Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acordaron ayer trasladar a 22 jueces y magistrados de Cámara de la zona metropolitana de San Salvador, algunos de los cuales han sido cuestionados por la Fiscalía General por sus polémicas resoluciones en casos judiciales relevantes.
Los cambios realizados en distintos tribunales entrarán en vigencia a partir del uno de octubre, próximo, según el comunicado emitido por la oficina de prensa del Órgano Judicial. Esta es la mayor cantidad de traslados de jueces y magistrados que hace la Corte Plena de la CSJ en los últimos años.
Entre los funcionarios que han sido relevados figura la jueza Séptimo de Paz de San Salvador Evelyn del Carmen Jiménez de Solís, quien a finales de agosto decidió otorgarles libertad condicional al empresario Enrique Rais, al exfiscal general Luis Martínez y a otros nueve acusados de estar implicados en una red de corrupción judicial.
La jueza resolvió, además de otorgarles medidas sustitutivas a los acusados, que éstos pagaran fianzas desde los 5,000 hasta los 20,000 dólares como requisito para que recuperaran su libertad.
Todos los procesados salieron en libertad al día siguiente, luego de pagar las respectivas fianzas, solo el exfiscal general Luis Martínez quedó detenido por tener otro proceso pendiente porque supuestamente reveló llamadas telefónicas personales del padre Antonio Rodríguez conocido como “padre Toño”.
En noviembre de 2013, la jueza Jiménez de Solís, quien fungía como interina del referido tribunal, conoció el caso Cel-Enel y decidió procesar en libertad a los nueve acusados en el caso y enviar el proceso al Juzgado Séptimo de Instrucción.
A Jiménez de Solís le ordenaron los magistrados que se tiene que reincorporar al Juzgado de Paz de Ilopango, donde fungía como titular antes de ser enviada al Séptimo de Paz de San Salvador.
Como sustituto de Jiménez Solís ha sido nombrado de forma interina el abogado Carlos Valiente, quien se desempeñaba como juez de Paz de Santo Tomás, San Salvador.
Jueces Sentencia pasan a tribunales Instrucción
Otros de los cambios significativos corresponden a los jueces de Sentencia de Santa Tecla y el Sexto de Sentencia de San Salvador; a quienes habrían bajado de categoría.
Delfino Parrilla, quien fungió como juez de Sentencia de Santa Tecla por muchos años, fue nombrado como el titular del Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado.
Parrilla fue el que condenó a José Alejandro Bobadilla a 26 años y ocho meses de prisión por cómplice necesario en el homicidio de su novia, Helene Stefany Arias Moreno, ocurrido en octubre de 2012 en una residencial situada en carretera a Santa Ana.
Sin embargo, en noviembre pasado, la Cámara Segunda de lo Penal anuló la condena en contra de Bobadilla por considerar que el juez Parrilla no indicó por qué decidió descartar las versiones de los testigos.
También, Parrilla conoció del caso de los secuestros de Andrés Suster, Guillermo Sol Bang, y otras tres personas por integrantes del Partido Comunista, agrupación integrante del ahora partido FMLN.
Como sustitutos de Parrilla, los magistrados han designado a los abogados Cruz Vásquez y Wilfredo Hernández Ayala como jueces de Sentencia de Santa Tecla. Vásquez fungía como juez de Tenancingo, Cuscatlán; y Hernández como juez de Paz de San Rafael Cedros, en el mismo departamento.
Mientras que al abogado Rolando Corcio, quien se desempeñaba como juez Sexto de Sentencia de San Salvador fue trasladado al Juzgado de Instrucción de San Marcos.
En junio pasado, la defensa de Claudia Herrera, quien era acusada de amenazas contra el empresario Enrique Rais, pidieron a una Cámara de lo Penal que recusara (separar) a Corcio por considerar que este había favorecido en el proceso a Rais.
Por el momento se desconoce si la Cámara ha emitido alguna resolución con relación a la petición de la defensa de Herrera, ya sea si ratificaba a Corcio de seguir conociendo el proceso o si lo separaba del mismo.
