En marzo de 2018 está previsto celebrar las elecciones de alcaldes y diputados. Un año después, en 2019, los salvadoreños elegiremos al nuevo Presidente de la República. La organización de ambos acontecimientos requiere de una cuidadosa planificación. La finalidad última de este tipo de procesos es facilitar el ejercicio del sufragio al votante y respetar, de manera inequívoca, su voluntad expresada en las urnas. Cualquier descuido en alguna de las etapas del ciclo electoral puede provocar el rechazo de los resultados por parte de los actores políticos. También significaría una alteración de la confianza de los ciudadanos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Un requisito fundamental –aunque no el único– para el normal desarrollo de las elecciones es que el TSE cuente con suficientes recursos humanos y financieros. Sin dinero la autoridad no puede preparar los programas de transmisión de resultados, capacitar a instructores, facilitadores y miembros de las Juntas Receptoras de Votos, mantener el voto residencial, implementar un programa de consulta ciudadana permanente, promover el voto desde el exterior, producir las campañas publicitarias para explicar las distintas formas de votar y para que los jóvenes que cumplen la mayoría de edad obtengan su Documento Único de Identidad.
El financiamiento de la competencia electoral proviene de nuestros impuestos. Es, quizás, una de las más importantes inversiones que hacemos como contribuyentes. Sin elecciones no hay control social y no es posible premiar o castigar a los representantes, tanto a nivel municipal como en el ámbito legislativo. Retrasar la aprobación del presupuesto requerido por el TSE y, peor aún, disminuir el monto solicitado por los magistrados que integran ese organismo, arriesga el buen desempeño de su trabajo y, principalmente, compromete la legitimidad de los elegidos debido a las dudas que desencadenarían las fallas, sobre todo tratándose del conteo de votos y del procesamiento de los datos finales.
El TSE solicitó al Ministerio de Hacienda, en agosto de este año, un anticipo de $13 millones del presupuesto de 2017 con la finalidad de “adelantar compras relacionadas a las elecciones del 4 de marzo de 2018 y, también, para prestaciones laborales de 517 empleados de la institución”. Más de $11 millones de lo demandado son para realizar las acciones que se mencionan en esta columna destacando el rubro de la “transmisión y procesamiento de resultados preliminares”. Entre las inversiones se echa de menos el fortalecimiento de la unidad jurisdiccional y de aquella que auditará el financiamiento político.
Los magistrados señalan que es necesario hacer compras e inversiones el próximo año. Es una petición razonable y suficientemente sustentada pues la disputa por las alcaldías y los escaños legislativos tendrá lugar en marzo de 2018 y por tanto deben adquirirse bienes y servicios en 2017.
Ciertamente la crisis fiscal que afecta al país induce a pensar, equivocadamente, que es necesario reducir los gastos de las elecciones para estar “a tono” con la austeridad que exige la condición de las finanzas públicas. Nada estaría más alejado de la verdad. Con el acuerdo de paz y aún antes, desde los comicios de 1984 y 1989, aunque con cierta reserva por la falta de transparencia e imparcialidad de quien administraba los procesos en esa época, la sociedad aceptó al sistema electoral como el mecanismo por excelencia para distribuir el poder político.
El endeudamiento no se resuelve afectando la oportunidad de los ciudadanos para evaluar a quienes ocupan cargos de elección popular. Por el contrario, el acuerdo integral para ordenar las cuentas del Estado debe contener un respeto irrestricto a la forma de gobierno republicana, democrática y representativa establecida en la Constitución de la República. Eso significa atender, sin demora y con exactitud, las demandas presupuestarias del TSE. Toda actuación contraria a esta lógica debería ser interpretada como una maniobra sospechosa del Ejecutivo, preparatoria de un fracaso institucional del árbitro electoral, que no tendría otra excusa más que la de endosar la culpa del descalabro del proceso a quien no le entregó los fondos pedidos para el desempeño de sus funciones. Eso también facilitaría el “descargo” de la responsabilidad para el o los magistrados del Tribunal que actuaran en complicidad con algún partido político para malograr las elecciones.
*Columnista de El Diario de Hoy