La falta de pluralismo, competencia electoral y el manejo político del Poder Judicial son algunos de los principales problemas que enfrenta el sistema político de Nicaragua, de acuerdo a los congresistas estadounidenses que motivaron la Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act), orientada a obstruir financiamiento y cooperación hacia ese país.
Esta ley de condicionamiento de cooperación fue aprobada el miércoles por la noche por unanimidad en la Cámara de Representantes.
En el documento, encabezado por Ileana Ros-Lehtinen, representante del partido Republicano para el estado de Florida, se identifican algunos momentos clave en el proceso que ha llevado al declive de la democracia nicaragüense y a que este país tenga un sistema de partido único y el aval para la reelección ilimitada del presidente actual, Daniel Ortega.
Para el gobierno de Nicaragua, esas acciones “son parte habitual de la política injerencista que, a través de la historia, ha intervenido en nuestros propios y soberanos procesos políticos, sociales y económicos, y de manera intensiva y particular en momentos electorales”, dijo Rosario Murillo, primera dama nicaragüense y candidata a la vicepresidencia del país, al leer el comunicado en respuesta a la decisión estadounidense.
Según detallan los congresistas, Estados Unidos firmó con este país centroamericano un compacto de cooperación con la Corporación del Reto del Milenio (MCC) por $175 millones en 2006, pero tras las fraudulentas elecciones municipales celebradas en 2008 y una tendencia hacia el deterioro de la democracia esta cooperación se fue reduciendo. Esta cooperación terminó en 2011.
En 2009, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, controlada por el presidente Ortega, declaró inaplicable el artículo 147 de su Constitución, abriéndole las puertas al mandatario a buscar la reelección indefinida.
Estas acciones fueron evaluadas en la audiencia titulada “Democracia rehén en Nicaragua”, llevada a cabo en 2011 en la Cámara de Representantes, en Washington DC. El entonces embajador estadounidense en Managua, Robert Callahan, declaró en su momento que la candidatura de Ortega era ilegal, ilegítima e inconstitucional y que todo el período electoral había estado marcado por el fraude. Afirmó que el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) estaba socavando sistemáticamente la democracia y las instituciones frágiles del país.
Estos antecedentes pusieron a Nicaragua y su régimen en la mira de Estados Unidos. Inclusive, la Secretaria de Estado en el primer período del presidente Barack Obama, Hillary Clinton, declaró que las elecciones presidenciales del 6 de noviembre de 2011 habían estado llenas de irregularidades y parcialidades.
Ros-Lehtinen y los congresistas que apoyaron esta iniciativa también recogieron reportes de la misión de observación electoral que en 2011 declaró que las elecciones contenían fallos considerables y que la legitimidad de Ortega se ponía en entredicho. Los observadores advirtieron que la mayoría absoluta ganada por el FSLN en ese momento permitiría que gobernara sin mayor control.
Estos fallos en el proceso electoral también fueron identificados en los procesos electorales en 2012 y 2014.
De 2015 a la fecha el Departamento de Estado identificó nuevas amenazas al pluralismo político y la libertad de prensa, así como interferencias al derecho de acceso a la información pública y hostigamiento a líderes de organizaciones de sociedad civil críticas con el régimen.
El gobierno norteamericano ha visto con alarma cómo, haciendo uso de instituciones serviles al Ejecutivo, en el presente año se negó la inscripción de la oposición y se destituyó a su fracción legislativa.
El documento Nica Act también critica cómo el país ha negado la entrada de observadores internacionales y recoge cómo diferentes instituciones estadounidenses han instado al régimen a permitir la observación y desistir de sus intenciones de establecer un partido único.
Falta de transparencia
Según el Nica Act, estos factores políticos que el Departamento de Estado y el Congreso habían identificado desde 2008 se unen a una poco transparente gestión del presupuesto general del Estado, puesto que la cooperación recibida de Venezuela se ha mantenido fuera de la fiscalización. Asimismo, con esta cooperación, recoge el documento, se han establecido compañías mixtas cuyos ingresos se incluyen en el presupuesto pero cuya gestión se maneja sin auditoría alguna.
Los congresistas citan a una fuente del Departamento del Tesoro, que en 2015 recomendó que para “mejorar la transparencia fiscal de Nicaragua, se debería incluir todas las fuentes de financiamiento que no están en el presupuesto y la auditoría de las empresas públicas, además de una auditoría total de los estados financieros anuales del Gobierno, y que estos documentos estén al alcance de la población en un periodo razonable”.
Esta combinación de factores llevó a la comisión de asuntos exteriores del Congreso estadounidense a establecer el Nica Act, con la finalidad de instruir a los representantes de Estados Unidos en los diferentes organismos multilaterales para votar en contra y obstaculizar el financiamiento a este país.
Según el documento, estas condiciones deberán mantenerse a menos que el gobierno de Nicaragua dé claras señales de sostener elecciones libres y justas, promover la democracia y la independencia judicial, fortalecer el estado de derecho y promover la libertad de asociación y expresión.
El Congreso instruye al Presidente de los Estados Unidos a ordenarle a su embajador ante la Organización de Estados Americanos para que interceda por unas elecciones libres, una depuración del padrón electoral o, de no cumplirse estas condiciones, que introduzca una moción para aplicar la Carta Democrática Interamericana y poder sancionar o incluso suspender a Nicaragua de este organismo.