Otro de los funcionarios trasladados es el juez Primero de Instrucción de San Salvador Levis Italmir Orellana, quien pasará a fungir como titular del Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria.
En febrero de 2015, la Corte Suprema de Justicia retiró a Orellana de seguir conociendo el proceso en contra del expresidente Francisco Flores, acusado de haber desviado 10 millones de dólares que supuestamente eran parte de un donativo del gobierno de Taiwán para los afectados del terremoto de 2001.
El juez Orellana fue cuestionado por organizaciones que se hacen llamar de la sociedad civil afines al partido de gobierno FMLN, por haber otorgado arresto domiciliar al expresidente Flores.
Investigados por supuestos títulos irregulares
Otro de los funcionarios trasladados es Elmer Aristarco Chavarría, quien estaba al frente del Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador.
Chavarría, cuyo título universitario fue cuestionado por un Fiscal Especial que investigó títulos irregulares, pasará como juez de Instrucción de Apopa, cuyo titular en la actualidad, Rigoberto Chicas será quien lo sustituya en el Cuarto de Instrucción.
Aristarco Chavarría fue recusado en julio pasado por la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, quien llevaba el proceso en contra de los canadienses Franco Pacetti y Matteo Pasquale por el delito de Apropiación o Retención Indebida y Extorsión en perjuicio patrimonial de Enrique Rais.
La Cámara decidió separar a Chavarría del referido proceso porque determinó que existe vínculo de “amistad íntima” entre el juez con uno de los defensores de los canadienses.
El pasado dos de septiembre, el juez Chavarría ratificó la condena de 30 años de prisión para el coronel Guillermo Benavides por las muertes de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, ocurridas el 16 de noviembre de 1989.
La sentencia se había suspendido a raíz de la Ley de Amnistía que entró en vigencia en marzo de 1993, pero que fue declarada inconstitucional el 13 de julio pasado por la Sala de lo Constitucional de la CSJ.
Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal que resolverá un recurso de apelación que ha interpuesto la defensa del coronel Benavides para ver si recupera su libertad.
Benavides, quien fue capturado en abril pasado, espera aún detenido de que la referida Cámara resuelva sobre su situación jurídica.
Al Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango ha sido trasladada Patricia Cruz de Chavarría, quien se desempeñaba como titular del Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador.
La funcionaria también apareció en el listado de los abogados que habrían obtenido su título universitario de forma irregular, según el informe del Fiscal Especial.
Juez acusado de golpear a su esposa
El juez de Instrucción de Mejicanos Gilberto Ramírez Melara fue nombrado al frente del Juzgado de Instrucción de Ilopango.
Ramírez Melara fue suspendido por cinco días de sus actividades laborales por la Corte Plena, en enero de 2014.
En marzo de 2011, Ramírez Melara fue denunciado por su esposa de haberla golpeado en su casa de habitación situada en una colonia de la carretera a Santa Ana.
Nuevos magistrados de Cámaras
También se nombraron nuevos magistrados de Cámaras en Santa Ana y San Salvador.
Martín Rogel Zepeda, quien era juez Tercero de Sentencia de San Salvador, pasará como magistrado de la Cámara Tercero de lo Penal de San Salvador; mientras que la abogada Edith Godoy, quien fungía como magistrada de la Cámara de Menores de Santa Ana, pasará con el mismo cargo, pero en San Salvador.
La licenciada Berta Delmy Orellana cubrirá la vacante de Godoy como magistrada de Menores de Santa Ana.
Cambios para fortalecer el sistema de justicia
Los magistrados de la Corte Plena decidieron realizar los 22 cambios de funcionarios con el propósito de “fortalecer la eficacia en la administración de justicia, aprovechando la experiencia de acumulada por jueces de carrera”.
Señalan además que los jueces que han sido trasladados “mantienen su estabilidad laboral, la categoría que les corresponde y los derechos inherentes a los miembros de la Carrera Judicial”.