La hoy expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, quien recientemente fue destituida de su magna investidura por violar la Ley de Responsabilidad Fiscal al practicar maniobras contables con el fin de ocultar el verdadero déficit público de Brasil; y lo más grave, el delito de habilitar por decreto ejecutivo la apertura de líneas de crédito complementarias sin la autorización del Congreso. La acusación formal fue que violó leyes fiscales al maquillar y esconder el déficit presupuestario real del Brasil.
La polarización política del Brasil separa a quienes creen que fue justo destituirla, de quienes sostienen que fue injusta y catalogan el hecho como golpe de Estado.
Rousseff, electa en octubre de 2014 por el 51.6 % del electorado, ha rechazado enfáticamente los cargos imputados y se sumó a quienes denuncian un golpe de Estado judicial y parlamentario.
Pero en realidad ya parece una epidemia el maquillar estadísticas y presupuestos de Gobierno en países de Latinoamérica que juegan al populismo. Veamos el caso de nuestro país: Recientemente se hizo público que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió al Gobierno de El Salvador que su sistema de cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) era errado y que la cuantía real al 2015 es 14.4 % menor que la publicada oficialmente.
El cuestionamiento que enrarece el aire es que el informe del FMI insinúa la posibilidad de que el Banco Central de Reserva (BCR) haya ocultado de forma sistemática el hecho de que el tamaño de la economía salvadoreña es menor a lo que apuntan las cifras oficiales. Lo grave es que la relación de la deuda respecto al PIB es mayor de lo que se dice.
Según el Presidente del BCR en diciembre se lanzará un nuevo sistema de cuentas públicas que incluirá la revisión del PIB y niega que el BCR haya maquillado cifras con fines políticos. Lo extraño es que le “tira la pelota” a la Secretaría Técnica y al Ministerio de Hacienda, para que respondan a las inquietudes que esto ha desatado en la opinión pública.
La realidad es que hay un presupuesto desequilibrado, que no refleja adecuadas proyecciones de ingresos, lo que hace que el Gobierno deba recurrir a la emisión de bonos y deuda de corto plazo para gasto corriente. A esta altura del año estas necesidades son evidentes: a) Emisión de bonos por US$900 millones (en suspenso por decisión de la CSJ), b) solicitud de otra emisión por US$1,200 millones y c) petición de autorización para emitir bonos por US$152 millones. Todo para financiar medidas extraordinarias de seguridad y el pago de pensiones.
Al mismo tiempo, en el primer trimestre de este año, las Letras del Tesoro aumentaron a US$142.9 millones, alcanzando con ello el saldo de deuda de corto plazo un máximo histórico, de US$937.5 millones. Y la hemorragia continua.
La situación crítica de las finanzas públicas hace evidente que todos los años se aprueban presupuestos que sobrestiman los ingresos, e incluso, que omiten o subestiman gastos.
No hay ley que pueda reemplazar el compromiso político con la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y de ahí la importancia de lograr un amplio acuerdo entre actores políticos y sociales lo más pronto posible, que defina la sostenibilidad fiscal, las política y reglas a ser empleadas. Este acuerdo se consignaría en una ley, la cual, apropiadamente configurada conllevaría importantes retos técnicos y políticos.
Debemos tomar nota de lo sucedido en Brasil a Rousseff y los hechos relevantes que advierten retomar con seriedad y de inmediato este tema de nación. Es necesario el compromiso con la estabilidad. Tener la voluntad política de cumplir la ley y mantener la sanidad fiscal.
*Columnista de El Diario de Hoy
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