La industria minera mantiene sus ojos sobre El Salvador; mientras que grupos ambientalistas y de la Iglesia Católica han demostrado su férrea oposición a la minería.
Sin embargo, la Asamblea Legislativa sigue sin retomar el análisis de la Ley de Minería Y empresas e instancias internacionales han expuesto su interés porque el país permita el desarrollo de esa industria.
“Por la condición geológica de El Salvador existen posibilidades de encontrar yacimientos metálicos de significación que le permitan tener independencia económica y fuente de ingresos”, expuso recientemente Eduardo Chaparro, vicepresidente de la Organización Latinoamericana de Minería (Olami).
La minería se ha mantenido congelada desde el año 2009 en el país, a partir de la decisión del entonces presidente Elías Antonio Saca de suspender la entrega de concesiones para la exploración y explotación minera.
No obstante, no existe una proscripción expresa de la minería a través de una ley.
La legislación que persiste es de 1995 que, según ha expresado con anterioridad el juez ambiental, Samuel Lizama, está enfocada en impulsar la explotación minera, con poca atención en la protección del medio ambiente.
Pese a la suspensión, el interés continúa, sobre todo el de las empresas por demostrar las diferencias entre la minería moderna y la artesanal.
En el II Congreso Internacional de Minería, desarrollado a mediados de agosto en Managua, Nicaragua, el tema de El Salvador y la industria minera fue destacado por la empresa OceanaGold Corporation, que presentó el proyecto que mantiene en Cabañas.
OceanaGold es una compañía multinacional productora de oro que compró a la minera Pacific Rim en 2013, y también adquirió el Proyecto El Dorado, localizado en la mina del mismo nombre en San Isidro, Cabañas.
Darren Klinck, vicepresidente ejecutivo de OceanaGold, presentó a la compañía como una empresa minera responsable, enfocada en programas de control ambiental.
Aunque OceanaGold y El Salvador mantienen una querella ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), después de que Pacific Rim demandara al país en 2009, la empresa trabaja en Cabañas a través de la subsidiaria Minerales Torogoz.
OceanaGold presentó un plan de trabajo para El Dorado, donde plantean desarrollar una mina subterránea que “tendría un impacto mínimo en el medio ambiente”.
Klinck expuso que les gustaría construir una sociedad con negocios locales y “que el Gobierno de El Salvador abra un nuevo pilar de desarrollo económico en el país”.
Pero, ¿cómo pueden funcionar en el país mientras aún no hay resolución del CIADI y las concesiones están congeladas? “Debemos esperar a ver si habrá un camino a seguir, en los últimos días han visto las muchas oportunidades que existen en Centroamérica y Latinoamérica”, respondió Klinck, poniendo como referencia los avances que la industria minera ha tenido en Nicaragua.
Klinck añadió que en el país aún no hay un negocio de minería per se, “pero hay un equipo dedicado a trabajar con las comunidades locales”.
Además de Pacific Rim, ahora OceanaGold, hay dos empresas mineras más que tramitaron una solicitud de concesión para explotación de minerales. Commerse Group Corp, por la mina San Sebastián, de Santa Rosa de Lima; La Unión y Minera Atlas, S.A de C.V., en la mina El Zapote, de Metapán. De acuerdo con un informe provisto a finales de 2015 por la Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas, del Ministerio de Economía, las tres solicitudes se habían quedado “en análisis para resolver”.
Commerse Group Corp también demandó al país ante el CIADI, pero en 2013 se suspendió el procedimiento.
La minería en Nicaragua
El Proyecto El Dorado fue expuesto pocas horas después de que la Cámara Minera de Nicaragua diera a conocer que la minería metálica y no metálica representó el 3% del PIB de dicho país durante el 2015. En ese mismo período las exportaciones de oro alcanzaron los $317.9 millones.
“Minería para todos significa abrir los ojos y darse cuenta de lo que realmente significa el aporte de la industria minera para los nicaragüenses, para los centroamericanos, para Latinoamérica y para la humanidad”, manifestó el presidente de la Cámara, Sergio Ríos.
Chaparro expresó que el primer reto que debe afrontar la industria es el tema de la reputación, pese a su importancia por el uso de los minerales en equipos electrónicos, y para la construcción.
No obstante, dijo que El Salvador necesita no solo de una ley fuerte, sino también de una institucionalidad para impulsarla. “Que el Estado se dé cuenta que ahí puede tener una fuente de ingresos”.
Carmen Aída Muñoz, directora ejecutiva de la Cámara Americana de Comercio en El Salvador (AmCham), consideró que el auge que Nicaragua está teniendo en la minería debería servir como una lección para el país.
“El Gobierno debe entender que cualquier sector manejado responsablemente con una capacidad técnica adecuada puede ser una salida a la crisis financiera, fiscal, de empleo, de inversión, que tiene El Salvador ”, dijo.
El modelo de la mina La Libertad, en el departamento de Chontales, Nicaragua, administrada por la empresa canadiense B2Gold, es similar al que OceanaGold buscaría replicar en El Dorado.
La mina inició con una extracción a cielo abierto, pero ha pasado a ser subterránea. Los residuos de lo procesado con cianuro son depositados en una especie de laguna de 124 hectáreas de extensión, llamada presa de colas.
El gerente general de la mina, Jorge Marín, aseguró que el agua es reutilizada, además la captan de precipitaciones para el procesamiento del oro. Informó que el agua que ya no se usa es procesada para reducir niveles de cianuro y evitar la contaminación de los ríos.
Recelo en El Salvador
Pero las inquietudes persisten en el país. “Comparan a Nicaragua y El Salvador, pero las comparaciones no van porque son condiciones demográficas, geográficas, topográficas totalmente distintas”, indicó Saúl Baños, miembro de la Mesa Nacional Frente a la Minería.
Luis González, también de la Mesa, vio con preocupación el trabajo que mantienen las mineras en el país. “Por medio de la camisa de responsabilidad social empresarial están promoviendo la minería en el territorio”, dijo.
La ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, sostuvo que no hay condiciones para la explotación de minería metálica en el país. “No hay institucionalidad que dé supervisión y seguimiento, no tenemos gente en el ministerio para dar seguimiento a la actividad minera”, expuso Pohl.
González apuntó que es necesario que se abra un debate sobre la minería en la Asamblea Legislativa, ya que se ha mantenido ausente, pese a la necesidad de prohibirla.
Recientemente, en el portal Transparencia Activa, se publicó una nota en la que se dio a conocer que el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, se reunió con miembros de la Mesa y se comprometió a no “permitir la minería en el país”.