El enfoque con que se aborda el tema del gasto en seguridad pública ha cambiado en los últimos días. Gracias a un informe extranjero que reveló que El Salvador es el país que más gasta en seguridad, ahora todos se preguntan ¿entonces cómo es que estamos en esta crisis? La ineptitud del gobierno, por supuesto, se ha convertido en la respuesta más frecuente a esta interrogante. Es la respuesta más lógica. Durante una conversación entre amistades, un amigo economista me lo describió de forma muy acertada: es como si le dieras un millón de dólares a un niño de diez años para que lo invierta en la Bolsa de Nueva York. Aunque subás la cantidad a dos millones, el resultado siempre será el mismo. El niño no tiene las competencias necesarias para invertir el dinero de forma inteligente y, por lo tanto, lo más probable es que siempre base su decisión en criterios inapropiados e invierta el dinero que le des en acciones perdedoras.
Esta no es una observación nueva. Un informe publicado en 2012 por el Banco Mundial ubicó el gasto salvadoreño en seguridad en una posición privilegiada en relación al de otros países del Istmo y, además, concluyó que éste era invertido de forma ineficiente, ya que se destinaba a rubros de poco impacto.
A pesar de la alarmante realidad descrita por el informe, las autoridades han continuado con un discurso basado en la lógica de: un mayor gasto en seguridad se traducirá en mejores resultados. Por supuesto que esta premisa está condicionada a que las autoridades destinen los fondos en áreas de impacto. Esta condición no se ha cumplido. Las conclusiones plasmadas en un informe elaborado este año por Fusades son consistentes con las del informe del 2012 publicado por el Banco Mundial, lo que sugiere que el gasto en seguridad aún continúa siendo ineficiente.
La influencia política sobre el aparato de seguridad ha sido siempre una importante limitante. Los políticos generalmente tienden a favorecer la inversión del gasto en seguridad en lo más visible e inmediato, en lo que puedan vender electoralmente. Más policías y soldados patrullando las calles, bajo esta lógica, han sido el destino preferido como lo revelan los diferentes informes. Sin embargo, este tipo de abordajes tiene un impacto limitado sobre la criminalidad.
Aunque este criterio para destinar fondos aún persiste, los políticos han agregado otra capa de complicaciones al tema, relacionada a la consecución de objetivos partidarios y al financiamiento del clientelismo y despilfarro. El Ejecutivo ha contratado a tantas personas vinculadas al partido oficial y se han acostumbrado a un estilo de vida con tantos lujos que el dinero simplemente no alcanza. Así lo explican economistas con cifras en las que se demuestra que el Ministerio de Hacienda ha recolectado más que en el pasado, pero el gasto no alcanza a cubrir los gastos fijos. Esto ha empujado a que los políticos oficialistas, en su afán por financiar este gasto innecesario sin hacer cambios que afecten a su partido o el estilo de vida de sus funcionarios, utilicen el tema de seguridad para justificar su acceso a préstamos y otras fuentes de dinero.
Esto no significa que el gasto en seguridad no sea ineficiente. Hace unos días se publicaron en los periódicos los onerosos costos de los uniformes de gala en la Policía y Fuerza Armada. Los mismos policías comentan sobre la contratación masiva de personal administrativo que se ha dado en la institución en los últimos años. La ineficiencia persiste y, ahora, tenemos que sumarle las consecuencias derivadas de la lucha por dinero para financiar el clientelismo y los lujos para sus dirigentes. Es importante no perder esto de vista a la hora de interpretar las justificaciones oficiales para pedir más dinero.
*Criminólogo
@cponce_sv