En materia de abordaje del tema de corrupción no existen más que dos opciones: o se está a favor o en contra. No hay más.
Así de radical debe de ser la postura de cada quien en este tema que, por fortuna, se discute cada día más y ya tiene a muchísimas personas abogando para que sea parte de la agenda ciudadana.
Los ciudadanos latinoamericanos están cansados de ver frenado su desarrollo, debido a la corrupción de sus gobiernos. Lo observamos en nuestros vecinos guatemaltecos, en Brasil, Argentina y otros países que luchan para su erradicación.
El Salvador no puede quedarse fuera, especialmente cuando hemos llegado a un punto en que la insolvencia del gobierno limita su funcionamiento a más y más endeudamiento; donde gran parte del presupuesto está destinado al pago de remuneraciones y donde es evidente la poca inversión que existe en infraestructura que nos lleve hacia el progreso.
Muy difícil de entender es la postura del FMLN y su gobierno, que lejos de colaborar para facilitar los mecanismos que permitan una rápida erradicación de la corrupción, lo que hace es resistirse a ellos y enfilan sus dardos venenosos contra instituciones que sí están haciendo su parte, como es el caso de la Sala de lo Constitucional o las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República.
Sin importar la cantidad de evidencia que tengan enfrente, la estrategia del FMLN está encaminada a negar cualquier señal de corrupción que aparezca en contra de los suyos, y más lejos aún, llegan al colmo de tratar de intimidar a quienes están relacionados con las evidencias o simplemente luchan por la transparencia, tal como sucede contra magistrados de la Sala.
Llegan al extremo de azuzar a sus cada vez más pocos adeptos, para que se lancen contra los magistrados, cuyo único pecado ante ellos es que hacen cumplir las leyes y la Constitución de la República, algo que muchos juraron como funcionarios, pero pocos quieren cumplir, como si su cumplimiento fuese opcional.
El FMLN tiene que entender que la lucha contra la corrupción ha dejado de ser una opción para convertirse en una obligación que es demanda ciudadana. Porque aunque algunos de ustedes callen, estamos seguros que de igual forma les indigna conocer que personajes como el expresidente Funes estaba lejos de predicar con el ejemplo su tan aclamada preferencia por los pobres y los más débiles.
Ustedes están en obligación de permitir que las instituciones hagan su trabajo. Por ello no deben interferir en las acciones que la FGR realice para combatir la corrupción y mucho menos deben cargar su ira contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional, por no estar de acuerdo con sus resoluciones.
Los funcionarios, una vez en función del cargo, estamos obligados a ser transparentes y rendir cuentas de nuestras acciones, sobre todo cuando se trata de aquellos que manejan fondos públicos, o tienen acceso a ellos.
Respaldamos a la embajadora Manes, quien hace unos días aseguró que: “Las únicas personas que no quieren combatir la corrupción, son los corruptos” porque una persona que tiene las manos limpias, siempre estará dispuesta a la supervisión que la ley obliga realizar.
Los funcionarios públicos, trátese del vicepresidente o el mismo presidente de la República, debemos abrirnos a la fiscalización constante y no creer que el cargo nos dota de poderes más allá de lo que dicta la Constitución de la República.
El FMLN debe entender que quienes siguieron el mismo camino que ellos están viendo caer sus estructuras, por ser antidemocráticas y porque han hecho retroceder años a los países donde se han implementado. Si son inteligentes, no permitirán que el país siga retrocediendo y dejarán de declararse amigos de quienes violan las leyes, sea quien sea.
*Diputada