Pareciera que estamos viviendo en un mundo totalmente surrealista. Mientras el FMLN y su gobierno se dedican a atacar a la Sala de lo Constitucional, con el clarísimo objetivo de violar uno de los objetivos primordiales de los Acuerdos de Paz, el de asegurar para el país el Imperio de la Ley, las Naciones Unidas los apoya en lograr un objetivo claramente espurio, el de firmar unos nuevos acuerdos de paz. Desde hace unos meses, la institución internacional ha estado usando su prestigio, ligado en gran parte al éxito en la firma de los Acuerdos de 1992, para tratar de reclutar gente para apoyar esa nueva firma.
La idea de que necesitamos unos nuevos acuerdos de paz es, por supuesto, peregrina. El alimentar esta idea da la impresión de que los graves problemas que está pasando el país, tales como el desenfreno fiscal, la cada vez peor calidad de los servicios públicos, la falta de inversión y similares, se deben, no a la incompetencia del gobierno sino a la falta de nuevos acuerdos que permitan al gobierno funcionar eficientemente. Es una manera poco sutil de culpar todo en la oposición, y dejar al gobierno libre para hacer lo que quiera.
Pero la idea es peor que eso. El gobierno no ha dicho qué cosas quiere negociar en esos acuerdos de paz, pero ya menciona algunos temas. Primordial entre estos está la reforma al sistema judicial, que el gobierno propone de una manera que simula mucha inocencia pero que claramente se orienta a lograr quita su independencia a la Corte Suprema de Justicia, y en especial a la Sala de los Constitucional.
Los señores de las Naciones Unidas pueden fingir enorme sorpresa cuando se les dice que la subversión del orden constitucional es uno de los objetivos que el gobierno está buscando con esos nuevos acuerdos. Pero no les va fingirla, porque todo el mundo sabe que los gobiernos del FMLN, incluyendo muy prominentemente este, han luchado por años para someter a la Sala de lo Constitucional al poder del ejecutivo y del partido mismo. Lo han hecho de mil maneras, desde tratar de dar a un tribunal centroamericano autoridad por encima de la Sala, hasta invadir con una turba las instalaciones de la Sala habiendo roto los candados de las puertas, hasta nombrar ilegalmente presidente de la Sala a un activista político, hasta amenazar físicamente la integridad de los magistrados en sus viajes por el país, hasta la agitación continua del Presidente de la República en discursos de plaza pública contra la Sala. No es un misterio para nadie que lo que ahora quieren es cambiar la forma de votar en la Sala (un nuevo 743), o la forma en la que los magistrados son electos, o cualquier otro detalle para anular la Sala o politizarla a su favor.
¿Cómo pueden las Naciones Unidas apoyar los deseos de un gobierno que está tratando muy explícitamente de desbancar el Imperio de la Ley que enmarcaron los originales Acuerdos de Paz? Este es un tema que las Naciones Unidas mismas deberían de investigar, si por búsquedas de imaginarias glorias burocráticas, el deseo de cubrirse con el manto de los originales firmantes de la paz, hay personas en la administración de la institución que están dispuestas a apañar la eliminación del régimen del derecho en El Salvador.
En esta investigación, las Naciones Unidas debe preguntarse también por qué ahora se habla de unos nuevos acuerdos de “paz”. ¿Es que El Salvador está en guerra? ¿O es que los funcionarios de la institución no se han dado cuenta de que el país cuenta con una Constitución Política que determina como es que los acuerdos políticos deben hacerse en el país, y que hay una Asamblea Legislativa, con diputados electos libremente, que es la que emite las leyes, y que si se quieren hacer cambios constitucionales afectando, por ejemplo, la independencia de la Rama Judicial, hay procedimientos establecidos que no mencionan a las Naciones Unidas ni a sus funcionarios?
El país es soberano, y tiene sus instituciones, y si se quieren hacer cambios, deben ser a través de ellos, no originados ni cocinados por burócratas internacionales con un afán indebido de quedar bien con el gobierno actual del país.
*Máster en Economía, Northwestern University. Columnista de El Diario de Hoy.