El exceso de empleos en el aparato estatal podría reducirse poco a poco y a través de mecanismos legales, según el análisis del economista Carlos Pérez Trejo, de la Fundación Nacional de Desarrollo.
Según Trejo, hay margen para prescindir de al menos 5 mil plazas estatales cuando venzan sus contratos. Pero además, hay un estimado de 10 mil plazas más de personas que trabajan en una dependencia del Estado, pero ya cumplieron su edad de jubilación, por lo que podría ofrecérseles una de las dos opciones para reducir la carga del Estado.
“No es que se vaya a hacer un despido masivo. Hay alternativas legales para prescindir de estas personas”, aseguró el economista.
Y son justamente personal de la Asamblea Legislativa o de la Presidencia las primeras instituciones en las que se pudiera analizar cuáles podrían ser los puestos de trabajo en los que se necesitaría reducir personal.
En 2014 se aprobó una ley de retiro voluntario con el que todos los empleados, ya sea públicos o privados, pueden renunciar a su empleo y recibir una compensación por ello.
Esta podría ser una herramienta para lograr reducir la gordura del Estado sin provocar un despido masivo, dice Pérez Trejo.
Son los salarios públicos los que más le están generando gastos al Gobierno.