Sidney Blanco, uno de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró esta mañana que esperaba que la Fiscalía General de la República (FGR) abra investigaciones penales contra los funcionarios que Probidad ha señalado por casos de corrupción.
Blanco reiteró que en las últimas semanas se han incrementado los ataques contra la Sala de lo Constitucional por parte del Órgano Ejecutivo y de parte del miembros del partido oficial FMLN con la intención de amedrentar a los magistrados y frenar, con ello, las múltiples investigaciones por actos de corrupción que se están desarrollando en la CSJ.
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Además criticó que el diputado oficialista, Medardo González, dijera públicamente que no iban a acatar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional.
Magistrado S. Blanco reprocha a Medardo González por qué llama a no cumplir sentencias. #ElSalvador
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“Cuando busco una explicación al porqué el Ejecutivo y el FMLN se han enfrascado en sus ataques, creo que es para amedrentar a la Sala (de lo Constitucional)”, afirmó el magistrado.
El funcionario dijo que las investigaciones deben considerar también investigar a entidades financieras que por ley estaban obligadas a informar sobre transacciones sospechosas de dinero y no lo hicieron, en referencia al caso del ex secretario privado de la Presidencia de la República, en el período presidencial de Elías Antonio Saca, Élmer Roberto Charlaix.
Se está buscando frenar las investigaciones por actos de corrupción, denuncia magistrado S. Blanco en @Frentea_Frente. #ElSalvador
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Blanco indicó que en ese caso, precisamente, hubo transacciones de más de medio millón de dólares para luego ser depositados en otras cuentas, de las cuales los bancos no informaron a la Fiscalía.
“Aquí se retiraba hasta medio millón de dólares de los bancos y luego se depositaban en otras cuentas. Los bancos deben ser investigados por no informar de esas transacciones sospechosas”, puntualizó el magistrado.
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió por unanimidad, enviar a juicio por enriquecimiento ilícito a Charlaix por no poder justificar 18 millones de dólares que eran transados de una cuenta de la Presidencia de la República a nombre del entonces presidente Saca y luego depositados en dos cuentas de Charlaix.