vida, antes de los cuatro años que exige la ley.
El director de la Policía Howard Cotto explicó que la corporación no puede hacer más de lo que la ley no los faculta y en ese sentido, dijo que existe un procedimiento establecido en la ley para demostrar la muerte presunta.
Reconoció que la PNC no cuenta con programas de asistencia a los familiares de los policías desaparecidos más que la ayuda de carácter temporal de algunas organizaciones religiosas. Explicó que cuando se solicita el servicio del seguro de vida para el personal policial, en ninguna de las compañías aseguradoras contempla el pago del seguro sin haber demostrado legalmente el fallecimiento de una persona y “para eso la ley establece un mecanismo que la Policía no puede obviar que es la declaratoria de la muerte presunta”.
El jefe de la Policía señala que tratan de “trabajar el caso lo más profundo de forma tal que realizar el hallazgo y demostrar que el cuerpo pertenece a algún miembro de la institución para efectos de efectuar el pago”, y poder dar ese beneficio a los familiares.
Tres años sin saber de su paradero, solo hallaron la moto
El agente de la Policía Carlos Osmaro Hernández desapareció en octubre 2013, pero hasta el momento se desconoce donde se pueda encontrar. El posible plagio de Hernández se produjo cuando regresaba de cumplir con su servicio en la oficina de Atención Ciudadana (Odac) de la delegación Centro de la Policía de San Salvador.
Hernández manejaba su motocicleta M-66-824 al momento de su desaparición, la cual fue hallada días después en una gasolinera de Aguilares, municipio donde reside con su familia. Empleados de la gasolinera avisaron a la Policía sobre el estado de abandono de la motocicleta desde hacía varios días. Las investigaciones se iniciaron en su momento por privación de libertad del agente Hernández, luego de que sus familiares y la corporación policial denunciara el desaparecimiento del agente. Pese a la intensa búsqueda de sus familiares y compañeros, Hernández aun no ha sido localizado. Incluso, a tres años de desaparecido, las autoridades todavía no tienen indicios de su paradero, en tanto su familia no recibe ningún tipo de ayuda económica.
“Permitirles a las familias de que no queden en el desamparo total, y que por lo menos se pueda presumir que existe un posible homicidio dentro de la desaparición”. Rodrigo Avila, diputado ARENA y exdirector PNC
Sin pistas de uno de los mejores armeros de la PNC
José Rosa Ramírez Muñoz, de 45 años, es considerado uno de los mejores armeros (mecánico de armas) que haya tenido la Policía desde su fundación en 1993. Desde el 8 de octubre del 2014, sus familiares y sus compañeros policías no tienen ni idea de su paradero.
Las investigaciones policiales para localizar a Ramírez Muñoz no han sido fructíferas, según fuentes policiales. A la fecha, Ramírez Muñoz todavía está desaparecido y pocos indicios conocen las autoridades policiales sobre su paradero. Como parte de sus últimas actividades en la Policía, Ramírez integró la delegación de la PNC que viajó a Brasil para verificar la idoneidad de un lote de armas de fuego que se compraron a una fábrica en ese país sudamericano. Al igual que en otros casos, del paradero del armero Ramírez Muñoz todavía lo desconocen las autoridades policiales; mientras que su familia sigue con esa angustia de no poder encontrar a su pariente y además de no contar con el apoyo económico que les brindaba. El caso ha sido manejado manejado con mucho hermetismo por parte de la entidad policial.
Esposa e hijos en el desamparo por ausencia de padre
Javier Antonio Portillo, desapareció el 9 de abril del año pasado en la zona de Apastepeque, San Vicente. Portillo se encontraba de libre, cuando se supone que fue plagiado por pandilleros que operan en la comunidad donde residía con su familia: su esposa y sus dos hijos, de cinco y uno año de edad. Los mareros lo obligaron a subirse a un microbús del transporte público que va a la laguna de Apastepeque. En su oportunidad también se manejó que Portillo habría sido visto departiendo acompañado de un amigo suyo que se supone era pandillero. Por dos semanas, sus parientes y compañeros policías se enfrascaron en una intensa pero infructuosa búsqueda, por lo cual desistieron seguir buscándolo.
Compañeros de Portillo han cuestionado a las autoridades policiales por el hecho de que no han profundizado en las investigaciones para dar con el paradero del agente, quien estaba destacado en un puesto de la Policía Rural en San Vicente. Hasta la fecha, las autoridades policiales no tienen ni la más mínima pista de donde podría encontrarse o si tuvo un fatal desenlace.
