Seguramente ya te habrás enterado que El Salvador podría tener un “viernes negro” el próximo 7 de octubre, porque podría caer en mora, ante sus acreedores, debido al desorden en el manejo fiscal.
Esta sería la primera vez, en el siglo XXI, que El Salvador cae en mora. La primera que se tiene registrada fue el 23 de febrero de 1932, cuando el Estado salvadoreño fue declarado como tal a nivel internacional. Era la época del Presidente Maximiliano Hernández Martínez, quien llegó al cargo al derrocar por la vía del golpe militar a Arturo Araujo.
Martínez advirtió a los acreedores de la deuda externa del país que no cancelaría los créditos mientras estos no le bajaran las tasas de interés, ni le alargaran los plazos de pago. Conocido por eliminar a sus contrincantes con el uso de la violencia (masacró a 25,000 indígenas) y por disminuir los índices de delincuencia a base de torturas y otras técnicas ortodoxas, Martínez también logró ablandar los términos de la deuda del país.
Según los reportes históricos, la deuda neta fue cancelada en su totalidad en 1938, aunque los intereses se terminaron de pagar hasta 1960. Cuando logró limpiar la deuda externa, colocó una placa conmemorativa en la Asamblea Legislativa, como gesto simbólico de no adquirir más préstamos en el futuro.
Se desconoce si actualmente esta placa es conservada en la Asamblea Legislativa, donde el actual Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ha llegado a solicitar a los diputados que le aprueben más créditos para pagar las deudas adquiridas en su gestión.
Cáceres ha dicho que trataría en lo posible de no caer en una situación de default, lo cual supone, una suspensión de pagos, por falta de liquidez suficiente, como ocurrió en Argentina en 2001.
Efectos para los salvadoreños, ayer y hoy
Cuando Martínez declaró en moratoria a El Salvador, los salvadoreños estaban a punto de quedar en la bancarrota, debido al encarecimiento de las tasas de interés aplicadas por los bancos de la época. El general Martínez decretó una ley para reducir los intereses de los deudores y estabilizar el valor del colón. Dos años después creó el Banco Central de Reserva e indemnizó a los bancos privados para que dejaran de emitir dinero.
Actualmente, si el país cae en moratoria, los salvadoreños comenzarían a vivir las mismas consecuencias de 1932, pero más graves y valoradas en dólares. Por ejemplo, se alterarían las tasas de interés, el sistema financiero comenzará a registrar dificultades, el país dejaría de recibir los créditos internacionales que ya han sido aprobados y la empresa privada se vería asfixiada. Estas consecuencias las ha admitido el propio secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas.
Las penurias de los argentinos
En 2001, el Gobierno argentino dejó de pagar 81,000 millones de dólares americanos en concepto de pagos e intereses de bonos soberanos. En total el default (cese de pagos) implicó deudas no pagadas de más de 100,000 millones de dólares, incluyendo deudas privadas y del Estado.
Los argentinos pagaron los platos rotos por el mal manejo del fisco. La inflación en los años posteriores al default llegó al 40%, debido a que el Gobierno implementó medidas expansivas para tratar de estimular la economía. Los argentinos fueron restringidos de sacar su dinero de los bancos con el corralito. La pobreza también aumentó de 38% antes de la crisis hasta 58% a fines de 2002 y la tasa de desempleo alcanzó 16.9% en el 2003.
Entonces el Gobierno debió solicitar a sus acreedores la reestructuración de la deuda, pero no todos aceptaron. Fue el caso de quienes lo demandaron en la Corte de Nueva York, por 9 mil millones de dólares, según datos del periódico “5dias.com.py”.
Fue hasta abril del presente año que el nuevo presidente, Mauricio Macri, comenzó a pagar a los acreedores y logró levantar las restricciones crediticias impuestas al país a nivel internacional, a base de ordenamiento fiscal, poniendo fin a los 15 años de default.
Mientras, el 7 de octubre, El Salvador debe pagar a sus acreedores una amortización de $71.5 millones y hasta el momento el Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, asegura que no los tiene.
