Dos semanas después que el expresidente Mauricio Funes negara y calificara de “chambres” la revelación del Fiscal General, Douglas Meléndez, de que el exgobernante estaba gestionando asilo político en Nicaragua, el mismo gobierno del vecino país confirmó que se lo concedió el pasado 1 de septiembre.
Pero las razones expuestas por Funes ante el gobierno nicaragüense fueron cuestionadas por especialistas del derecho que consideran que este no se trata de un caso de persecución política, sino de una persecución del sistema de justicia, que lo acusa de presuntos delitos como enriquecimiento ilícito.
Fotos: Casa de Mauricio Funes en Nicaragua
La decisión del régimen de Ortega de proteger a Funes también fue criticado por políticos e incluso del FMLN y del gobierno mismo.
El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas aclaró que el gobierno de Sánchez Cerén no lo está persiguiendo. Mientras que la diputada y dirigente del FMLN, Nidia Díaz dijo que Funes no es un perseguido político y que está siendo acusado en un proceso civil.
Funes está siendo investigado penalmente por la Fiscalía por los delitos de peculado (desvío de fondos públicos), malversación, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias según consta en el oficio número 1646 del Juzgado Quinto de Paz de San Salvador.
Además es procesado por la Cámara Segunda de lo Civil por presunto enriquecimiento ilícito.
Mauricio Funes “se siente seguro” en Nicaragua, afirma diputado sandinista
Precisamente la Convención sobre Asilo Diplomático de la Organización de Estados Americanos (OEA) a sus estados miembros regula los casos de asilo como el de Funes.
“No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes”, dice la convención.
La concesión a Funes también fue cuestionada por abogados. Uno de ellos fue el expresidente de la Corte Suprema, José Domingo Méndez.
“Es como si le diera asilo al Chapo Guzmán, eso no puede ser. El asilo es para las personas que realmente su acción es para desestabilizar la rebelión, los golpes de Estado. Lo único que le falta al fiscal a estas alturas es presentar el requerimiento a un tribunal y el tribunal analice rápidamente, cómo debe ser un requerimiento cuando un juez es acucioso, y decretar la detención y proceder a la Alerta (de Difusión) Roja”, dijo a canal 6.
Para los abogados Francisco Bertrand Galindo como René Hernández Valiente, Funes no llena los requisitos de un perseguido político, que el beneficio recibido va más en el sentido de protegerlo y que la decisión del régimen de Ortega es por afinidad política.
“No sé cuales han sido las consideraciones del gobierno de Nicaragua. Yo mas bien creo que es para protegerlo de que no lo puedan capturar, es mas bien eso, (que) a un verdadero asilo político”, afirma Bertrand Galindo.
Para él, técnicamente no procedería el asilo, pero como esa es una decisión política del gobierno nicaragüense, ahí hay que estarse hasta que el gobierno (de Ortega) cambie la posición”.
Fotos: Conoce la casa de Mauricio Funes en Nicaragua
Hernández Valiente explica que normalmente se da asilo a una persona que es perseguida por un régimen por su oposición a este, y que no es el caso de Funes. Es más, ve en este caso una “manipulación de la institución del asilo”.
“Según Mauricio Funes es el poder judicial y la Fiscalía (que lo están persiguiendo) pero eso tiene una característica de estar utilizando una institución como es el asilo, manipulado porque está siendo perseguido por la justicia de su país, es un concepto distinto”, dice el exmagistrado de la Corte Suprema.
En su defesa, el exgobernante dijo ayer que recibió “mensajes” de la “extrema derecha” y que eso lo llevó a pensar que están planeando atentar contra su integridad física.
“Con el asilo político solicitado ante la autoridades nicaragüenses no busco evadir la justicia salvadoreña y menos significa que estoy renunciando a mi defensa en las instancias correspondientes”, escribió Funes en Facebook.
Políticos desaprueban
La decisión de Ortega en favor de Funes fue cuestionada por legisladores por no encontrarle fundamento real.
La diputada oficialista Nidia Díaz, consideró que Mauricio Funes no es un perseguido político ni hay una orden de captura penal en su contra.
“Asilo es cuando hay persecución política. Persecución política no creo que tenga, sino acusaciones que se están ventilando en lo civil, y el fiscal que lo está investigando, pero no hay una orden de captura penal o que lo vayan a reprimir como en los tiempos de la dictadura”, dijo Díaz.
