El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, conocía de antemano que para el presente año se debe pagar $175.3 millones de intereses por la emisión de Certificados de Inversión Previsional (CIP), que son utilizados por el gobierno para cumplir con el pago de pensiones de los jubilados del ISSS y del INPEP, pero no los presupuestó, señaló el analista económico y asesor de ARENA, Claudio de Rosa.
No haber previsto lo anterior en el diseño del Presupuesto General de la Nación para este año, a criterio del analista, se vuelve una flagrante violación a la Ley del Presupuesto y un “fraude a la Constitución”.
También para el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, cada vez que el gobierno pide que la Asamblea le apruebe nuevos préstamos o emisión de bonos para saldar deudas pendientes, el Ejecutivo comete un “delito confeso” y advirtió que por ello el titular de Hacienda podría ser interpelado por los diputados y hasta pedirle su “renuncia”.
De Rosa explicó que en el Presupuesto General de 2016, Cáceres no detalló el monto exacto que debía pagar por los intereses de la deuda previsional.
El analista indicó que en ese rubro se estimó el pago de $106.4 millones y no los $175.3 millones que Cáceres ya conocía que el gobierno tenía que pagar este año y que se vencen el próximo 9 de octubre. “No haber puesto en el presupuesto de 2016 los $175.3 millones son un serio indicio de una flagrante violación de la Constitución, un fraude”, afirmó.
De acuerdo con De Rosa, el único monto que Cáceres podría desconocer es el del incremento de la tasa de interés por los fondos tomados en 2016, que equivale a un pago adicional de $2.7 millones, es decir, que el total del pago de la deuda asciende a $178 millones.
“Por menos que eso en Brasil destituyen a una presidenta (Dilma Rousseff), por haber maquillado el presupuesto, por haber mentido. Este gobierno ha confesado que ha cometido un delito, que ha violado una ley que se llama Ley General del Presupuesto”, señaló Portillo Cuadra.
Incluso, el legislador tricolor expuso que la falta puede llegar hasta la responsabilidad penal del gabinete de gobierno, específicamente al Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, y al Ministro de Hacienda.
Portillo Cuadra resumió que el problema que tiene el gobierno no es por falta de liquidez financiera, sino por una “estrategia político electoral” de guardar fondos para invertir en los últimos dos años de gobierno y así asegurarse los votos para las elecciones de 2019. El gobierno tiene disponibilidad de $333 millones, concluyó.