El FMLN, GANA y el PCN acordaron ayer emitir un dictamen transitorio favorable para que las alcaldías y el Ministerio de Seguridad puedan echar mano de los fondos de los impuestos destinados para seguridad durante un año en obras de prevención de la delincuencia sin pasar por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap).
Se trata del dinero que el Ministerio de Hacienda recauda proveniente de los impuestos del 5 % a los servicios de telefonía vigente desde noviembre del año pasado y que pagan todos los salvadoreños.
Así como de la contribución del 5 % que pagan los grandes capitales, es decir, aquellos que superan los ingresos del medio millón al año.
El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, informó en agosto pasado que en concepto del tributo a la telefonía han recaudado a esa fecha, $36.5 millones, que de ese monto ya invirtieron $27.5 millones y que están en ejecución $13.2 millones.
El presidente Salvador Sánchez Cerén también informó en esa ocasión que para este mes esperan recoger $12 millones más.
Al respecto, los diputados de ARENA de la Comisión de Hacienda, Donato Vaquerano, Norman Quijano, Ana Vilma de Escobar y Carmen Elena Calderón de Escalón, recriminaron que se le dé vía libre al uso de los impuestos que se crearon para combatir el crimen y las pandillas.
Quijano exhortó a que no debe dársele al gobierno un “cheque en blanco” y valoró que aunque existan controles del gasto, eso no es suficiente garantía de que el dinero sea utilizado para los fines que fueron creados.
El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, justificó que debido a la urgencia que tienen de realizar obras y planes de prevención de la violencia, tanto a nivel nacional como de las alcaldías, es que se vuelve imperante eliminar los trámites burocráticos.
Mario Ponce, del PCN, explicó que confía en la palabra del ministro de Seguridad y que existe la garantía de que el recurso será bien utilizado, ya que en el dictamen se dejó establecido que las unidades ejecutoras presentarán informes trimestrales de los cronogramas de trabajo, avance de las obras, así como montos y detalles de los rubros en los que se inviertan los fondos a las comisiones de Hacienda y de Seguridad de la Asamblea.
Sin embargo, Vaquerano advirtió que lo más probable es que la Sala de lo Constitucional declare que eso es ilegal.