El gobierno efemelenista, escondiendo su absoluta incapacidad, manifiesta que no hay recursos por culpa del sector privado que elude o evade impuestos. Y publica suplementos (no en este periódico) con los nombres de empresas y personas que, al 30/09/2016 algunas y otras al 11/10/2016, “se encontraban en revisión en el Tribunal de apelaciones TAIIA”: 241 casos, además de 109 sentencias; 269 casos de “las demandas admitidas por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ, notificadas a la DGII”, además de 26 fallos emitidos; 11,111 contribuyentes en mora, con deudas mayores a $100,000.00; 7,403 contribuyentes con deudas mayores a $30,000.00 y 241 contribuyentes, monto a publicar. Todo ello, salvo error u omisión, como antiguamente se hacía constar, suman $805,738,615.54. Y, ante semejante barbaridad, el común de los mortales sentiríamos hervir la sangre porque “los ricos” no pagan impuestos y por eso “los pobres” no reciben los “beneficios” que les otorgan los programas sociales, los viejitos se quedan sin pensión, las leyes de escalafón no pueden ser honradas, las alcaldías deben cerrar por falta de recursos y ¡etcétera! ¡Culpa de los empresarios, de los ricos y de ARENA!
Pues, no, es hora que abramos los ojos (o que alguien, ¡por favor! nos los abra). La culpa es de la incapacidad del gobierno en general y de Hacienda en particular. ¿Cómo es posible que no cobre lo que le deben, sino que lo tiran a la Fiscalía cuando, como declaró el Fiscal General, ya no puede cobrarse por muchísimas razones? Y ahora, para “resarcirse” de lo que han perdido, quieren más impuestos que deberán pagar los mismos contribuyentes de siempre, ¡si es que todavía les queda con qué!
Es hora de establecer para el gobierno los requisitos mínimos que se exigen al sector privado. Por ejemplo, las normas financieras exigen la revelación no solamente de la misión, visión y objetivos, sino de las políticas empresariales: de empleo, de salarios, de dividendos, de calidad de productos, de nivel de proveedores, de endeudamiento, de inversión, etc. Y para poder realizar todo eso y pagar todos los impuestos debidamente, cada empresa debe contar con el personal idóneo o fracasar.
Pero en el gobierno, nada de eso existe. Inconcebible, porque si una empresa fracasa, sus accionistas, todo su personal y sus respectivas familias, sufren seriamente. Pero si fracasa el gobierno, fracasa el país, y fracasamos todos, sin distinción. Eso es inadmisible.
Actualmente el gobierno y la oposición están en una aparente negociación. Es el momento de exigir, primero, un cese a la campaña de odio de clases; luego un acuerdo fiscal como primer paso para evitar caer en el abismo, así como un análisis técnico, responsable de una reforma al sistema previsional. Y exigir también la implementación de una Ley del Servicio Civil moderna y efectiva, que nos libre de todos los parásitos que medran a costillas de nuestros impuestos y consumen los recursos que deberían servir para que nuestra población pueda gozar de seguridad física y jurídica y alcance la educación de calidad y los buenos servicios de salud a los que tiene derecho.
No nos dejemos engañar; los salvadoreños sí pagamos impuestos, pero mientras toleremos que haya incapacidad y corrupción, nunca serán suficientes. No permitamos más impuestos, sino que exijamos que los muchísimos que ya pagamos, se utilicen con honestidad, eficiencia y eficacia.
*Columnista de El Diario de Hoy.