La mayoría de personas que vivimos en El Salvador necesitamos de nuestro trabajo para satisfacer las necesidades propias y de nuestro grupo familiar. Con suerte, la remuneración obtenida en nuestro trabajo logra cubrir aquel “mínimum vital” del que hablaba Alberto Masferrer en 1929: un trabajo higiénico, perenne, honesto y remunerado en justicia; una alimentación suficiente, variada, nutritiva y saludable; un lugar de habitación amplio, seco, soleado y aireado; agua buena y bastante; vestido limpio, correcto y un buen abrigo; en resumen, “la satisfacción constante y segura de nuestras necesidades primordiales”. Y no solo eso, también si tenemos la oportunidad de gozar de condiciones como un ambiente de trabajo amigable y salubre, también podemos considerarnos afortunados.
Sin embargo, no todos los salvadoreños tienen la oportunidad de desarrollar sus actividades con remuneraciones acordes a la importancia de su labor o dentro de entornos adecuados, por lo que el día a día se convierte en un acto de supervivencia en los juegos del hambre; las precarias condiciones en las que muchos desarrollan sus actividades han reactivado la vieja lucha por mejorar los derechos laborales de miles de trabajadores pertenecientes al gremio de maestros, médicos y policías. Recientemente hemos observado las distintas protestas de estos sectores para que sean cumplidos los escalafones de cada gremio y la mejora de las condiciones salariales de los trabajadores.
La exigencia de mejoras salariales es una lucha válida para todos aquellos que se prepararon para ejercer una profesión y para quienes todos los días hacen el esfuerzo de realizar su trabajo de la mejor manera. Y ante ello, resulta complicado decirles a los trabajadores de sectores tan importantes como salud, educación y seguridad pública, que es imposible mejorar sus condiciones laborales y los salarios, cuando todos vemos los gastos excesivos pagados con fondos estatales en el resto de instituciones. Es difícil decirle a un policía o a un maestro, que gana entre cuatrocientos y quinientos dólares, que no es posible mejorar su salario u ofrecerle mejores condiciones laborales mientras se gastan grandes cantidades de dinero en otras instituciones, en cosas de las que se puede prescindir (alimentación, bebidas, viajes, seguro médico, entre otros).
A pesar de que las peticiones de mejora de las condiciones salariales son válidas, el complejo problema de la contratación pública y la mejora de las remuneraciones no se soluciona con los escalafones o con la poesía política en forma de ofrecimiento de bonos y mejoras salariales. Enderezar estos problemas pasa por considerar la actualización de la Ley del Servicio Civil y unificación de la multiplicidad de formas de contratación que existen en las instituciones estatales. Es necesario que exista un trato igualitario en todos los sectores, que las diferencias sean propias de las labores que se realizan y no de simpatías arbitrarias.
Además, es necesario considerar medidas complementarias a la sistematización de las contrataciones, tales como: la unificación de salarios y escalafones del sector público, donde personas que realicen funciones similares tengan salarios en igualdad de condiciones; la urgente reducción de gastos innecesarios en las distintas instituciones estatales; la depuración de personas en las estructuras de cada institución, donde existe una gran cantidad de personas que no ingresaron al servicio civil por capacidad y mérito, si no por simpatías partidarias; la estructuración eficiente del Presupuesto General de la Nación; y el necesario control sobre los fondos públicos, donde cada dólar sea correctamente utilizado.
La promesa de cumplimiento de escalafones, bonos, aumentos salariales se torna en un ofrecimiento vacío si no se trata este problema de forma integral, planteando y ejecutando una solución sensata para cada arista que compone la complejidad de las finanzas del Estado en un país pobre. Si el problema no se aborda de forma completa, cualquier programa que pretenda beneficiar a los sectores trabajadores en los gremios de salud, educación y seguridad pública sería insostenible en el largo plazo, teniendo en consideración el tipo de gasto en el resto de instituciones del Estado y la situación actual de la economía. El Gobierno tiene que estar dispuesto a prestar toda su atención en la búsqueda de soluciones para los sectores trabajadores, tal y como lo hizo cuando era oposición.
*Columnista de El Diario de Hoy.