En términos similares se pronunció el secretario Eugenio Chicas, al negar que desde el gobierno se esté persiguiendo al exmandatario aunque puede haber otros “actores”. “Debe tener razones muy fundamentadas el expresidente Funes de persecución política, por otros actores, no por el gobierno”, afirmó el dirigente del FMLN.
Las declaraciones de Chicas coinciden con las que publicó el expresidente por la tarde en su cuenta de Facebook, en las que alega “fundadas razones” para pedir la protección.
Diputados de otros partidos tampoco ven persecución.
Guillermo Gallegos, de GANA, considera que en el país todos tenemos “algún tipo de riesgo” dado los niveles de delincuencia, y que la actuación de Funes no deja de poner al país en una condición “un poco incómoda” porque cualquiera creería que realmente ocurren aquí las persecuciones políticas.
“Yo considero que riesgo de una persecución política no existe, al menos así lo considero, no creo que lo actuado por la Fiscalía tenga algún sesgo político”, valoró Gallegos.
“Hasta el momento yo no considero que sobre él pese una persecución política, no hay una acusación sobre él en la Fiscalía, desconozco las razones para solicitarla… tenemos más riesgo por la delincuencia que generan las pandillas o el crimen organizado, pero persecuciones políticas no”, agregó el legislador.
Desde ARENA, la diputada Margarita Escobar consideró que “el asilo politico solamente aplica cuando desde las fuerzas del Estado existe una persecución de caracter politico que pueda poner en peligro la vida de una persona, ese no es el caso del señor Funes”.
Escobar dijo el caso de Funes tiene que ver con una investigación de la Fiscalía “por presuntos actos de corrupción” y que combatir ese hecho o presumir que los hay “en ningún momento pueden calificarse como persecución política.
El jefe de fracción del PCN, Mario Ponce, nada más dijo que respetan “la decisión soberana que tiene el gobierno de Nicaragua” en beneficio del expresidente.
Funes se defiende
Una vez difundida la noticia sobre su asilo, Mauricio Funes publicó varios mensajes en Twitter en los que justifica su petición al régimen sandinista. En primer lugar dijo que no ha mentido sobre ese asunto, luego de que negara que estuviera en trámite esa petición e incluso llegó a afirmar que no andaba huyendo.
“No mentí sobre el asilo. Decidí tramitarlo el 31 de agosto después de constatar la persecución política que se inicia en mi contra”, tuiteó.
En Facebook hizo una larga exposición de justificaciones que según él lo impulsaron a pedir asilo, como decir que sabía la “derecha oligárquica” lo perseguiría a través de las instituciones que aún controla por haberles quitado los privilegios y haber “destapado sonados casos de corrupción”.
También afirma que su solicitud de asilo no obedece a su pretensión de evadir la justicia, es más afirma que podrá demostrar las “acusaciones arbitrarias” en su contra que inició la Sección de Probidad de la Corte Suprema, en referencia a la investigación que le hizo esa instancia a su estado patrimonial y pidió enviarlo a tribunales por presunto enriquecimiento ilícito.
Funes salió del país en momentos en que la Fiscalía General de la República iniciara una serie de allanamientos a su casa y a otras de su amigo Miguel Menéndez “Mecafé”.
El Ministerio Público le encontró bienes caros que muestran un estilo de vida lujoso, tales como armas, 80 pares de zapatos, camisas, licores y hasta juguetes. De hecho, las autoridades pillaron un furgón lleno de bienes y muebles del exgobernante que iba rumbo a Nicaragua.
El Fiscal General, Douglas Meléndez, reveló que en una caja fuerte encontraron una escritura, según la cual, Funes le presta $700 mil a Menéndez, uno de los hechos que han dado base a la investigación que se ha iniciado por estilo de vida que él lleva.
La Corte Suprema de Justicia ya le había ordenado un juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito de 725 mil dólares que, supuestamente, no pudo justificar ante la Sección de Probidad.
Funes negó el pasado 23 de agosto que estuviera gestionando el asilo en Nicaragua y aseguró que estaba trabajando en una consultoría, pero ayer matizó en que lo hizo luego de que se sintiera perseguido políticamente.