El Gobierno ni siquiera ha conseguido los $1,200 millones que representan su salvación financiera para los próximos meses, y ya gastó el 83% de esos fondos, peor aún, ya tiene comprometido el resto y aún así le siguen faltando unos $500 millones para resolver su problema de iliquidez para lo que resta del año.
Solo para pagar las Letras del Tesoro o la “tarjeta de crédito” necesita al menos $1,048 millones, si quiere dejar a cero el saldo de esta deuda de corto plazo. De estos, $85 millones son obligatorios pues son la amortización que corresponde al mes de octubre.
Luego tiene $71.5 millones adicionales que requiere para pagar el capital e intereses de los Certificados de Inversión Previsional (CIP), con los que financia las pensiones de los jubilados del ISSS y el INPEP.
Además hay otros $200 millones que se necesitan para amortizar el pago de la deuda de Eurobonos y Botes (Bonos de Tesorería de Guatemala), que vencen entre noviembre y diciembre; pero, además, tiene en su lista de pendientes un saldo oculto de pago a proveedores, que no se ha publicado oficialmente, pero que según cálculos del Secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, ronda los $300 millones.
Estos son pagos a pequeñas empresas que le han dado sus productos o servicios al Gobierno, pero que a la fecha no han recibido su pago. Entre estos están los proveedores de uniformes y zapatos que aún esperan recuperar lo invertido. También están pendientes de pago las alcaldías, a quienes les deben al menos $50 millones por el retraso de los fondos FODES, y otros $34 millones más para pagar a las empresas gaseras en compensación por vender el gas propano subsidiado.
Con todos estos gastos ya se acabó el dinero que se pretende obtener, y todavía le quedan deudas pendientes.
“Ese dinero no va alcanzar. No es la solución”, dijo la semana pasada el expresidente del Banco Central de Reserva y analista económico, Mauricio Choussy.
El economista, Rafael Lemus, asegura que con ese dinero el Gobierno “aún queda ahorcado con $500 millones”, por lo cual el Estado necesitaría entre $1,700 y $1,800 millones en total si quisiera eliminar su problema de iliquidez para este año.
Problema estructural
Pero más allá de estos gastos, los economistas son claros en señalar que aún con los $1,200 millones en mano, el Gobierno continúa arrastrando un problema fiscal estructural que solo resolverá si establece un plan de largo plazo, en el que defina sus gastos y sus ingresos.
“Hay que atacar el origen del problema”, señaló Lemus, quien explicó que a pesar de que el Gobierno consiga los $1,200 millones, la agencia de riesgo Moody’s reduciría la calificación del país por no resolver el problema fiscal de raíz.
Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva, dijo hace una semana, durante un evento organizado por la escuela de negocios INCAE, que el país necesita mejorar su crecimiento económico para resolver el problema fiscal pues con el crecimiento de apenas 2% no puede sostener sus finanzas.
“Hay que mejorar el crecimiento económico. Si el país creciera a una tasa del 5 o 6% no tendría estos problemas de liquidez”, dijo Acevedo.
Presupuesto
Uno de los primeros pasos para evitar estos desbalances financieros de corto plazo está en presentar a la Asamblea Legislativa un proyecto de presupuesto balanceado, y que no oculte los gastos que se sabe que se tienen que realizar, como el caso de las pensiones.
La semana pasada el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, pidió a los diputados que le aprueben al menos $71.5 millones para pagar los vencimientos de capital e intereses de los CIP, pero tanto ARENA como la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) le hicieron ver que ese era dinero que no presupuestó para este año a pesar de que el ministro sabía que tenía que incluirlo.
Pedro Argumedo, analista del departamento económico de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), espera que el próximo 30 de septiembre, el Ministerio de Hacienda presente los gastos reales y no subestime lo que sabe que va a gastar.
Argumedo señaló que subestimar los gastos y creer que se obtendrán suficientes ingresos ha sido uno de los principales problemas que ha llevado al país a quedarse sin dinero y prestar fondos para finalizar el presente año.