Las cooperativas de ahorro y crédito reiteraron su rechazo a estar bajo la regulación de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) e insistieron en que la reforma a la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, con la cual la SSF busca ampliar su campo de supervisión hasta estas entidades, es un peligro para el cooperativismo en el país y atenta contra el sistema económico solidario.
El secretario de la junta directiva de la Comisión Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador y gerente general de Co-Andes de R.L., Julio César Portillo, explicó que el rechazo total a la reforma es porque consideran que “no hay manera de aplicarle una ley de regulación bancaria a las cooperativas sin violentar las economías solidarias”.
Para el representante, la reforma presentada a la Asamblea Legislativa, pretende imponer a las cooperativas de ahorro y crédito un marco de regulación y supervisión exclusivo de entidades financieras privadas y con fines de lucro tales como los bancos.
Dentro de las reformas propuestas por la SSF se incluye que cuando la suma de los activos, depósitos o aportaciones de una cooperativa excedan los $10 millones, deben remitir trimestralmente estados financieros a la SSF e información mensual de cartera de créditos, depósitos y otras obligaciones. Además, deben presentar un plan de regularización que de no cumplir con los plazos pueden incurrir en sanciones y revocación de permisos de operación.
La reforma indica también que el costo de supervisión sería de 0.05 % anual sobre el patrimonio de las cooperativas, y que éstas formarían parte del Instituto de Garantías de Depósitos- entidad que custodia un fondo económico de respaldo ante cualquier quiebre o cierre de una institución financiera.
“No estamos en contra de que nos supervisen y nos regulen. No es cierto que estemos opuestos a eso, es que queremos que lo haga (una institución) en base a la filosofía, doctrina, principios y valores de las cooperativas”, aseguró Portillo.
Por el momento, todo tipo de cooperativas, incluidas las de ahorro y crédito, están reguladas por la Ley General de Asociaciones Cooperativas de El Salvador, bajo la supervisión del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (Insafocoop).
Portillo señaló que el sector cooperativo tiene interés de respetar el marco legal, siempre y cuando sea adecuado para el rubro. Por eso, dijo, la Comisión Nacional de Cooperativas presentó en mayo pasado un proyecto denominado: “ Ley de Supervisión y Regulación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador”.
El documento propone que las cooperativas sean clasificadas según su patrimonio ( desde las de menos de $1 millón hasta las de más de $10 millones), que la supervisión y regulación corresponda a Insafocoop a través de un departamento de supervisión; que la cuota por supervisión sea de 0.025% anual sobre el patrimonio y que pueda ser amortizada en cuotas mensuales.
Asimismo, piden que las cooperativas establezcan libremente sus tasas de interés, comisiones y recargos por operaciones y tengan una reserva de liquidez promedio que no sea mayor del 20 % de los depósitos y obligaciones, entre otras cosas.
El gerente general de Cactiusa de R.L., Víctor Delgado, insistió en que el ente regulador debe ser Insafocoop porque aún cuando se apruebe la ley propuesta y ésta sea administrada por la SSF, solo esta institución comprende la naturaleza de las cooperativas.
“Los cooperativas nacen distinto a los bancos. Ellos nacen grandes, con grandes patrimonios , con clientes. Las cooperativas son pequeñas, son socios ”, señaló Delgado.
Según los voceros de las cooperativas, estas representan un sector importante en el mercado financiero salvadoreño.
De acuerdo con los datos de Insafocoop, al 31 de agosto de este año, 464 cooperativas, el 41.8 % del total de activas eran de ahorro y crédito. En conjunto, aglutinan a más de 427,000 asociados. Las cifras de la Comisión Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito destacan que en los últimos años estas entidades han generado más de $5,000 millones entre activos, ahorros y aportaciones.
Portillo insistió en que el sector cooperativo ofrece empleo formal y provee soluciones financieras a salvadoreños que no son sujetos de crédito en otras instituciones. Solo en 2015, las cooperativas reportaron más de $18 millones en concepto de excedentes netos.
Por otra parte, los cooperativistas indicaron que aunque no cuentan con una regulación especial, las cooperativas tienen rigurosos estándares de auditoría y fiscalización propia, entre ellos contar con una junta de vigilancia, consejo de administración y un oficial de cumplimiento, cuya función es “verificar que en la cooperativa no haya lavado de dinero ni financiamiento al terrorismo”.
“No estamos aquí preocupados por qué va a pensar la fiscalía o el gobierno. La preocupación nuestra es qué piensan nuestros asociados”, aclaró el secretario. Los agremiados aseguraron que el motivo real de la reforma es que “quieren echar mano” a los fondos que administran las cooperativas.
El Diario de Hoy intentó obtener una postura de la Superintendencia del Sistema Financiero sobre el tema; pero al cierre de esta nota la solicitud no recibió respuesta.