Dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron denunciados ayer por la Fiscalía General de tratar de ejercer sus influencias en un juicio que se encuentra suspendido, con el propósito de favorecer algunos de los 127 acusados de integrar una red de corrupción en la administración de justicia en la zona Oriental del país.
Entre los procesados figuran tres exjueces, abogados, empleados judiciales, supuestos narcotraficantes y pandilleros. Algunos de los procesados, en su mayoría abogados, fueron beneficiados con la libertad condicional, pero ya no regresaron a los tribunales.
“La información que tenemos, que estamos corroborando, nos establece de un magistrado de manera directa y uno de forma indirecta, propietarios”, dijo German Arriaza, jefe oficina fiscal de la zona Oriental. Sin embargo, no dio detalles de la forma cómo uno de los magistrados estaría presionando de forma directa y el otro de manera indirecta.
Uno de los acusados es yerno de un magistrado de la Corte Suprema que presionaría de forma indirecta.
Arriaza aseguró que desde que se inició el juicio, 30 de mayo pasado, han ocurrido una serie de situaciones anómalas que han retrasado la vista pública y por ende, que los dos años de la detención provisional para varios de los imputados se hayan cumplido, sin que tengan condena. Esta situación complicaría el juicio, porque podrían recuperar su libertad de inmediato, si existen recursos jurídicos que puedan presentar, y luego burlar la justicia.
“Hay información corroborada, donde se establece que la intervención directamente de un magistrado de la Corte Suprema, de un juez de Menores, de un juez Especializado de Sentencia, y de un juez de Vigilancia Penitenciaría”, dijo Arriaza. Agregó que estos funcionarios judiciales se habrían reunido el fin de semana pasado.
Lo que despierta sospechas es que el lunes pasado, el Tribunal Antimafia de Sentencia de San Miguel suspendió la vista pública y la programó para este lunes próximo.
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Lo que pasó es que el juez Antimafia que llevaba la vista pública fue separado del caso por la Cámara Antimafia de San Miguel por haber sido recusado por el empleado de la Sala de lo Constitucional Luis Oswaldo López Álvarez, uno de los acusados.
La referida Cámara designó a un juez común de Sentencia de San Miguel para que siga con la vista pública.
“La preocupación de la Fiscalía se basa en que ya transcurrieron tres meses, en donde desfiló todo el elenco probatorio (en un 75 por ciento por parte de la Fiscalía) y cualquier cambio de juzgador en este momento, vendría a causar graves perjuicios al proceso”, dijo Arriaza.
Agregó que se argumentó razones de salud para la separación del juez que conocía de la vista pública, pero “entenderíamos que esas razones de salud vienen existiendo desde hace muchísimo tiempo”.
En ese sentido, Arriaza consideró que se hubiese dejado que el juez Antimafia terminara la vista pública y agregó que “no estamos en contra del traslado del juez, sino lo que nos parece muy sospechoso es que ese traslado se quiera hacer precisamente en este momento en donde se está desarrollando la vista pública y que el elenco de prueba de cargo ya ha sido desfilado en un 75 por ciento”.
Otras de las anomalías que según la Fiscalía General ha afectado el proceso es que la Cámara Antimafia de lo Penal confirmó la detención preventiva de todos los acusados, pero hubo nombramientos de nuevos magistrados y éstos cambiaron el arresto de algunos de los procesados por la libertad condicional.
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Sin embargo, los acusados que fueron beneficiados con la libertad condicional ya no se presentaron al tribunal, por lo que los declararon rebeldes. Algunos de ellos, en su mayoría abogados rindieron fianzas de 5,000 dólares, según la Fiscalía.
“Lo que implica un desgaste institucional enorme, un costo inmenso, incluso para los testigos, cada órgano de prueba debe de desfilar por cada captura que se lleva adelante”, dijo Allan Hernández, jefe de las unidades especializadas de la Fiscalía. Agregó que el presidente de la CSJ ya fue notificado de las supuestas irregularidades en esa causa judicial.
“Una vez que se materialice cualquier actividad que nos haga pensar que la información que tenemos realmente se está llevando adelante, se abrirá la investigación y eso abre una cantidad importante de posibilidades por la libertad probatoria con la que contamos”, dijo Hernández, quien aclaró que por el momento “no estamos hablando de una imputación directa o indirecta para nadie en este momento (magistrados), sino que estamos diciendo que existe la posibilidad de que se lleve adelante una actividad anómala en este caso y que eso es lo que estamos tratando de prevenir”.