A pesar del pago de $108.5 millones de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) a la constructora Astaldi, ambas partes aun disputan la propiedad de varios equipos que dejó la firma italiana luego de firmar el arreglo directo que finiquitó el contrato de construcción de El Chaparral en 2012.
Según explicó el presidente de CEL, David López Villafuerte, a mediados de 2015 la Fiscalía General de la República (FGR) encontró varios documentos que confirmaban la propiedad de la autónoma de bienes que se suponía que eran de Astaldi pero que se incluyeron en el valúo hecho para respaldar el millonario pago del arreglo directo.
“A nosotros nos sorprendió que la Fiscalía encontrara documentación que confirmara que estos bienes y equipos se pagaron, lo cual deja sin sentido unas cláusulas que se incluyeron en el arreglo directo con Astaldi, eso no era de nuestro conocimiento, no lo sabíamos. El caso sigue en manos del ministerio público y nosotros estamos estudiando las alternativas cuando se levanten las diligencias que hay sobre la maquinaria para ver que haremos con ella”, aseguró el titular de la autónoma el jueves en una visita al proyecto El Chaparral.
López Villafuerte explicó que el valúo hecho por las empresas supervisoras en 2012 (las firmas Euroestudios-Ingetec) incluyó los equipos hidromecánicos de la obra y “diferentes facilidades”, como la formación de patios de plantas industriales, planta de trituración de agregados, planta de concretos, campamentos e instalaciones provisionales.
Todo esto suma más de $12 millones que forman parte de los costos que reconoció la CEL al respecto en este rubro, indicó el funcionario.
“Nosotros emitimos un acuerdo de junta directiva para proteger y defender los bienes según nuestra legislación, aunque la Fiscalía solicitó un acto urgente de comprobación y decretó que los bienes no podían ser movilizados y eso aun está pendiente de que se resuelva, aunque Astaldi siempre ha insistido en movilizarlos nosotros hemos acatado y los estamos administrando”, añadió López Villafuerte.
Los procedimientos se solicitaron por parte de la FGR y contaron con el aval por parte del Juzgado de Paz de San Luis de la Reina, San Miguel.
Hay que recordar que en mayo pasado Astaldi envió una carta al juez Eduardo Rodríguez donde solicitaba mover los bienes que no están bajo custodia fiscal.
Esto debido a que el ex contratista de la CEL había sido informada por distribuidores privados de energía que la red eléctrica de la empresa italiana estaría siendo utilizada por la autónoma y que hasta se solicitó el cambio de facturación .
En este contexto López Villafuerte reveló que la grúa quequedó en el proyecto “fue desmantelada por Astaldi”, ya que se le quitó su sistema hidráulico por lo que de momento es un equipo inservible.
“Un grupo pequeño de personas sabían que esto se pagó en el arreglo directo, hasta los sistemas de la grúa fueron desmontados por los italianos, eso es un fraude en todo sentido, ellos (Astaldi) han creado una demanda y un problema sin razón de ser”, puntualizó el presidente de CEL.
La constructora italiana y la autónoma firmaron un protocolo sobre la maquinaria que permanece en el proyecto hidroeléctrico e incluyeron una cláusula que dejó abierta la posibilidad de que la CEL y Astaldi negociaran, durante los 60 días posteriores a la firma del arreglo directo, un contrato de arrendamiento con opción de compra, el cual nunca se celebró.
Pese a esto los equipos nunca se retiraron ni se desmontaron las oficinas administrativas de Astaldi y los campamentos.
Se buscó la posición de la constructora italiana sobre este tema pero dijeron que no emitirán opinión hasta que la FGR aclare el caso.