El asilo político que Nicaragua concedió al expresidente Mauricio Funes frenaría cualquier intento de extraditarlo a El Salvador en caso de que sea requerido por la Justicia, aseguró hoy el director de Migración y Extranjería salvadoreño, Héctor Antonio Rodríguez.
“Esta condición de asilado le permite a Funes vivir, tener residencia en Nicaragua y tener una protección. Él no puede ser extraditado a El Salvador en el caso que las autoridades salvadoreñas lo requirieran”, dijo Rodríguez a la prensa.
No obstante, recordó que actualmente Funes, que es investigado por supuestamente cometer delitos de corrupción durante su gobierno entre 2009 y 2014, “no está enfrentando ningún proceso (penal) por ningún delito”.
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“Pero si lo hubiera en el futuro, no podrían las autoridades salvadoreñas reclamar al expresidente Funes en Nicaragua”, reafirmó el titular de la Dirección General de Migración y Extranjería.
El viernes pasado, el Gobierno de Daniel Ortega otorgó el asilo al ex jefe de Estado, investigado en El Salvador por supuesta corrupción, porque lo considera un “perseguido político”, según publicó La Gaceta, el diario oficial nicaragüense.
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De acuerdo con la información, también fueron asilados Ada Michell Guzmán, pareja del exmandatario, y sus hijos de 34, 25 y 2 años de edad.
Funes es investigado penalmente en El Salvador por enriquecimiento ilícito y “posible” lavado de dinero durante su gestión, un proceso derivado de un juicio civil ordenado por el Supremo debido al incremento injustificado de su patrimonio en más de 700.000 dólares.
La Fiscalía salvadoreña también lo acusa de favorecer con contratos a su amigo y empresario de seguridad privada Miguel Meléndez, por lo que allanó sus empresas y la casa del expresidente, lo que Funes catalogó como “show” político.
El exmandatario niega que con su salida hacia Nicaragua busque “evadir la Justicia salvadoreña” o que está “renunciando” a su “defensa en las instancias correspondientes”, según publicó en sus redes sociales.
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Funes fue el primer mandatario en llegar al poder de la mano de la otrora guerrilla FMLN, que es afín al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en el Gobierno de Nicaragua