El Juzgado Primero de lo Civil de Soyapango reprogramó para este el 8 de noviembre la audiencia en el caso de la escuela de aviación Carlos Dárdano.
Esto porque el abogado de las víctimas, Carlos Morales, envió carta de incapacidad médica. Aunque estaban todas las partes (hasta Dárdano, que nunca llegaba, solo mandaba a sus abogados), el juez dijo que era que es situación imprevista y la pospuso.
Originalmente, la audiencia estaba programada para este martes, contra la Escuela de Aviación Carlos Dárdano, propietaria de una avioneta bimotor que se accidentó el 12 de julio de 2012 en la colonia El Pepeto, Ilopango, causando la muerte del instructor José Miguel Ávalos y los alumnos José Antonio Martínez y Rodrigo Calles.
La demanda es por daños y perjuicios, específicamente por la muerte de los alumnos Martínez y Calles, quienes el día de su muerte participaban en su primera clase.
La demanda asciende a $4 millones de dólares por daños y perjuicios, a razón de dos millones para cada una de las familias en concepto de indemnización.
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En su momento la demanda se justificó debido a que un informe de Aeronaútica Civil señaló que la avioneta estaba en malas condiciones y que incluso, en 2006 y 2009, tuvo desperfectos sin que haya una bitácora que indique la reparación de la misma.
Supuestamente la avioneta fue utilizada pese a que había estado un mes sin usarse debido a desperfectos puntualmente el informe pericial del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Adminsitración Federal de Aviación (FAA) y Junta Naciona de Seguridad del Transporte (NTSB), organismos estadounidenses, indicó que la posición incorrecta de la válvula de paso de gasolina hacia los dos motores de la aeronave provocó la caída que dejó tres muertos.
Asimismo el informe señala que la Escuela no tenía permisos para impartir clases con aviones bimotor.
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La familia de los fallecidos solicitó que se declare la negligencia de parte de la empresa y que se establezca el daño moral y perjuicios, a fin de ser indemnizados.
Durante la audiencia del martes próximo el juez evaluará el caso para determinar si procede el monto de lo exigido por los daños y perjuicios.