A cuatro meses de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran los reclusos en las distintas bartolinas policiales y en los Centros Penales, la situación de saturación de reos no ha cambiado.
Ayer, los magistrados constitucionalistas instalaron una audiencia para conocer la acciones que están impulsando las distintas autoridades para reducir los altos índices de hacinamiento y, además, para mejorar las condiciones higiénicas de las celdas policiales y de los penales, tal como lo demandaron los magistrados en la sentencia.
El recurso de hábeas corpus fue interpuesto por tres reclusos , Erick Roberto González Grijalva, Jorge Alberto Portillo Maldonado y Omar Oswaldo Raymundo Salguero; por considerar que estaban recluidos en celdas hasta con 40 internos y cuyas condiciones de insalubridad les provocaron distintos tipos de enfermedades.
Los tres estaban en ese momento siendo procesados por extorsión, homicidio y agrupaciones ilícitas.
Las autoridades policiales reconocieron que la saturación de reclusos que están a las órdenes de los juzgados sigue igual, ya que a pesar de haber trasladado 2 mil 909 de los 5 mil 500 internos que había en las celdas policiales a distintos penales, la cifra volvió a subir a 5 mil 139 hasta el 11 de septiembre pasado (nota aparte).
Durante la audiencia dieron sus informes el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Policía, Centros Penales, Ministerio de Salud, jueces penitenciarios y Fiscalía General.
También se había citado a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, para que asistiera a la audiencia, pero la funcionaria no llegó ni envió un representante.
Al final de la audiencia, el magistrado Florentín Meléndez dijo que la intención de haber citado a la presidente de la Asamblea era para que tomara en cuenta algunas de las recomendaciones que surgieron de parte de las autoridades asistentes, “y no para tener una audiencia confrontativa”, dijo Meléndez.
Francisco Sermeño, abogado defensor de uno de los reclusos demandantes, pidió a la Sala de lo Constitucional que promoviera un indulto para los convictos que cumplen penas menores y que, la pena máxima de cárcel, no supere los 30 años de prisión.
Los indultos o el perdón de la pena de prisión los puede otorgar la Asamblea Legislativa.
Jueces denuncian malas condiciones de reclusión
Por su parte, los jueces penitenciarios revelaron que las condiciones de la infraestructura carcelarias en las delegaciones policiales no son las adecuadas para mantener recluidos a más de 5,000 internos, el 80 por ciento de los mismos, ya condenados.
En ese sentido, recomendaron que se clausuren las bartolinas policiales en la colonia El Cenizal, en San Marcos, por considerar que no cuentan con los mínimos servicios básicos. Además, los encargados de la referida delegación policial no han querido cooperar en mejorar las condiciones de salubridad en las mismas.
Aseguraron que en medio de 91 reos, uno de ellos padecía de tuberculosis, lo que ponía en riesgo la salud del resto de internos.
También denunciaron que en otras delegaciones policiales como la División Antinarcóticos (DAN) no permiten el ingreso de funcionarios judiciales para verificar la situación de los internos, por lo que demandaron de las máximas autoridades de la Policía que sean más flexibles en permitir el ingreso de las autoridades judiciales a las bartolinas policiales para realizar las diligencias que crean convenientes.
Explicaron que las autoridades policiales argumentaron que no podían dejarlos entrar por cuestiones de seguridad y porque exponían su vida a cualquier peligro.
Otras de las sugerencias que hicieron los jueces penitenciarios es que tengan las mismas facultades en las celdas policiales, como en los centros penales, para garantizar el cumplimiento de las penas de los reclusos.
En otros puestos policiales, como por ejemplo en Conchalío, La Libertad, los jueces penitenciarios encontraron que algunas habitaciones de las casas donde funcionan los puestos son utilizados como celdas, las cuales solo tienen una ventana y una puerta sin ventilación.
Asimismo, algunos de los jueces demandaron mayor cooperación de las autoridades policiales para impulsar medidas higiénicas en las bartolinas de la Policía con el propósito de garantizarles la salud a los reclusos.
Los magistrados pidieron a los jueces penitenciarios que actualizaran el listado de reclusos que están a punto de cumplir con su pena de prisión y quienes estarían aptos para la libertad condicional.
Otros de los jueces aseguraron que en el penal de Zacatecoluca, las autoridades no les han permitido la salida de algunos reclusos para que vayan a pasar consulta médica, ante lo cual las autoridades han argumentado que habían detectado un plan de fuga.
Por su parte, el magistrado de la Cámara de Vigilancia Penitenciaria, Amílcar Palacios, sostuvo que “no todo es malo en el sistema penitenciario” al asegurar que en el penal de Apanteos, Santa Ana; y en la granja del penal de Izalco, Sonsonate; no existe hacinamiento. “No todo está perdido, se necesitan más esfuerzo para solventar la problemática”, dijo Palacios.
Rodolfo Delgado, representante de la Fiscalía General, rechazó que exista una política institucional de fijar cuotas de detención a los fiscales.
“No hay directrices institucionales de que deban de cumplir con cuotas de detención, en determinado tiempo, son las investigaciones y las evidencias recabadas, las que se someten a las autoridades judiciales”, dijo Delgado durante su intervención.
En la sentencia, los magistrados constitucionalistas ordenaron a la Fiscalía General a decretar detenciones administrativas “cumpliendo rigurosamente los preceptos legales y acudiendo también al carácter excepcional de la medida”.
Centros temporales de reclusión
El director de Centros Penales, Rodil Hernández, dijo que se han implementado el proyecto de los centros temporales de reclusión dentro de las medidas extraordinarias.
Explicó que el referido proyecto busca hacer una clasificación de los reclusos de acuerdo a su grado de peligrosidad y al interés de readaptarse. También para tener un mejor control de la población reclusa.
“Hay un 75 por ciento de la clasificación de la población reclusa”, dijo Hernández, quien agregó que para el próximo año se tendrían 17,000 nuevos espacios para reos con las ampliaciones de algunos penales.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, sostuvo que se está haciendo una inversión de más de 80 millones de dólares para mejorar el sistema penitenciario, la mayoría con préstamos de organismos internacionales.
“Esta inversión nos va a llevaren el término de dos años a tener 17 mil 900 espacios más en todo el sistema y, además, vamos a trabajar no solo en ampliar la capacidad del sistema sino que también para que empiece gente a salir del sistema”, dijo Ramírez.
Recordó que para frenar que más personas entren al sistema penitenciario se empezará a impulsar el proyecto de los brazaletes electrónicos, para vigilar a las personas que gocen de medidas sustitutivas; así como un decreto especial para otorgarles libertad condicional a los adultos mayores, los que padecen de enfermedades crónicas y cuya penas no excedan determinado años de prisión.