GUATEMALA. Una trama, compuesta por 27 personas, que defraudó más de 3 millones de quetzales (397,324 dólares) en el Registro General de la Propiedad (RGP) de Guatemala, fue desarticulada ayer.
Hasta el momento han sido detenidas 22 personas, entre ellos la que fuera diputada del exgobernante Partido Patriota (PP) y extitular del RGP, Anabella de León, y existe orden de captura contra otros cinco implicados.
Todos ellos están acusados de los delitos de peculado por sustracción y falsedad ideológica, explicó la Fiscal General, Thelma Aldana, en una conferencia en la que estuvo acompañada por el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.
La investigación desveló que entre enero de 2012 y mayo de 2015, De León autorizó la firma de 16 contratos laborales anómalos, conocidos como “plazas fantasma”, los cuales recibieron más de 3 millones de quetzales (397,324 dólares) como remuneración por un trabajo no realizado.
Estos empleados, explicó el titular de la CICIG, “no asistían físicamente” a su puesto de trabajo ni eran conocidos por sus jefes inmediatos.
Al menos siete de ellos trabajaban además para otras instituciones del Estado, incluido el Congreso de Guatemala.
La estructura delictiva defraudó además al menos 150,000 quetzales (19,866 dólares) con la organización de banquetes que nunca llegaron a realizarse.
La investigación se inició tras una denuncia interpuesta por el sindicato de trabajadores de la entidad contra la gestión de De León.
Desde 2015, la fiscalía y la Comisión han desmantelado por lo menos 21 estructuras vinculadas a corrupción, entre ellas los denominados “La Línea”, “TCQ” y “Cooptación del Estado”, que tienen en prisión preventiva al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Sólo el último de ellos, durante la gestión del Partido Patriota, desvió más de 500 millones de quetzales (66,2 millones de dólares), precisó Velásquez.
Cargos a magistrado
También la Fiscalía imputó y el delito de tráfico de influencias y asociación ilícita al magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Douglas Charchal, implicado en un caso de corrupción en la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
El titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), Juan Francisco Sandoval, dijo ante el juez Miguel Ángel Gálvez que el magistrado movió sus influencias para beneficiar a TCQ.
Sandoval aseguró que el magistrado fue contratado por Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, en prisión preventiva por este caso de corrupción, para que a través de sus influencias favoreciera a Terminal de Contenedores Quetzal.
Como parte de las pruebas, la Feci presenta escuchas telefónicas al juez.
Según el MP y la Cicig, el magistrado tuvo participación en el proceso de negociación del usufructo oneroso a favor de TCQ.
El contrato de ampliación de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) le habría representado a Pérez Molina y Baldetti, unos 24,5 millones de dólares en comisiones, según las investigaciones.