Por primera vez desde que finalizó el conflicto armado que afectó a El Salvador entre 1980-1992, un grupo de familias campesinas ha tenido la necesidad de refugiarse en un albergue colectivo debido a la violencia desatada por las pandillas, organizaciones criminales declaradas como terroristas por la Corte Suprema de Justicia.
Son doce familias las que han sido instaladas desde el sábado anterior en una cancha de la alcaldía municipal de Caluco y tres más que están en el lugar denominado La Casona.
Los 15 grupos familiares hacen un total de más de 50 personas, todas ellas desplazadas del caserío El Castaño, del cantón Plan de Amaya, donde la pandilla 18 consolidó su presencia desde hace tres o cuatro años, problema que se acentuó con el asesinato contra una joven de 20 años y un anciano de 64, que se negaron a colaborar con los pandilleros, según explican los desplazados.
Fotos: El pequeño “campo de refugiados de Caluco”
Joaquín Marroquín, empleado de la alcaldía de Caluco y coordinador del refugio temporal, dijo este jueves que desde el sábado están proporcionando alimentación, implementos de higiene personal y del lugar, así como atención médica.
Marroquín dijo que no podía manifestar la razón por la que esas personas habían decidido abandonar sus hogares. “Queremos ser prudentes en ese sentido. Como municipalidad no nos compete conocer el porqué del éxodo de esa gente, sino que serían otras instituciones las que deben explicarlo, indicó.
“Lo que manifiestan es que ha habido una histeria colectiva en el lugar (caserío El Castaño) a raíz de un asesinato cometido”, indicó Marroquín.
El homicidio del que habla el empleado municipal es el que ocurrió el pasado martes 13 de septiembre contra Francisco Zepeda Barrientos quien habría sido asesinado por pandilleros por negarse a colaborar con ellos. El hombre, según la policía, tenía un familiar que pertenece a la pandilla 18.
En la cancha municipal, la alcaldía ha dispuesto 10 módulos de tela metálica forrados por fuera con plástico negro, más dos tiendas de acampar; ha instalado algunas mesas y un televisor.
El jueves, la Policía llevó un poco de diversión para los niños. Un payaso estuvo jugando un momento con los menores, y para los adultos llegó un sacerdote.
Al mediodía, personal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) les dio a cada familia una caja conteniendo implementos de limpieza personal, como toallas, jabón de baño y un kit para limpieza bucal.
De acuerdo con Marroquín, diariamente están repartiendo aproximadamente 150 platos de comida, los cuales están siendo costeados directamente con fondos de la comuna.
El Fiscal General, Douglas Meléndez, también visitó el albergue temporal y prometió a los refugiados investigar a los responsables del desplazamiento forzado.
Tendrán refugio por un mes
De acuerdo con Marroquín, la alcaldía ha previsto que el albergue funcionará por un lapso de un mes, tiempo que la policía les ha manifestado que necesitan para estabilizar la situación de seguridad en El Castaño.
El lunes anterior, un oficial de la Policía de Sonsonate dijo en una reunión con la alcaldía, que en un mes se podría tener la certeza de que limpiarían la zona y que luego de eso intentarían convencer a las familias para que regresen a sus viviendas.
De momento, según Marroquín, solo la alcaldía está cargando con el costo de manutención de las familias desplazadas por la violencia.
El empleado municipal hizo un llamado a otras instituciones para que se sumen al esfuerzo para resolver el problema.
Mientras tanto, los niños en edad escolar que vivían en El Castaño han abandonado sus estudios, según constató El Diario de Hoy.
El Castaño es un caserío que dista unos 10 kilómetros al surponiente del casco urbano de Caluco, cuyos habitantes cultivan maíz, frijol y yuca.
Viceministro de Educación matiza el problema
La mañana del jueves, el viceministro de Educación, Francisco Castaneda, se reunió con los profesores del centro escolar El Castaño para constatar de primera mano la situación que atraviesa la comunidad educativa en ese lugar.
Castaneda dijo que no era cierto que la escuela hubiese estado cerrada, como trascendió luego de conocerse el éxodo de las familias de ese caserío, y que tampoco los profesores estaban pidiendo ser trasladados.
El funcionario también dijo que la asistencia de los estudiantes estaba normalizándose a raíz de la presencia policial que ha habido en El Castaño desde el jueves anterior.
Las declaraciones de Castaneda contrastan con las de algunos maestros y padres de familia quienes continúan manifestando su temor a la violencia pandilleril, pues consideran que si bien por ahora la situación está controlada por la notable presencia de policías y militares, los pandilleros regresarían al retirarse las fuerzas gubernamentales.
Habitantes del cantón Plan de Amaya contradijeron al ministro: los niños que ayer habían asistido a la escuela eran de familias de ese cantón, no del caserío El Castaño.
“De la escuela para allá (al oriente) es El Castaño. De allí para allá todas las casas están solas”, indico un agricultor que conoce bien el problema de seguridad que se vive en el lugar.
Mientras la Policía ha dicho que necesita aproximadamente un mes para resolver el problema de seguridad en El Castaño, el viceministro de Educación dijo que la asistencia de los alumnos estaba volviendo a la normalidad.
Sin embargo, es la misma policía la que ha dicho en reuniones con la comuna de Caluco, que en aproximadamente un mes, la vida podría volver a la normalidad en El Castaño.
Caserío fantasma
Hasta ayer al mediodía, en El Castaño solo se observaba a policías y soldados patrullando o sentados en las casas vacías que ellos están ocupando para descansar o pasar la noche. En la escuela había movimiento de profesores, algunos escolares y el viceministro que había llegado a verificar la situación de la escuela.
Por lo demás, El Castaño parece un caserío fantasma. En ese lugar solo tres casas permanecen habitadas. “La de la niña Deysi, la de don Hernán y la de la niña Alejandra”, indicaron las fuentes.
En la mayoría de casas solo se ve perros flacos y gallinas deambulando por los patios.
Las autoridades temen que algo similar a lo que ha ocurrido en El Castaño ocurra en otros lugares del municipio donde la Pandilla 18 sureña ha consolidado su control.
De acuerdo con las fuentes, en los cantones Las Flores, Suquiat, Los Gramales, El Zapote, y en el caserío Las Trincheras hay bastante presencia de grupos de pandillas que tienen sometidos a los habitantes a tal grado que les han prohibido el uso de celulares para evitar posibles alertas a las autoridades policiales.
De los lugares mencionados anteriormente, Cerro de las Flores y Los Gramales es donde más pandilleros hay.
De hecho, el sábado anterior, dos supuestos pandilleros murieron al enfrentarse con fuerzas policiales y militares.
Temen daño económico
Las consecuencias del problema de inseguridad de El Castaño está repercutiendo en cantones y caseríos aledaños.
Un agricultor del cantón Plan de Amaya dijo que estaba preocupado porque los compradores de yuca no están llegando a la zona por temor a las pandillas.
Víctor (nombre ficticio) dijo que tenía cultivada una manzana de yuca con cuya venta esperaba obtener unos dos mil dólares.
Sin embargo, teme que la cosecha se pierda porque los compradores habituales han dejado de llegar al cantón por temor a las pandillas.
“Para cultivar una manzana de yuca uno invierte 500 dólares para sacar más o menos dos mil. La yuca ya está en tiempo de sacarla y venderla pero no vienen compradores”, explicó el campesino.
De acuerdo con Víctor, para cosechar la yuca sólo tiene un mes, al término del cual se echará a perder, empobreciendo con ello a más familias que muchas veces tienen que endeudarse para hacer sus cultivos.