El diputado por ARENA y exdirector de la PNC, Rodrigo Ávila, sostuvo que las medidas extraordinarias que el Gobierno impulsó desde marzo, tuvieron su impacto positivo en la reducción de la incidencia delincuencial causada por las pandillas, en su momento.
Sin embargo, a juicio de Ávila, el Gobierno no les ha dado el seguimiento adecuado a las medidas porque ya han comenzado a elevarse las cifras de los delitos que más agobian a los salvadoreños como los homicidios y extorsiones.
Asegura que los cabecillas de pandillas que andan en las calles han reacomodado a sus grupos y ahora son los que se encargan de ordenar las extorsiones y de dar lineamientos criminales.
“Las medidas especiales, que se derivaron de propuestas de ARENA, debilitaron a las estructuras de las pandillas que ordenaban desde las cárceles, pero no le dieron seguimiento a los grupos pandilleriles que operan desde las calles”, señala Ávila.
Agregó que “han aumentado las extorsiones, porque han mutado las pandillas, por lo que se hace necesario enfocar políticas para desmontar a las pandillas”.
Sostiene que se pueden aplicar medidas antipandillas que no requieren mayor financiamiento como la Ley de Defensa Social y del Registro de las pandillas, actualmente en discusión en la Asamblea.
“Hay una salida pragmática, razonable, y constitucional”, dijo Ávila, desde el 2009, las pandillas se han extendido en un 90 por ciento del territorio salvadoreño y las estrategias deben de ir encaminadas a la debilitación y posterior desmantelamiento de las pandillas”, dijo Ávila.
Sostiene que las maras “se han convertido no solo en un fenómeno criminal, sino que en un fenómeno social”.
En ese sentido, cree que para implementar las estrategias adecuadas para enfrentar a las pandillas y para prevenir que más jóvenes ingresen a esos grupos declarados terroristas, es necesario que las autoridades conozcan el verdadero alcance del problema pandilleril.
Ávila asegura que los dos gobiernos del FMLN son los que han tenido los presupuestos más altos en el área de la Seguridad Pública, y pese a tener más recursos económicos, ese incremento no se traduce en ser más eficientes en cuanto a la reducción de los homicidios y extorsiones.
Señala que este Gobierno utiliza el tema de la seguridad ciudadana como pretexto para obtener fondos, pero que en realidad trata de “llenar el agujero fiscal que tiene”.