Nicaragua no puede convertirse en refugio de personas que tienen cuentas pendientes con la justicia en otros países, según establece la Convención sobre Asilo Político de la OEA y confirman organizaciones de análisis y pensamiento (los think tanks), la opinión pública y especialistas del Derecho Internacional.
Lo anterior se ha subrayado después que el régimen orteguista decidiera concederle asilo político a Funes, quien no asistió ayer a la primera audiencia del juicio que le sigue la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador por presunto enriquecimiento ilícito.
Funes se marchó a Nicaragua no sólo por decisión propia, sino por habérselo recomendado el partido, días antes del procedimiento judicial y luego de que la Fiscalía allanara sus casas y le incautara bienes en medio de una investigación que le sigue tras pasar de una casa alquilada a grandes residencias.
Darle asilo a personas que tienen procesos abiertos en sus países de origen, además de contravenir la Convención de la OEA, es una forma de intervenir en los asuntos y obstruir la justicia de esas naciones. Y al estar suficientemente documentados y fundamentados los casos, el alegato de que es una “persecución política” pierde toda validez.
No se trata tampoco de un caso aislado, pues además el exdiputado guatemalteco Luis Rabbé, contra quien han sido giradas órdenes de captura en su país por presuntos actos de corrupción, ha sido visto en Managua.
Hechos como estos posicionan a Nicaragua como un país que favorece a sujetos que son investigados o procesados por delitos y que desdeña la creciente presión de entidades internacionales contra la corrupción.
Esto sólo acrecienta la generalizada indignación por las corruptelas que más y más castigan a los pueblos iberoamericanos, desde los escándalos que han sacudido a Brasil, Argentina y Venezuela, hasta lo que visiblemente azota a El Salvador, con el agravante de que es el partido oficial quien queda como protector de una persona que tiene que rendir cuentas ante la ley.
La corrupción es la constante de los regímenes populistas, lo que llevó, como lo hemos citado con frecuencia, al cardenal hondureño Óscar Rodríguez Maradiaga, figura de distinción hemisférica, a decir que el comunismo es el capitalismo de unos pocos ladrones. Y eso adquiere una dimensión siniestra cuando se pasa de meter mano en presupuestos públicos a saquear una nación para que el botín sea enorme como enorme es el daño a la colectividad.
Las cosas pueden complicarse
para los sandinistas
El “asilo” a Funes ha suscitado reacciones en contra, desde especialistas del Derecho y diferentes sectores de Nicaragua y El Salvador hasta tanques de pensamiento en Estados Unidos. Se trata de una papa caliente que se quitó el partido oficial, pero que puede complicarle las cosas al régimen de Ortega en momentos en que el senador por Texas, Ted Cruz, ha propuesto una ley para que Estados Unidos vote contra todo préstamo a Nicaragua en los organismos financieros internacionales.
En el pasado, en los tiempos de las dictaduras americanas –Trujillo, Perón, Hernández Martínez, Ubico, etc.– el asilo fue una forma de proteger las vidas de perseguidos políticos, de opositores a esas dictaduras.
Nuestro fundador, Napoleón Viera Altamirano, fue desterrado en tres ocasiones durante la dictadura martinista y debió asilarse en Costa Rica y Honduras.
Pero asunto muy distinto es el de individuos acusados o condenados por saquear erarios y fomentar la corrupción, que escapan de la justicia y pretenden disfrutar del botín, como es el caso de un sandinista de altos vuelos que se autoexilió en Costa Rica.