De 6,153 documentos que hasta en julio aparecían como información “reservada” de 94 instituciones públicas, el gobierno decidió quitar los candados a 4,475 archivos que estaban dentro de esa categoría de “reserva”, como lo dicta la Ley de Acceso a la Información Pública.
Lo anterior se desprende luego que la mayoría de entidades estatales se han amparado en el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública, para declarar una gran cantidad de archivos en “reserva”, lo cual dificulta a la ciudadanía poder acceder a ellos, pese a que existe la normativa que los regula.
Entre las entidades que tenían un amplio abanico de información reservada era la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) con 175 temas, pero según la actualización que los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública revelaron ayer, la Anda los redujo a 37 ítems.
La Ley determina ciertos criterios para que las entidades gubernamentales clasifiquen en “reserva” alguna información que generan sus instituciones. Pero el caso es que, como lo aseveró el Comisionado Jaime Campos, se ha dado “un abuso” de esta categoría por parte de algunos funcionarios públicos.
Campos reveló ayer que han identificado mucha información declarada en reserva en 32 instituciones por diferentes gerentes y unidades, dado que el Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, faculta al titular de una entidad del gobierno a delegar esa función en otros.
“Un principal hallazgo es que existe un exceso de acuerdos para reservar información, en instituciones públicas se han dado casos que hay hasta 40 personas encargadas de reservar información”, aseveró Campos.
Un ejemplo de lo anterior es el Ministerio de Educación, que tenía en reserva 761 documentos, pero según la actualización reciente, a partir de julio sólo serán 62.
El Fondo Social para la Vivienda (FSV) también tenía 571 archivos declarados en reserva y ahora sólo tendrá 13.
El Ministerio de Economía era otra entidad con un alto porcentaje de archivos sin acceso a la población, pero con la actualización los bajó de 495 documentos reservados a 10.
Entre este grupo también se encuentra la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que de 107 archivos clasificados en reserva los redujo a 20 documentos.
Sin embargo, aún quedan 36 instituciones que, según Campos, mantienen su índice de reserva; y en vez de quitar los candados, nueve entidades del gobierno los aumentaron; y cinco optaron por no actualizar su índice de información reservada.
Las entidades que subieron los archivos en reserva son Cancillería, de 87 documentos ahora son 122; la Universidad de El Salvador de 43 pasó a 63 archivos reservados.
Otros ni siquiera actualizaron su índice, entre ellos, la Asamblea, el Tribunal del Servicio Civil, el Banco Hipotecario, y la Inspectoría General de Seguridad Pública.