Ante el hecho de que cada vez salen a la luz más casos de niñas y adolescentes embarazadas, el viceministro de Educación, Francisco Humberto Castaneda, afirmó que es necesario reformar la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina) con miras a para proteger más a este sector de la población y, sobre todo, asegurar que este problema no las ponga en riesgo ni trunque sus vidas.
El funcionario aseguró que en el 2015 identificaron en las instituciones educativas alrededor de 2,010 casos de adolescentes embarazadas. En lo que va del año tienen contabilizados entre 350 a 450.
“Lo que nos preocupa a nosotros es que estas jovencitas ya no regresan al sistema educativo y quedan condenadas no solo a no tener una oportunidad de auto realización y construir un proyecto de vida, sino que (también) quedan propensas a un segundo embarazo”, explicó.
De acuerdo con el Mapa de Embarazos de niñas y adolescentes en El Salvador 2015, presentado semanas atrás por el Fondo de Población (UNFPA), para ese año 25 mil adolescentes de 19 o menos años estuvieron embarazadas, y al realizar un análisis general sobre la distribución de embarazos en los 14 departamentos del país, se identificó que el departamento de La Paz es donde hubo mayor incidencia de casos y Chalatenango es el que tuvo menos.
Castaneda dijo que las reformas a la Lepina deben ir en el sentido de que se castigue a los padres de familia que consientan que sus hijas en estas edades mantengan relaciones sentimentales y sexuales con otros jóvenes o adultos.
“A mi juicio debería de buscarse la posibilidad sancionatoria para aquellos padres y madres que consienten este tipo de relaciones a niñas menores de edad, porque al final todo recae en la niña y ella termina siendo la víctima número uno”, declaró Castaneda, quien aseguró que eso se da sobre todo en el área rural como resultado de patrones culturales familiares.
Castaneda opinó que también debe reformarse la legislación en mención para garantizar que se apliquen sanciones rigurosas a quienes embaracen a niñas y adolescentes.
La preocupación en este punto está sustentada ante el hecho de que el Ministerio de Educación (Mined), a través del departamento jurídico, conoce de casos en que los padres no solo propician que sus hijas caigan en esa situación sino que, además, por una u otra razón protegen a quienes las han embarazado y se resisten a denunciarlos ante las autoridades.
El viceministro Castaneda sostiene que si bien el Mined impulsa una política integral de educación en sexualidad, a través de los programas de formación docente, aún es necesario que en la Lepina quede establecido que esa cartera de Estado y que los educadores tengan el mandato de impartir contenidos y desarrollar programas específicos en materia de salud sexual reproductiva en las instituciones educativas del país.
Eso les permitiría, según indicó, tener autoridad frente a los mismos padres de familia, quienes en muchos casos y atendiendo una serie de prejuicios se oponen a que los estudiantes sean instruidos en las escuelas en estos temas pese a que ellos tampoco los orientan adecuadamente.
“Cuando ya está regulado por ley el Ministerio de Educación fácilmente le exige a su personal docente que desarrolle esos contenidos y el docente, cuando frente a los patrones arraigados de los que hemos hablado se enfrenta con el hecho de que el padre de familia cuestiona porqué le está hablando de sexualidad a los jóvenes y señoritas, puede sacar el programa de estudio, la Ley General de Educación la Lepina y mostrar que esto está regulado por ley”, precisó.
El viceministro de Educación reconoció que hay casos de maestros que han sido señalados por haber acosado a estudiantes.
“En este año hemos dado seguimiento, al menos, a unos 7 casos, un par de ellos ya judicializados y condenados”, detalló.
Además están verificando otros casos de acoso que han sido denunciados en institutos nacionales, de los cuales no quiso dar detalles; pero señaló que ya están trabajando con miras a pasarlos a la Fiscalía General de la República y suspenderlos del ejercicio profesional.
Castaneda manifestó que los casos de acoso sexual también pueden darse en centros escolares privados. De hecho conocieron el caso de uno que ocurrió en una institución bilingüe, cuyo nombre se reservó en dar a conocer.
Sobre las declaraciones del funcionario, Paz Zetino Gutiérrez, secretario general de Bases Magisteriales y subdirector del Complejo Educativo Walter Soundy, también considera necesario realizar una reforma a la Lepina, pero solo en el sentido de que se sancione a los padres de familia que propicien que sus hijas tengan noviazgos tempranos y salgan embarazadas, ya que actualmente la legislación contempla el castigo para quien las embarace, y además los contenidos sobre educación sexual ya se enseñan en las escuelas.
“En efecto, el problema que tenemos de embarazos en adolescencia tiene que ver con un tema de familia. La familia no está cumpliendo con sus responsabilidades para educar a sus hijos y nosotros somos testigos”, señala Zetino Gutiérrez.
El educador sostuvo que no es posible que los padres de familia por complacer a las niñas y también al hombre propicien esas situaciones.
De allí que si los ciudadanos no se hacen padres responsables es necesario aplicar la legislación y llegar, de ser posible, a la coerción.